España sigue a la cabeza de Europa en infracciones ambientales, con un 20% más de expedientes abiertos en 2020

España es el país de la Unión Europea con más infracciones ambientales abiertas por la Comisión. El año pasado lo cerró con 30 expedientes abiertos, cinco más que en 2019, según la base de datos comunitaria. Solo el Reino Unido aparece con más casos en 2020, pero ya no pertenece a la UE. España ha ocupado esta posición nueve veces desde 2007.

2020 ha sido un mal año en general para la protección ambiental. Los expedientes totales en la Unión Europea pasaron de 337 a 451. En su último curso como miembro de la UE, Reino Unido pasó de 20 a 36, aunque una vez consumado el Brexit, ha salido de las estadísticas. La mayoría de las infracciones tienen que ver con la gestión de residuos (un 36%), después la calidad del aire (16%) y siguen el agua y las agresiones a la naturaleza (14% cada uno).

Durante el curso pasado, la Comisión remitió tres últimos avisos a España sobre incumplimientos de la normativa ambiental que venía arrastrando y que no ha resuelto tras los plazos previstos: por un lado, el asunto de las aguas residuales y su tratamiento en grandes aglomeraciones urbanas. El problema de las aguas residuales ya está suponiendo para España el pago de una multa, tras una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.

Además, España recibió un ultimátum, antes de que el expediente se convierta en denuncia ante el tribunal, sobre la creación y vigilancia de zonas vulnerables a los nitratos. Se trata de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por los restos de la agricultura y la ganadería intensiva: fertilizantes y estiércoles que pueden terminar en los cursos y depósitos bajo tierra.

Y el tercer dictamen motivado, el paso previo a los magistrados, llegó en diciembre pasado a cuenta de la falta de protección adecuada de la tórtola europea. La Comisión insiste en que España no cumple con la directiva de aves y no salvaguarda esta especie en declive por la falta de hábitats adecuados, a la que se une la presión cinegética: cientos de miles de ejemplares son cazados cada temporada en España. Bruselas aguarda una respuesta para ponderar si continúa con el proceso de infracción y pide sanciones.

Retraso a la hora de crear normas de protección ambiental

Una buena parte de los nuevos expedientes –que se añaden a los ya activos– se debe al retraso acumulado en años anteriores a la hora de crear las normas de protección ambiental aprobadas en Europa. En este sentido, ha habido un primer toque de atención por no cumplir las obligaciones e informar sobre la actualización de los planes de riesgo de inundación que realizan las confederaciones hidrográficas estatales y autonómicas. España ha ido tarde, aunque está previsto culminar el proceso a tiempo para hacer cerrar el expediente.

Otra de las materias en las que Europa exige a España que acelere es la gestión de residuos. Debe recuperarse el tiempo perdido. En octubre inició procedimientos de sanción por no tener resuelta la normativa acerca de la gestión de pilas, acumuladores y vehículos al final de su vida útil y también por la normativa de paquetes y envoltorios. En este aspecto, el Gobierno tiene en trámite el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, cuya primera lectura se aprobó en junio de 2020 y que debería dar respuesta a las exigencias de la UE. Además, España debe adaptar los procesos de evaluación ambiental de proyectos potencialmente dañinos con el entorno.

En julio, la Comisión abrió un procedimiento para urgir a España a que terminara de designar las Áreas de Especial Conservación para proteger hábitats o especies consideradas de interés general. España tenía pendiente de declarar 1.278 zonas cuyo plazo había “expirado hace mucho tiempo”, según la Comisión Europea.

El trabajo aún está sin terminar. Según detalla la Comisión a elDiario.es, a enero de 2021 las comunidades autónomas que tienen pendiente esta tarea son: Andalucía (27 zonas), Aragón (156 zonas), Islas Baleares (58 zonas), Región de Murcia (30 zonas), Comunitat Valenciana (63 zonas) y Ceuta (2 zonas). Y quedan otras nueve a cargo del Estado. Un total de 345 áreas distribuidas por todo el país. Designarlas o delimitarlas no se trata solo de dibujar sobre un mapa sino de “adoptar objetivos y medidas de conservación específicos”, explica la CE.

Sentencias pendientes

En el balance, Brsuelas cerró cinco casos que España tenía pendientes: dos por no haber comunicado a la Comisión cómo se adaptaron a la normativa española directivas europeas, otros dos relativos a la gestión de residuos, y el caso sobre la construcción del embalse de Biscarrués, cuyo proyecto anuló el Tribunal Supremo en mayo pasado.

El proceso de infracción europeo es lento y ofrece múltiples ventanas para que los estados resuelvan los problemas antes de que se solicite una sanción. Los avisos oficiales llevan aparejados unos plazos para contestar y solventar los fallos. Por ejemplo, la primera vez que Bruselas pidió a España que terminara de designar las Áreas de Protección fue en 2015 y todavía está activo el proceso, pero sin haberse remitido a la Corte.

Con todo, el Tribunal de Justicia Europeo está estudiando algunos casos ambientales contra España: el incumplimiento de los límites de contaminación en ciudades como Madrid y Barcelona y el abuso en la extracción de agua subterránea en el entorno del parque nacional de Doñana, por ejemplo. El 3 de diciembre pasado, la abogada general de la Unión Europea consideró ilegales las captaciones “desmesuradas” para el regadío. Ahora queda conocer el veredicto de lo magistrados.