España lleva 87 millones de multa por depurar mal las aguas residuales y tiene aún pendientes dos juicios más

Tirar casi sin más las aguas sucias de una población al mar o al cauce del río es una práctica que a España se le ha convertido en un problema engordado a base de millones de euros en multas y juicios europeos. De momento, 87 millones pagados desde 2018  y dos procesos más pendientes de sentencia denunciados por Bruselas. 

Cuando termine este mes, la factura por tratamiento defectuoso de aguas residuales crecerá otros tres millones. Los que España está obligada a abonar cada semestre por no tener depuradoras adecuadas en Matalascañas, Barbate, Valle de Güimar y Alahurín el Grande ya que la sanción está viva. Mientras no se pongan en marcha, se pagará. 

En España se vierten cada año casi 22.000 hm3 de aguas residuales, según el último Censo Nacional de Vertidos. Equivale a más de un tercio de la capacidad de todos los embalses españoles. La mayoría, el 80%, son de origen industrial y el resto urbanos. 

El propio censo reseña que tal volumen hace “realmente difícil imaginar y visualizar la magnitud de esa cantidad”. La ley obliga a que, antes de verterse de nuevo a zonas costeras, acuíferos o ríos, deba depurarse lo suficiente para que no supongan un riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas. 

Y ahí es donde, como ha admitido el propio Ejecutivo, se ha acumulado un retraso “especialmente preocupante en materia de saneamiento y depuración” de aguas. Y, a pesar de que se ha pasado de 970 aglomeraciones urbanas (de un total de 2.059) inmersas en expedientes de infracción europeos en 2020 a 427 en la actualidad, aún hay dos casos ante los jueces europeos por aguas residuales mal tratadas en pequeñas poblaciones y por los vertidos en zonas sensibles. Ambos suman 278 poblaciones.   

Años por delante

Más allá de los expedientes, las aguas sucias siguen fluyendo.

Matalascañas (Almonte). En la linde con el Parque Nacional de Doñana. Allí, la población pasa de 2.300 habitantes censados a unos 300.000 durante el verano. Su estación depuradora no da abasto y a veces se desborda. En agosto y septiembre de 2021, sendos vertidos de aguas fecales alcanzaron el océano Atlántico. 

Alahurín el Grande (Málaga). Los vertidos residuales sin tratamiento adecuado que desde ahí se hacían al río Guadalhorce fueron parte de la investigación de la Guardia Civil en la llamada operación vastum de 2019.

A las depuradoras que deben limpiar la aguas en estas dos zonas (más otra más en Barbate) les queda todavía un periplo de no menos de 30 meses para funcionar, según sus proyectos de construcción y ejecución. Eso suma cinco semestres.   

La instalación de Valle de Güimar (Tenerife) sí está concluida, pero no ha echado a andar tras dos años desde el fin de las obras por cuestiones técnicas. Un grupo de alcaldes de la comarca va a ir a juicio por, según el auto judicial, “de forma consciente y voluntaria” omitir las actuaciones administrativas para controlar y legalizar los vertidos desde el polígono industrial.

Estos cuatro casos son los que mantienen activada la multa que España paga cada semestre. La primera condena del Tribunal de Justicia Europeo sobre este expediente –por una decena de aglomeraciones urbanas– llegó en 2011. Tras siete años sin solucionarse, los magistrados de la UE multaron a España en 2018 por no cumplir con la primera sentencia. De esos incumplimientos, estos cuatro todavía colean.

Además, España afronta otros dos juicios por “no haber cumplido todas las obligaciones de recogida y tratamiento de aguas residuales”, según la Comisión Europea. Dos de los expedientes por los que España está de nuevo a la cabeza de las infracciones ambientales en la Unión Europea.

Bruselas ha subrayado que fallar a la hora de depurar las aguas puede “poner en peligro la salud humana y contaminar los lagos, los ríos, el suelo y las aguas costeras y subterráneas”. También indica que “la información recopilada por la Comisión ha puesto de manifiesto un incumplimiento generalizado” de esta normativa en España. 

En su remisión al Tribunal, la Comisión acepta que “se ha registrado algún progreso”, pero que sigue “sin solventarse por completo las deficiencias”.