Cada año en España tienen lugar hasta 400.000 incidentes de violencia sexual, la inmensa mayoría contra mujeres o niñas. La Universidad de Barcelona acaba de presentar un estudio, el primero nacional de estas características, que estima la envergadura de la violencia sexual en nuestro país y que fue encargado por el Ministerio del Interior hace año y medio. Esos 400.000 incidentes violentos anuales pueden 'medirse' de otra manera: estaríamos hablando de 250.000 agresores, mayoritariamente hombres, y de 350.000 víctimas al año.
El estudio recoge una definición amplia de violencia sexual, tal y como la define la OMS: “Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. Es decir, desde las violaciones cometidas por desconocidos y conocidos, las agresiones sexuales en el ámbito de la pareja, abuso infantil, acoso en el trabajo, trata y esclavitud sexual a los delitos online como el grooming o violencias sexuales cotidianas en forma de comentarios o tocamientos no consentidos.
La investigación trata de poner cifras a una realidad heterogénea y que tiene una importante parte oculta. Uno de los autores, Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología de la UB y miembro del grupo de Estudios Avanzados en Violencia, habla de “la cifra oscura”, toda esa violencia sexual que permanece en la sombra y que han tratado de estimar para averiguar su prevalencia social. Lo han hecho a través de los datos de denuncias, sentencias y condenas, pero también de todo tipo de informes oficiales, clínicos y hospitalarios, de tesis, de autoinculpaciones de agresores, de encuestas y de un análisis de los datos existentes sobre violencia sexual en las universidades, en los centros de trabajo, o en el deporte.
Las cifras 'macro' son esos 400.000 incidentes de violencia sexual de todo tipo cometidos por 250.000 agresores sobre 350.000 víctimas cada año. La diferencia entre los datos se debe a que un agresor puede cometer varios delitos, igual que una víctima puede sufrir más de uno. El 25% de esos incidentes son contra menores de edad, tanto niños como niñas y adolescentes. Pueyo ha explicado que cuanto más pequeños son los menores víctimas el porcentaje de niños y niñas es más parecido, mientras que conforme se acercan a la preadolescencia el predominio de niñas entre las víctimas es mucho mayor.
Los datos son extrapolables, pero se atribuyen concretamente al periodo entre 2018 y 2019. La estimación de la detección general de violencia sexual se sitúa en Europa en el 2,17% y en España, dice el informe, el valor es parecido, lo que quiere decir que el sistema solo llega a detectar el 2,2% de este tipo de delitos e incidentes. Las agresiones más graves son las que se detectan casi en su totalidad.
¿Han aumentado los delitos sexuales?
La mayor visibilidad de la violencia sexual en los últimos años, al calor de fenómenos como el MeToo o el caso de 'la manada', ha hecho crecer la percepción de que aumentaba. El estudio habla, sin embargo, de una estabilización de los delitos sexuales, incluso de una tendencia algo a la baja, salvo en el caso de los nuevos delitos online. Son ese tipo de delitos, como el ciberacoso y chantaje sexual online, los que crecen.
“No podemos asegurar con certeza que estos hechos estén aumentando o que aumente su denuncia, aunque en el caso de los delitos online sí es fácil que crezca porque es un fenómeno nuevo”, explica Andrés Pueyo. La evolución, señala, muestra un descenso de los delitos más graves y un aumento de otros incidentes. “Muchos delitos de menor gravedad no se denuncian, pero cuando se pregunta por ellos en las encuestas sí aparecen”, añade.
Solo el 5% de los agresores que cometen todo tipo de violencia sexual acaban castigados, bien con una condena de cárcel, bien con una medida alternativa. Por el camino, la falta de pruebas suficientes en un juicio o de identificación de un agresor, hace que el número de penados vaya cayendo hasta ese 5%, lo que hace, dice Pueyo, que el número de personas que están prisión por delitos sexuales sea “muy limitado” para la prevalencia de esta violencia.