La impunidad policial, los desahucios, los tratos discriminatorios a inmigrantes o las 46 mujeres fallecidas a causa de la violencia de género, conforman algunos de los puntos negros de los derechos humanos en España durante 2012, según denuncia el informe anual de Amnistía Internacional, donde se exponen vulneraciones sufridas por ciudadanos procedentes de países de todo el mundo.
El año pasado ha estado marcado por manifestaciones contra los recortes sociales del Gobierno. La ONU recomendó su revisión en junio de 2012, con el objetivo de asegurar que las reformas respetasan los derechos económicos, sociales y culturales.
Pero el énfasis del informe se sitúa en el uso de la fuerza ejercida por la policía durante diferentes protestas ciudadanas. En este sentido, Amnistía Internacional denuncia la impunidad de los agentes y la opacidad ocasionada por la falta de identificación de algunos policías. “Las investigaciones sobre denuncias no fueron ni exhaustivas ni eficaces. Algunas no prosperaron debido que los agentes no llevaban la placa de identificación en el momento de los hechos”, asegura la organización.
La organización recuerda las cargas policiales del pasado 25 de septiembre en Madrid. “Agentes sin identificar golpearon con porras a manifestantes pacíficos, dispararon balas de goma contra ellos y amenazaron a periodistas que cubrían la información de los hechos, llegando incluso a hacerlo en el interior de la estación de Atocha”, describe el informe.
La operación policial supuso la apertura de una investigación interna para analizar si alguien debía asumir responsabilidades. Aunque en el momento del cierre del informe (diciembre de 2012) aún no se conocía el ‘veredicto’, el resultado salió a luz el pasado 31 de enero: la causa fue archivada sin aplicar sanción alguna.
Amnistía Internacional también retrocede a mayo del 2011 para recordar la inexistencia de conclusiones sobre diversas actuaciones policiales en algunas protestas del movimiento 15M. 27 de mayo, Barcelona:
El juez consideró que la operación de los agentes había sido “proporcionada”. No obstante, la Audiencia Provincial ordenó la reapertura de la causa el 29 de octubre.
El uso de las pelotas de goma como método de sofocar las manifestaciones preocupa en gran medida a Amnistía Internaional, que recuerda la muerte de un joven vasco en abril de 2012 durante una intervención de la Ertzaintza en Bilbao. “No hubo investigación por parte del anterior gobierno vasco, aunque prometió hacerla. Exigimos que se hagan públicos los resultados de la investigación interna que se abrió posteriormente sobre este fallecimiento”, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Hechos como éstos motivan su defensa de un protocolo para asegurar el uso proporcionado de elementos antidusturbios ya que, según sostiene, aún no existe ninguna normativa que lo regule.
Sobre el respeto de la libertad de expresión, Amnistía Internacional considera que la limitación a priori de la libertad de reunión y manifestación, en concreto destaca la medida del Gobierno contra los escraches. “¿Qué son esos 300 metros? El derecho de manifestación, como marca la doctrina del Parlamento Europeo, existe precisamente para molestar. Si no molestas, ¿para qué hay libertad de expresión?”, se pregunta el director de Amnistía España.
“El hecho de manifestarse frente a la vivienda de un político no vulnera las declaraciones internacionales de derechos humanos, su limitación de antemano, sí”, añade Beltrán. “En este sentido, estas protestas sólo podrían limitarse si no fueran pacíficas o en el caso de que su duración alcanzase las 24 horas”, concluye.
Discriminación
A lo largo de las páginas dedicadas a España, Amnistía denuncia diferentes casos de discriminación. Según especifica, a pesar de que la Dirección General de la Policía prohibiese las redadas policiales -cuyo objetivo era la detención en masa de inmigraciones en situación irregular-, se mantienen otras prácticas: los controles de identidad que solicitan la identificación a ciudadanos en función de características éticas o raciales –la ONU solicitó su erradicación en 2011 al considerarlas discriminatorias-.
El caso de Adman el Hadj, tampoco ha pasado desapercibido para Amnistía Internacional. En agosto, un control de identificación frenó su camino y acabó internado en un centro de detención. El afectado denunció golpes e insultos por parte de la policía durante el trayecto. Según aparece reflejado en este informe, el departamento médico del Centro de Internamiento donde fue ingresado constató múltiples hematomas y recomendó su traslado a un hospital. “Algo que nunca se hizo, como tampoco se elaboró un informe médico”, recalca.
Amnistía Internacional no defiende la erradicación de los Centros de Internamiento para Extranjeros sino que exige que el internamiento de inmigrantes en estos centros debería ser excepcional. “Estas personas no han cometido un delito, han emigrado”, destaca Beltrán. “El principal problema es que España estas detenciones se realizan de forma automática. Debe ser excepcional y es necesaria la elaboración de medidas alternativas a los internamientos”.
La organización no olvida la limitación de la sanidad pública a inmigrantes en situación irregular, la dificultad sufrida por las minorías religiosas para obtener permisos de apertura de lugares de culto en algunos municipios de Cataluña, o la ratificación judicial a la decisión adoptada por un centro público de Madrid de “excluir a una alumna de las clases normales por llevar la cabeza cubierta con un pañuelo”.
Vulneración del derecho a la vivienda
“El Gobierno aprobó reformas legislativas en relación con la crisis económica sin evaluar sus repercusiones en los derechos de sectores de población vulnerables”, denuncia Amnistía Internacional. El informe menciona los desalojos forzosos en La Cañada Real, que continuaron ejecutándose “a pesar de que la Ley del 15 de mayo de 2011, instaba a poner todo su empeño en alcanzar un acuerdo para evitar el desalojo”.
El derecho a una vivienda adecuada no se encuentra protegido por la legislación española, según la organización. “Desde que comenzó la democracia nunca se ha aprobado un recurso de amparo ante alguien que exija este derecho”, explica Esteban Beltrán, quien recuerda que las normas internacionales sostienen que ninguna persona debe estar sin techo. “Solicitamos la parilización de todos los desalojos forzosos hasta que no haya recursos judiciales efectivos, hasta que la gente se pueda defender”, sostiene Beltrán
Según defiende Amnistía Internacional, para asegurar el derecho a una vivienda adecuada deberían ejecutarse una serie de acciones. A largo plazo, pide la modificación de la Constitución. “No hay ninguna razón para que se distinga en derechos de primeras y de primeras. La vivienda debe ser reconocido un derecho fundamental”, el director de la organización en España. A medio plazo, insta a los tribunales españoles a comenzar con la aplicación del derecho a una vivienda adecuada. Recuerda que desde el 5 de mayo, los derechos humanos pueden plantearse como derechos directamente ante los trinuales con mayor facilidad.