No hay país en toda la OCDE que separe más a su alumnado entre ricos y pobres en la red pública. España es la nación entre los países avanzados que más agrupa a los estudiantes socioeconómicamente aventajados en los centros concertados y a los menos favorecidos en la escuela pública, según el informe Por una escuela concertada inclusiva, en el que Save The Children analiza 18 sistemas educativos de todo el mundo.
El estudio, realizado con el objetivo de avanzar hacia una escuela concertada más inclusiva, asienta también algunas cuestiones más o menos intuidas o conocidas sobre estos colegios privados sostenidos con fondos públicos: su mera existencia no impide que un sistema educativo sea equitativo –como se demuestra en otros países–; el rendimiento entre el alumnado de ambas redes es similar; estos centros no se mueven por motivaciones religiosas y proliferan donde “las familias cuentan con la suficiente capacidad financiera”; además, muchas familias no pueden permitirse las cuotas.
Pero también rompe una lanza en favor de estos centros. La financiación pública que reciben, explica el texto, es insuficiente, lo que provoca que se busquen otras vías de financiación que deben afrontar las familias –cuotas, comedor, transporte escolar–. Y son justamente estas vías alternativas las que dejan fuera de la concertada a muchos estudiantes. Si las administraciones pusieran más dinero para estos centros, sostienen los autores, ese círculo vicioso se podría romper y la escuela privada subvencionada se podría abrir a todos (en teoría).
No tiene por qué ser así
Save the Children desarrolla un par de ideas fuerza en su estudio: la escuela concertada en España deja a familias fuera, no es inclusiva, tampoco mejor en términos de rendimiento y busca las zonas adineradas para ubicarse. Pero también hay sitio para el optimismo: no tiene por qué ser así, dice la organización. Las características tan propias del sector privado subvencionado español no son intrínsecas a este modelo de escuela, son propios. Hay estados –como Países Bajos o Gran Bretaña– donde no existen diferencias entre una red y otra. Según Alfonso Echazarra, autor del estudio, hasta puede resultar ofensivo insinuar que hay diferencias.
No es el caso español. Aquí hay diferencias, empezando por la composición del alumnado, explica el informe, que luego acaba afectando a todo el sistema. “No es sorprendente que España sea el sistema educativo en el cual las diferencias socioeconómicas entre centros educativos se expliquen en mayor medida por las diferencias socioeconómicas que se dan entre las redes pública y concertada. En el caso español, casi un 21% de la segregación escolar (medida por las diferencias socioeconómicas entre escuelas) se explica por la desigual composición socioeconómica entre escuelas concertadas y públicas. Este dato convierte a España en un caso desafortunadamente único”, sostiene Save the Children. En otros países con presencia de escuela concertada (privada que obtiene al menos el 50% de su financiación de fuentes públicas) esta diferenciación entre el alumnado según si el colegio es público o concertado no existe.
Otro estudio, de la Fundación BBVA y el Instituto Ivie, lo desgranaba en datos: los centros públicos asumen “casi en exclusiva”, decía el informe, la formación de los alumnos que provienen de entornos socioeconómicos menos favorables, (tienen un 60% de su alumnado de entornos medios y un 33% de humildes), mientras los privados se ocupan principalmente de los más favorecidos (27,1% y 7,5%, respectivamente).
También hay diferencias dentro de España. Murcia es la comunidad donde más se separa el alumnado en función de su nivel socioeconómico, seguida de la Comunidad de Madrid y Canarias, mientras Cantabria, Galicia y Aragón son las que menos.
Peor financiación, mayor segregación
Todo está relacionado, dice Save the Children, con el círculo vicioso de la (infra)financiación de la escuela concertada. La premisa es, en términos puramente numéricos, correcta: la escuela concertada acoge a casi un 30% del alumnado en la etapa obligatoria, pero supone un 12,5% del gasto público total. Se puede alegar que sus costes se ven reducidos porque no tienen presencia en el campo, donde la educación es más cara, o porque atiende mucho menos alumnado con necesidades de apoyo educativo, pero los números son los que son.
