España tiene un problema grave arrastrado desde hace años con las condiciones de trabajo de los temporeros de la fruta. Este verano, el incumplimiento de sus derechos laborales y de las garantías de que tengan unas viviendas dignas ha desembocado en plena pandemia en un peligro de salud pública, en primer lugar para ellos, pero también para toda la comunidad. Este lunes, la portavoz del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, cifraba que entre estas agrupaciones de trabajadores se han contabilizado 34 brotes y unos 700 casos. En varias zonas de Lleida y Aragón, donde las consejerías de sanidad ya reconocen, más que brotes, transmisión comunitaria, el origen está en esos focos. Suponen a nivel estatal casi el mismo porcentaje que los brotes ocasionados en fiestas y reuniones familiares que registra el Ministerio de Sanidad.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, contabilizaba en abril que para esta recogida hortofrutícula, que se extiende prácticamente a los 12 meses del año dependiendo de la zona, se iban a necesitar entre 100.000 y 150.000 trabajadores que realizasen estas tareas. Pere Godoy, jefe de vigilancia epidemiológica de Lleida, especificaba a elDiario.es que solo a esa provincia habían acudido en junio 30.000.
Godoy explicaba la situación de estas personas. Por un lado, las duras condiciones de su trabajo, en pleno verano y con jornadas que pueden llegar a las 12 horas, impiden mantener la mascarilla en todos los momentos; y si la mantienen, muchas veces en las labores se establece contacto y tampoco se anula el peligro. Por otro, y sobre todo, sus medios de transporte y vivienda, que según varios convenios autonómicos –como los de Aragón y Catalunya– pueden ser proporcionados bajo ciertas condiciones por los propios empresarios, constituyen vectores de contagio. “Como son poblaciones temporales, sus viviendas son muy precarias: pisos alquilados de 40 metros cuadrados donde viven varias personas. Si se produce una transmisión en la empresa, va a la familia. (...) La primera generación, si convive con 10 personas, lo transmite a 10; la segunda a otras 10, tenemos 100. En la tercera tenemos 1.000 casos”, explica Godoy. En Albalate de Cinca (Aragón), donde se ha desatado un brote que ha afectado a 28 personas, vivían todos en un almacén habilitado como vivienda.
El director del CCAES, Fernando Simón, ha señalado lo mismo en más de una ocasión: “Los temporeros, desgraciadamente, están viviendo en unas condiciones muy malas y tienen unos alojamientos comunes” que favorecen la transmisión. Casi todos los representantes coinciden en que algo hay que hacer. El Defensor del Pueblo ha intervenido pidiendo a todas las administraciones, a los empresarios agrícolas y las organizaciones agrarias una solución coordinada y urgente que garantice “los derechos laborales y unas condiciones de habitabilidad dignas” a los temporeros para acabar con la “degradación en la que viven” en distintos puntos del país. El origen más común de los fruticultores es Rumanía y Marruecos, según la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. En el mes de julio ya ha sido incendiado varias veces un asentamiento en Lepe (Huelva).
Sin planes concretos
Sanidad está trabajando para poder prevenir estos focos, pero por ahora nada se ha materializado. La semana pasada, los ministros Salvador Illa y Luis Planas se reunieron con los consejeros de 11 autonomías en las que “la actividad agraria y hortofrutícola supone un importante movimiento de trabajadores temporeros”, pero no llegaron a ninguna decisión más allá de mantener “encuentros periódicos” para “anticiparse” a las próximas campañas.
Sí concluyeron, contaban en Sanidad, que los contagios “están más asociados a las condiciones de vida o de transporte de los trabajadores temporeros que a la propia actividad”. Planas aseguraba este martes tras el Consejo de Ministros que desde el Gobierno se ha insistido “no solo a empresarios, sino también a comunidades y ayuntamientos” en que proporcionen “no solo dignidad en el trabajo, también en el alojamiento” a los temporeros que trabajan en el campo.
En el plan de preparación y respuesta ante rebrotes que el Ministerio de Sanidad aprobó con las comunidades la semana pasada no hay un apartado específico para los temporeros, aunque varios capítulos les conciernen. En el referido a brotes entre personas en situación de vulnerabilidad, el plan de Sanidad obliga a “garantizar espacios adecuados para las medidas de aislamiento o cuarentena, cuando las viviendas no reúnen las condiciones necesarias” y a “abordar los determinantes sociales” que les atraviesan para atajar dicho brote. En el que establece las medidas para los que se dan en entornos laborales, lo más relevante es que recuerdan que la Inspección de Trabajo está habilitada “para vigilar y requerir” y “extender actas de infracción” si hay incumplimiento “por parte de las empresas de las medidas de salud pública establecidas para la protección de los trabajadores”.
Inspecciones y reducción de la producción
Fuentes del Ministerio de Trabajo concretan que en la provincia de Huesca se han programado 43 inspecciones desde que comenzó la campaña de la fruta, a principios de abril, y han concluido 16. En Lleida se han programado 19, y se ha concluido 1. Pero no son por la COVID-19, sino que se trata de actuaciones regulares en las que ya se está aplicado que se evalúen “paralelamente” los riesgos del virus. Mercedes Martinez Aso, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, detalla las varias vertientes laborales del problema: “Si el convenio colectivo o la normativa obliga a proporcionar una vivienda si la habitual está a cierta distancia del lugar de trabajo, podemos examinar las condiciones de habitabilidad. Si no es así, ya se parte de que desde Inspección de Trabajo no podemos actuar”.
Pero, además, muchos de estos trabajadores están directamente en situación irregular, “así se ha visto tradicionalmente en inspecciones”, y si es así, en muchos casos no pueden acceder por su cuenta tampoco a una vivienda digna. Martínez Aso cuenta que quedan por hacer varias inspecciones en otras zonas, como en Girona, donde empezará la recogida de la fruta en agosto. Ella llama, en el caso de que se produzcan incumplimientos, “a interponer denuncias a Inspección de Trabajo. La denuncia es pública, no tiene por qué tener interés legítimo y puede ponerla cualquier persona sin que se revele su identidad”. El Ministerio de Trabajo cuenta para ello, entre otras vías, con el Buzón de Lucha contra el Fraude Laboral.
Martínez Aso lo eleva a todo tipo de entornos laborales: “Los centros laborales están resultando un foco aquí y en Alemania, en todas partes. Las call centers, los mataderos… las distancias interpersonales son difíciles de respetar”. El tema de los temporeros es complejo “porque va asociado a cosas también de fuera del horario de trabajo. Hay que pensar muchas cosas: dónde viven, si es responsabilidad del empresario, si no, si tienen que actuar los servicios sociales… y delimitar bien las responsabilidades”.
Pere Godoy daba como solución, al menos temporal, que la producción se minimice: “Igual hay que reducir el número de trabajadores y también de producción. Puede ser doloroso en términos de rentabilidad, pero más doloroso será incluso desde la rentabilidad tener que confinar o cerrar la empresa (...) La actividad económica de la fruta da de comer a muchas familias a las que tenemos que cuidar, pero en condiciones de seguridad para todos”. Manuel Franco, especialista en Salud Pública de la Universidad de Alcalá, está de acuerdo con él y añade que es una situación que podría haberse planificado: “Que la gente duerme hacinada no es una situación sobrevenida, ocurre todos los años y lo sabíamos desde el principio. Todo ha sido una combinación perfecta para que se produzcan los focos”. Para él, el problema revela que “lo más importante, por más que digamos cosas los epidemiológos y científicos, es que se tomen medidas administrativas y políticas cuando han de tomarse”.