España es el cuarto país de Europa donde menos escuela pública hay en Secundaria y el tercero en Primaria. En concreto, un 69% de los alumnos españoles de Secundaria acuden a centros públicos (68% en Primaria), un porcentaje que en todo el continente solo baten Bélgica, Reino Unido y Malta, según datos de Eurostat (los de Holanda están en revisión). En el otro extremo, países como Irlanda, Rumanía, Croacia, Alemania o Finlandia superan el 90% de sus alumnos en centros públicos.
España ocupa también el cuarto lugar en cuanto a la presencia de colegios concertados (privados sostenidos por fondos públicos), que suman el 28% de la oferta educativa estatal, tanto en Primaria como en Secundaria. El restante 3% estudia en un centro privado. Esta categoría replica la tabla de la escuela pública: Bélgica, Reino Unido y Malta son los países con más escuelas “privadas dependientes del Gobierno”, como las denomina la Unión Europea, según se observa en el gráfico elaborado por Statista, desglosado entre Primaria y Secundaria.
La escuela concertada no es por tanto una anomalía del sistema español. Podría serlo su alta presencia, pero ni siquiera es el país europeo que más tiene. Sin embargo, sí que está enmarcada en un grupo de cuatro naciones, junto a las tres ya referidas, que se sale mucho de la composición típica europea del sistema educativo. Mientras estos cuatro países no alcanzan un 70% de escuela pública, el resto de la UE de los 28 no baja del 80%. La media europea es de un 81% de escuela pública, 13% de concertada (en cada país con sus características) y 6% de privada.
El 60%, en manos de la iglesia
El debate sobre escuela concertada sí o no es recurrente en España. Estos centros surgieron a mediados de los años 80, cuando tras la dictadura el gobierno socialista quería universalizar la educación pública y gratuita, pero no tenía los colegios públicos necesarios para ello ni los fondos para construirlos.
Así que Felipe González tiró de centros privados, a los que pagaría los salarios de los docentes y otros gastos generales a cambio de que se integraran en el sistema público. Colegios públicos y concertados forman parte de la misma red hoy en día, comparten derechos y deberes al menos en teoría. Treinta y algún años después, la red concertada se ha hecho con aproximadamente dos millones de alumnos y 130.000 profesores repartidos por 3.500 centros.
En los últimos años, bajo el Gobierno del PP y su ley educativa, la escuela concertada se ha beneficiado de un empujón político. La LOMCE privilegia la elección de centros por parte de las familias, lo que en la práctica supone un impulso a la educación privada y concertada en detrimento de la pública, ya que antes se garantizaban plazas suficientes en centros públicos y ahora simplemente “garantizarán la existencia de plazas suficientes”.
En regiones como Madrid se ha impulsado la cesión de suelo público para colegios privados sostenidos con fondos estatales. Según UGT, entre los años 2000 y 2013 se cedieron 82 parcelas para construir este tipo de colegios. En los barrios de nuevo desarrollo, por ejemplo, es habitual que se abran más centros concertados que públicos.
Entre las principales pegas que ponen los críticos a la escuela concertada está que la Iglesia controla alrededor de seis de cada diez centros de este tipo a través de Escuelas Católicas, por lo que el Estado estaría financiando a estas entidades. El resto pertenecen a cooperativas o agrupaciones de distinta índole.
A este sector también se le acusa de seleccionar a su alumnado, algo que en el sistema público no se puede hacer y en teoría el privado concertado tampoco, de manera que los estudiantes con más necesidades o necesidad de atención diversa podrían quedar fuera de estos centros.
¿Más caros o más baratos?
Una de las principales quejas de los colegios concertados es que el módulo reciben es insuficiente para sufragar sus gastos, casi la mitad del gasto real. La educación concertada, afirman los sindicatos del sector y Escuelas Católicas, es más barata que la pública para el Estado. Pero no porque cueste menos, sino porque el Gobierno les paga de menos. Según datos del Consejo Escolar del Estado, estos centros recibieron en el curso 2012/13 unos 6.300 millones de euros, lo que supondría 6 de cada 10 euros de sus ingresos.
Así, el coste para el Gobierno de cada alumno en la escuela concertada sería de 2.670 euros en los colegios concertados frente a los 5.348 euros de los centros 100% públicos, según un estudio del CIS.
Sin embargo, un informe de Izquierda Unida rebatía estas cifras y las achacaba a las circunstancias en las que operan unos colegios y otros. Los profesores en la escuela concertada cobran menos y tienen más alumnos. Generalizando, los colegios tienen ratios más altas pero no alumnos que necesiten atención especial en clase o desdobles, aspectos que abaratan la educación. IU concluía que, a igualdad de condiciones, el gasto sería el mismo en una red u otra: 4.185 euros por alumno.
En el eterno debate hay una evidencia. Acabar con estas escuelas, como llegó a proponer Podemos y exigen IU y otros partidos y agrupaciones de izquierdas, plantea varios problemas. Qué se hace con los alumnos de estos centros, que la red pública no puede asumir. Si se pueden cerrar algunas unidades sí y otras no, de manera que incluso dentro de un mismo centro coexistan diferentes aulas. O qué ocurriría con sus profesores, que tendrían que equiparar su estatus y condiciones con los de sus compañeros funcionarios.