Existe en el mundo un esfuerzo creciente por parte del los estados por “criminalizar las protestas climáticas y medioambientales”. Y España destaca en esa corriente: es uno de los tres países –entre estados democráticos– que están aplicando las leyes contra el crimen organizado para reprimir activistas climáticos, según revela una investigación de la Universidad de Bristol (Gran Bretaña).
“Hemos encontrado tres casos de ese estilo: Estados Unidos, Alemania y España”, explica a elDiario.es el autor principal del trabajo, Oscar Berglund. “Nos parece completamente inaceptable, ya que estos activistas no pueden considerarse en ninguna circunstancia organizaciones mafiosas”.
El caso español es el del grupo Futuro Vegetal, cuyos activistas están imputados por el delito de organización criminal tras ser denunciados por la Policía Nacional. Varios de ellos tienen pendiente declarar el próximo mes de enero. El supuesto que se les achaca supone que se asocian con el objetivo de cometer delitos, según describe el Código Penal. Que hay una estructura y coordinación para delinquir.
Nos parece completamente inaceptable ya que estos activistas no pueden considerarse en ninguna circunstancia organizaciones mafiosas
La “criminalización” de la protesta y el activismo ambiental en general y climático en particular se ha endurecido a medida que aumentaban las manifestaciones. Detrás de este fenómeno, los investigadores han detectado “una combinación entre la respuesta al aumento en el número y las maneras de protestar y un esfuerzo por tomar medidas drásticas contra esas protestas”, explica Berglund. “Es un síntoma de nuestro tiempo –añade el catedrático– en el que los estados se muestran incapaces o sin ganas de actuar contra la crisis climática y, en su lugar, tratan de reprimir y despolitizar a quienes demandan esa acción”.
En su estudio subrayan que se está produciendo una “sobrecriminalización del activismo al tiempo que se descriminalizan los comportamientos que causan más daños climáticos y ambientales”.
Los investigadores han identificado cuatro fórmulas principales para reprimir el activismo.
Introducción de nuevas leyes antiprotesta. “Una ráfaga de nueva legislación ha sido aprobada en los últimos años”, describen. Esto puede criminalizar mediante nuevos tipos penales, incrementar las penas y aumentar los poderes de la policía para reprimir las protestas, además de “dotar de impunidad a los agentes a la hora de relacionarse con los activistas”.
Desde 2019 se han creado 22 tipos de legislaciones “diseñadas para limitar la posibilidad de protestar” en los 14 países que han monitoreado para el estudio entre los que hay democracias liberales como Estados Unidos, pero también autocracias como Rusia. Antes de esa fecha, España tuvo su propio episodio con la denominada ley mordaza.
Criminalización en los tribunales. Esto implica la utilización de legislación diseñada contra grupos terroristas u organizaciones criminales para un nuevo objetivo: recortar la protesta. También deriva, cuentan los investigadores de la Universidad de Bristol, en la “despolitización” de los activistas en los juzgados al “prohibirles hacer mención al cambio climático o los daños ambientales ante el tribunal”. En Gran Bretaña hay actualmente algunos activistas en prisión cumpliendo ya condenas de varios años de cárcel.
En España, 15 activistas están a la espera de que se celebre su juicio por arrojar agua tintada de remolacha a la fachada del Congreso de los Diputados en abril de 2022. La Fiscalía ha pedido una pena de 21 meses de prisión por un delito contra el patrimonio histórico.
Aumento de la vigilancia. Esto puede ser llevado a cabo tanto por fuerzas de seguridad del Estado como por empresas privadas, detalla el trabajo. Entre las prácticas que describe se cuentan el “impedir” que se produzcan los actos de protesta, detener, registrar y arrestar a activistas, amenazar y la “infiltración en los movimientos climáticos”. Aquí en España, organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace o Amigas de la Tierra han contado cómo dan “por hecho que son vigiladas”.
Una media del 3% de las protestas climáticas o ambientales se enfrentan a algún tipo de violencia policial, afirma este documento. En este sentido, Australia y Gran Bretaña se han destacado al acaparar el 20% y el 17% de todos los arrestados respectivamente.
Asesinatos y desapariciones. La represión llevada al extremo “es común en algunos países”. 2.000 “defensores ambientales” han perdido la vida entre 2012 y 2023, recuenta el informe. 401 casos fueron en Brasil, 298 Filipinas, 86 en India y 58 en Perú, según esta investigación.
¿Quiénes son los verdaderos radicales peligrosos?
En 2011, el autor estadounidense Will Potter publicaba su investigación sobre el acoso al movimiento social ecologista que denominó Los verdes somos los nuevos rojos –en referencia a la caza de brujas de comunistas en los años 50 en EEUU–. Once años después, en 2022, Potter reflexionaba para elDiario.es: “No me extrañaría que recibieran penas desproporcionadas por las protestas o que se les describiera como terroristas”.
Ese mismo año, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, concordaba públicamente con esa visión: “Los activistas climáticos son dibujados algunas veces como radicales peligrosos. Sin embargo, los verdaderos radicales peligrosos son los estados que están incrementando la producción de combustibles fósiles”, dijo tras conocer el último informe del Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCCC).
Ahora, el investigador Oscar Berglund cree que “algunos actores de la derecha y el empresariado han llegado a ver al movimiento climático como una amenaza real para la expansión económica continuada y eso recuerda de alguna manera a lo que vieron en su momento en el movimiento laborista o socialista”.
Con todo, la ofensiva contra las protestas –que ya no son contempladas con simpatía sino como disruptivas– sí está teniendo efecto. Algunos activistas han confesado tener miedo. “Muchos se han asustado”, ha llegado a decir desde el propio movimiento climático. “Espero que no los paren”, remata el investigador Berglund.