España no puede esconderse y debe decidirse sobre su futuro nuclear. De la recién estrenada legislatura y el inminente Gobierno –concretamente del futuro ministro de Industria– dependen si se emprenderá el desmantelamiento de las centrales nucleares españolas que se acercan al final de su vida o si se va a prorrogar su actividad más allá de los 40 años.
A seis de los siete reactores operativos españoles les caduca el permiso de funcionamiento en 2020 o 2021. Aunque parezca lejano, la primera fase para que las eléctricas pidan la renovación se cierra tres años antes del fin de la autorización. Es decir, entre junio de 2017 y octubre de 2018. Las operadoras (Iberdrola, Endesa y Gas Natural) ya han manifestado su interés en prolongar su vida otra década.
En todos los casos, una nueva licencia va más allá de la vida diseñada para las centrales entrando en lo que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) define como “funcionamiento a largo plazo”. Aplazar el fin de la actividad de estos reactores diez años más lejos supone encarecer en más de 769 millones de euros la factura de la gestión de residuos nucleares, según ha calculado el Tribunal de Cuentas.
Se trata de una prolongación delicada que requiere una condiciones especiales en la gestión del envejecimiento de los componentes de la central “incluida en el caso de la explotación más allá de la vida definida de diseño de aquellas”, según establece la instrucción de seguridad específica del CSN.
En España, la energía nuclear supone algo más del 20% de la producción eléctrica que aportan siete centrales: Vandellós, Trillo, Cofrentes, Ascó I y II y Almaraz I y II. Sin embargo, lo seguro es que las centrales, en un momento dado, dejarán de servir: “Es inevitable”, explica la organización Greenpeace. Alargar su límite “más allá de la vida de diseño aumenta los riesgos para la seguridad y el medio ambiente. Y en ningún caso debería superar los 40 años”, cuenta la responsable de Energía de la organización, Raquel Montón.
Enfrente, las dueñas de las centrales contraponen razones de seguridad y eficiencia. El presidente de la central valenciana de Cofrentes, Tomás Lorenzo, defendía mantener abierto el reactor al asegurar en una comparecencia ante las Cortes Valencianas en diciembre pasado que su instalación “está preparada para operar a largo plazo y por ello hacemos inversiones y nos actualizamos día a día”.
Las inversiones son uno de los principales argumentos de las operadoras para pedir la prórroga. El director de Almaraz, José María Bernardo de Quirós, aseguraba en 2008, antes de obtener la licencia todavía en vigor, que “queremos dejar la planta en un estado que nos garantice no solamente hasta 2021 o 2023 sino apostar por el futuro después de esas fechas”. Y anunciaba un gasto de 170 millones de euros.
En marzo de este 2016, el mismo directivo explicaba que ya estaban trabajando en la renovación del permiso (más allá de 2020): “La central está estupendamente para funcionar muchos años más”, dijo. Y disparó de golpe la inversión a “600 millones”.
El coste de esas actualizaciones –reparaciones, sustitución de partes o refuerzo de seguridad– “es el mismo para prorrogar la operatividad un año o diez, así que nada hace pensar que, si se admite la renovación, vaya a ser por poco tiempo ya que son inversiones muy costosas que deben amortizarse”, contrapone Montón.
La Asociación Nuclear Ascó-Vandellós, que aúna a Endesa e Iberdrola y gestiona tres reactores en Tarragona, también está planificando la renovación de sus tres licencias.
Justicia intergeneracional
El desmantelamiento del parque nuclear español es una operación obligatoria y muy costosa: el Gobierno calculó en el VI Plan General de Residuos que asciende a 20.200 millones de euros, según la última actualización de 2015. Cuanto más tarde se afronte, más sube el cálculo. La mayoría de dinero se lo come la gestión de los residuos radiactivos hasta 2085 y la propia clausura de las instalaciones.
La ley indica que ese dinero para el cierre debe salir de las operadoras que se han beneficiado de la actividad de las centrales. Desde 2005 se articula mediante el pago de tasas y peajes, no de la factura final. Sin embargo, el fondo apenas llega al 30% ya que, desde ese año, los diferentes Ejecutivos no han diseñado un sistema efectivo para que las eléctricas aporten el capital necesario.
Esa dejadez fue criticada por el Tribunal de Cuentas en 2015 al indicar la mala financiación de la empresa pública Enresa, encargada de llevar a cabo el desmantelamiento. El saldo a fecha de 2014 era de 4.254 millones de euros. Tenía un déficit de 9.457 millones que debían aún aportar las eléctricas.
Poner el dinero ahora es capital, sobre todo, para respetar el principio de justicia intergeneracional: que no tengan que pagarse en el futuro las consecuencias de la actividad nuclear del presente.
15 ó 20 años de trabajos
El proceso de clausura del parque de centrales supone un largo proceso. La escala temporal en el sector nuclear implica que el concepto de “desmantelamiento inmediato” conlleve 15 ó 20 años de trabajos. Greenpeace ha calculado que esas labores sumarían 84.000 empleos. También le añaden otros 200.000 “si se sustituye la energía nuclear por otras fuentes”. Esta previsión viene a paliar la pérdida de ingresos y actividad en las zonas donde se emplazan las centrales, aseguran.
Así, la decisión final sobre si se admite que los reactores entren en fase de “funcionamiento a largo plazo” o si se afronta ya el desmontaje recae en el Ministerio de Industria, cuyo titular se conocerá en breve.
El director de Cofrentes resumía sus esperanzas ante los diputados valencianos: “Yo me fijo en las centrales nucleares que hay en el mundo y qué es lo que se está haciendo. Y en su inmensa mayoría se está solicitando la operación a largo plazo y se está concediendo”.