España gasta más de 3.600 millones de euros al año para tratar enfermedades causadas por la contaminación del tráfico
La factura médica de la contaminación de los coches es milmillonaria: tratar las enfermedades relacionadas con la polución atmosférica causada por el tráfico le cuesta a España más de 3.600 millones de euros al año. Unas tres cuartas partes de este gasto las cubre la sanidad pública, según el informe elaborado por la Alianza Europea de Salud Pública publicado este martes.
La contaminación que sale de lo tubos de escape tiene consecuencias fatales: mueren al año 38.600 personas en España, según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA). En la Unión Europea la cifra se va a los 400.000 fallecimientos. El daño lo produce un cóctel de gases y partículas producidos por la combustión de los motores. El principal agente dañino es el de las partículas microscópicas de 2,5 o 10 micras, según ha explicado la EEA, pero la Agencia también ha destacado las consecuencias lesivas de los óxidos de nitrógeno y el ozono troposférico.
La relación entre mayor contaminación atmosférica y peor salud ha ido documentándose de manera que puede afirmarse que, cuando crece la polución, incrementa la presión sobre la atención sanitaria.
De hecho, durante picos con altos niveles de contaminantes en el aire, está certificado un aumento en el número de ingresos hospitalarios. También dispara un 20% el riesgo de sufrir un ictus, como acreditó un estudio del Hospital del Mar de Barcelona. “Hay más infartos provocados por la contaminación que por la cocaína”, ha contado el cardiólogo de Vall d'Hebron, Jordi Bañeras. El investigador Jordi Sunyer alertaba hace unos meses de que “el cerebro de los escolares expuestos a mayor contaminación funciona más desorganizado y lento”. Y todo eso genera una serie de gastos que es lo que este estudio ha analizado.
Esta nueva revisión, llevada a cabo por la consultora ambiental DE Delfit para la federación de ONG's, pone el foco en los costes que impone la contaminación creada por el transporte (y en especial los motores diésel). Los cargos al sistema sanitario se comen el 90% de la cantidad global: 3.600 de 3.900 millones de euros solo en 2016. La mayor parte sostenida por los fondos públicos.
El estudio analiza el trayecto entre la fuente de emisiones y su dispersión hasta llegar a la afección sobre la salud humana por el incremento de concentración de contaminantes. Y ahí se evalúa el impacto monetario de las enfermedades relacionadas. En el caso de la polución se refieren a problemas cardiovasculares, asma, respiratorios o cáncer de pulmón. Los componentes tóxicos en el aire tienen efectos probados por la exposición tanto a corto como a largo plazo en estas patologías.
El documento estima por primera vez cuánto cuesta tratar el exceso de enfermedades relacionado con el aire contaminado por el tráfico. Y recuerda que los cálculos sobre emisiones están basados en sistemas que, finalmente, se revelaron falseados –como demostró el dieselgate–. Por eso incluye un apartado en el que aplica el cálculo de la iniciativa TRUE que mide las emisiones de gases de los coches in situ, en su circulación real. De esa manera el coste pasaría de esos 3.600 a 4.600 millones.
Con todo, recuerdan que “las políticas más ambiciosas en cuanto a la prohibición de los vehículos más contaminantes redundan en grandes ahorros económicos”. Sus modelos indican que, al reducir la cantidad de gases tóxicos lanzados, la factura sanitaria se reducirá correlativamente. Esperan que para 2030 los gases de los coches se hayan recortado en más de tres cuartas partes de lo actual.
Campo para la confrontación política
En este sentido, Madrid vive estos días la confrontación entre un plan de restricción generalizada de tráfico y la oposición política a su implementación. Un ejemplo del terreno en el que se mueven esas políticas a las que hace referencia el documento presentado por Alianza por la Salud Pública. El 30 de noviembre entra en funcionamiento una gran zona de bajas emisiones en la capital que se ha llamado Madrid Central. 472 hectáreas con restricciones al paso de vehículos privados a base de combustibles fósiles. El área hará que Madrid entre en la lista de urbes del mundo que cuentan con planes climáticos específicos acordes con el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático en el que ya están Barcelona, Nueva York, París, Londres o Estocolmo.
El Ayuntamiento madrileño asegura que evitará más de un tercio de los kilómetros recorridos por automóviles y “un 40% de las emisiones de dióxido de nitrógeno” (el gas por el que España tiene abierto un expediente sancionador en Europa debido a los niveles ilegalmente altos de, entre otras ciudades, Madrid). Sin embargo, la administración regional gobernada por el Partido Popular quiere paralizar el proyecto. El presidente de Madrid, Ángel Garrido ha presentado un recurso en el Tribunal Superior de Justicia para que los magistrados suspendan cautelarmente el proyecto. Nada más conocerse el plan de la alcaldesa Manuela Carmena, la entonces líder de la oposición municipal, Esperanza Aguirre, lo tildó de “cochofobia”. Más adelante han acusado a Madrid Central de atentado contra “la libertad, echándole la culpa al coche privado”.
El diésel se lleva la peor parte. La investigación señala diferencias obvias en cuanto a la afección a la población según se viva en “entornos urbanos o rurales”. También distingue el tipo de vehículo y el combustible utilizado. Los coches de pasajeros son los que salen peor parados en España con unos costes de 2.079 millones de euros en 2016. 1.700 de ellos atribuibles, aseguran, al diésel.
La patronal de los fabricantes ANFAC asegura que hay que diferencias entre unos motores de gasoil y otros. Anfac insiste en que los modelos modernos son ya de “bajas emisiones”. Y defienden que “el problema no es el diésel, son los coches viejos que circulan por nuestras carreteras”. La vida media del parque móvil español es de algo más de 12 años, según la patronal. Todo esto en el contexto del borrador de nueva ley de cambio climático presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica que prevé prohibir los nuevos modelos de esta tecnología en 2040.