Esa infrafinanciación, reflexiona la ONG, provoca que los centros busquen financiación privada extra a base de cuotas, comedores escolares con precios por encima de los públicos, o servicio de transporte (todo ello de manera legal, está contemplado en la ley). Y estos gastos extras son los que dejan fuera de este circuito a las familias más humildes, que no los pueden costear.
Para avanzar hacia una escuela concertada más inclusiva, Save the Children pide a las administraciones (el Gobierno central fija el módulo mínimo por unidad concertada, que las comunidades autónomas pueden complementar) que suban la financiación de la concertada y rompan así esa espiral. El informe compara la situación de España con otros países y concluye que “ la financiación pública de la escuela concertada parece estar relacionada con las diferencias socioeconómicas que se observan entre el alumnado matriculado en escuelas públicas y concertadas”.
Esto es, allá donde la escuela concertada está mejor financiada públicamente, menos diferencias hay entre el alumnado que acude a los centros públicos o los privados subvencionados. Cuando las familias no tienen que pagar, se mezclan más. Se puede hasta cifrar: por cada 10 puntos que aumenta la financiación de las familias en un centro, disminuye un 1,3% el porcentaje de alumnos socioeconómicamente menos favorecidos que hay en ese colegio. España, donde lo público financia aproximadamente el 75% de los presupuestos de la escuela concertada, está entre los países que menos dinero inyecta a sus centros privados subvencionados.
Cuestión de dinero
Otra de las ideas que subraya Save the Children es que, contrariamente a lo que se vende en ocasiones, la escuela concertada no responde a una necesidad social de “libertad de elección de centro” basada en el sentimiento religioso. Save the Children se preguntó “por qué en Andalucía no hay tanta escuela concertada, si supuestamente es para satisfacer las preferencias religiosas de las familias”, explica el autor. Y cruzó datos.
¿El resultado? “La escuela concertada prolifera en lugares donde las familias cuentan con la suficiente capacidad financiera” para afrontar los gastos que esta incluye, explica Echazarra. “No parece que la cuestión religiosa motive que exista mayor escuela concertada. Lo que explica que haya más o menos concertada es la capacidad financiera de las familias. Los datos son demoledores porque la relación es casi perfecta”, sostiene.
Canarias, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha con las cuatro comunidades con menos PIB per cápita de España; también son las cuatro con menos porcentaje de alumnado en la escuela privada concertada. Por el otro lado, Euskadi, Navarra, la Comunidad de Madrid y La Rioja son las que más renta tienen y las tres primeras también son las tres con más estudiantes en la concertada.
La teoría de la ONG se sostiene si se mira la relación entre presencia de la concertada y religiosidad del territorio (que de alguna manera también relaciona, a la inversa, con la renta: a más renta, menos porcentaje de creyentes): las comunidades con más personas que se admiten religiosas son las que menos concertada tienen.
Lo mismo sucede cuando se habla de escuela concertada y el campo: cuánto más rural es una comunidad autónoma, menos colegios de este tipo tendrá.
El agujero negro de los puntos extra
Por último, el informe realiza una serie de recomendaciones para mejorar la inclusividad en la escuela concertada. Realizado el diagnóstico, algunas propuestas son esperables: mejorar la financiación pública de estos centros para que no dejen a familias fuera, que se pongan fondos adicionales para alumnado en función de la vulnerabilidad, eliminar la posibilidad de que ciertos servicios tengan un carácter lucrativo o que los procesos de admisión se gestionen desde la administración.
Pero el director de Save the Children, Andrés Conde, se ha detenido especialmente en un apartado: los puntos extra para la matriculación de libre disposición que tienen los colegios en España, que se utilizan a menudo para perpetuar sagas familiares o favorecer a posibles donantes o ciertos perfiles de padres y madres. Por ejemplo, dar un punto por criterios religiosos (progenitores que estudiaron en un centro o universidad católicos o provenir de otro colegio católico), pertenecer a la congregación que lleva el centro o estar matriculado en el club deportivo propiedad de la empresa u organización que gestiona el colegio. “O el criterio que da puntos por tener antiguos alumnos que sean familiares, el que da puntos por matriculación en la primera etapa de infantil, que al no ser universal no está necesariamente financiada y favorece a las familias pudientes”, enumera. “Se deben eliminar los criterios de admisión con potencial excluyente”, concluye Conde.