El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado una guía común de atención sanitaria a los desplazados que han huido de Ucrania ante la invasión rusa para que el tratamiento sea “homogéneo” y “coordinado” en todo el territorio, avanzó este jueves la ministra del ramo, Carolina Darias.
Los refugiados que huyen de la guerra tendrán acceso a todas las vacunas del calendario español, aunque se “priorizarán” las inyecciones frente al coronavirus, el sarampión y la poliomelitis, según figura en el documento al que ha dado luz verde este viernes la Comisión de Salud Pública. Ucrania tiene una baja tasa de vacunación frente al SARS-CoV-2: el número de personas con dos dosis solo llega al 35% (frente a la media del 71% de la UE y el 90% de España) y no es mayor tampoco en las personas de más edad.
Los calendarios vacunales de otras patologías no coinciden entre ambos países, de manera que se hará una “valoración individualizada” de cada caso. A los refugiados se les ofrecerá la posibilidad de vacunarse contra el sarampión y la poliomelitis, si no están vacunados, por “su mayor prevalencia en Ucrania”, dice el documento. Para niños y adolescentes, el calendario comprende también las inyecciones contra la difteria, el tétanos, la tosfeina y la Haemophilus influenzae b (gripe).
Las comunidades están obligadas a informar a los refugiados de que pueden recibir atención sanitaria y garantizarles un acceso a los servicios igual al de la población local. Las embarazadas y los niños tendrán un seguimiento especial: a las primeras se las derivará a Obstetricia para vigilar la gestación y a los menores se les hará las revisiones oportunas en Pediatría y se comprobará qué vacunas tienen. La guía recuerda que “la salud materna y reproductiva y la salud neonatal e infantil” se han visto afectadas por “la interrupción de la atención y las dificultades para acceder a los servicios sanitarios esenciales, sobre todo a la atención primaria, y a los medicamentos” con el estallido del conflicto.
Las autoridades deben valorar situaciones de “dependencia, discapacidad física o psíquica y la situación de fragilidad y vulnerabilidad” de las personas recién llegadas para derivarlas a los servicios sociales correspondientes de cada comunidad para “gestionar las ayudas necesarias”, dicta la guía.
Respecto a las medidas antiCOVID-19, los desplazados que lleguen por vía aérea procedentes de zonas de conflicto estarán exentos de la obligación de presentar un certificado de vacunación o recuperación para volar a España. Los Servicios de Sanidad Exteriores realizarán un control de síntomas a su llegada y, si los presentan, se les realizará un test de antígenos.
Una vez en los centros de recepción, el protocolo dice que “existe posibilidad de realizar cribado” a los desplazados con síntomas, aunque siempre “según el criterio que haya establecido cada comunidad autónoma”. Lo ideal es poderles realizar una prueba en el propio centro si hay recursos para ello, apunta el documento.
La aprobación que no arranca
Lo que no termina de arrancar el acuerdo es la nueva estrategia de transición para controlar y vigilar la COVID-19 tras la fase aguda. El giro en la gestión de la pandemia no termina de llegar mientras las autoridades están con un ojo puesto en el cambio de tendencia de los datos. La caída de la sexta ola se ha estancado y registra un ligero repunte en la última semana. El documento se iba a debatir inicialmente el martes, pero la discusión se pospuso al jueves. Tampoco entonces se cerró un acuerdo y este viernes se ha retomado el debate.
Fuentes de Sanidad explican que todavía hay que cerrar algunos “flecos” del documento que va a limitar, si no hay cambios de última hora, los aislamientos solo a casos muy concretos (cuidadores, trabajadores de residencias, personas hospitalizadas o residentes). Para el grueso de la población dejarán de ser obligatorios.