España fletó en solitario o en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex) 148 vuelos de repatriación el año pasado, en los que se deportó a 3.111 inmigrantes, en su mayoría a Marruecos vía Ceuta, según el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo.
En total, España participó en 18 vuelos conjuntos organizados por distintos países de Frontex con los que deportó a 445 personas a destinos como Lagos (Nigeria), Islamabad (Pakistán), Tirana (Albania), Tiflis (Georgia), Quito (Ecuador), Bogotá (Colombia) o Kiev (Ucrania).
Además, fletó mediante la Comisaría de Extranjería y Fronteras 15 vuelos internacionales en solitario, que llevaron a 648 inmigrantes a Nigeria, Senegal, Ghana, Mauritania, Colombia, Ecuador y República Dominicana en distintas fechas del año pasado. Todos salieron de Madrid y siete hicieron escala en Tenerife, Las Palmas y Málaga.
No obstante, el grupo mayor de vuelos fue el que organizó el Ministerio del Interior para deportar inmigrantes a Marruecos vía Ceuta. El año pasado se fletaron 89 aviones desde Madrid que tras hacer escala en Jerez, Algeciras o Barcelona acabaron en la ciudad autónoma. De este modo se expulsó a 1.807 inmigrantes.
La misma práctica se siguió en Melilla. Interior fletó a lo largo del año 26 vuelos que deportaron a 210 personas por esta ciudad autónoma, tras salir de Madrid y hacer escala en Almería, Barcelona o Jerez, según el pormenor de datos que ofrece el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
La Comisaría de Extranjería y Fronteras se sirve asimismo de barcos para ejecutar deportaciones, en concreto, las de los ciudadanos argelinos. 779 personas fueron trasladadas así en 79 barcos hasta el país magrebí, 198 en la ruta Alicante/Orán; 552 en la de Almería/Ghazaouet y 29 en la de Almería/Oran.
Una delegación del MNP viajó en uno de los vuelos de repatriación con destino Quito/Bogotá, que deportaba a 35 ecuatorianos y 56 colombianos. El informe detalla que no se produjeron incidentes, aunque indica algunas deficiencias, como la falta de reconocimiento médico de todos los repatriados, la ausencia de equipos de reanimación en el avión o la falta de un lugar adecuado para cachear a estas personas y esperar con ellas al embarque.
El año pasado la Dirección General de Policía registró seis incidentes en vuelos de repatriación y tres en los barcos con destino a Argelia, todos por resistencia de la persona que iba a ser deportada, según apunta el informe.
Más deportados por estar 'sin papeles'
El trabajo del MNP destaca que el año pasado se ejecutaron 13.986 repatriaciones de inmigrantes, de las que 5.002 fueron devoluciones de personas interceptadas en puestos fronterizos no habilitados.
Además, se expulsó a 1.402 personas cuyo único delito fue la estancia irregular en España, un 6,13% más que en 2012, mientras se redujo un 13,93% la expulsión de delincuentes extranjeros, las llamadas “expulsiones cualificadas”, hasta los 7.582 casos.
Detenidos en los CIE pero no expulsados
Un total de 9.002 inmigrantes fueron privados de libertad el año pasado en alguno de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que funcionan en España, y de ellos, el 47,51% acabaron en libertad porque las autoridades no consiguieron expulsarles del país, objetivo para el que están previstas estas instalaciones policiales de carácter no penitenciario.
Sobre los CIE, el informe revela que la Policía Nacional efectuó el año pasado 49.406 detenciones de inmigrantes por infracciones de la Ley de Extranjería, un 17,07% menos que el año anterior. Madrid encabeza la lista, con 13.607 detenciones de este tipo, seguida de Andalucía, 8.061, Cataluña, 5.975; Ceuta, 4.836; Comunidad Valenciana 3.882; Melilla 2.653 y País Vasco, 2.138.
De estas más de 49.400 detenciones, 9.002 personas acabaron ingresando en un centro de internamiento, desde donde sólo se materializó la expulsión de 4.726, “a pesar de que con la medida de internamiento se pretende asegurar la repatriación efectiva del ciudadano extranjero”, tal y como explica el MNP. Destaca el caso del CIE de Las Palmas (Gran Canaria), desde donde sólo se expulsó a uno de cada cuatro internos el año pasado.
También sobre los CIE, el informe detalla que persisten muchas de las “deficiencias” apuntadas en trabajos anteriores, en especial, el servicio sanitario, gestionado por una empresa privada, sigue sin ser permanente y tampoco se han suscrito los conciertos necesarios para la atención de especialistas.
Asimismo, los historiales médicos no están homologados con la normativa vigente, no se registran las demandas de asistencia ni las citas programadas, no se garantiza la intimidad de los pacientes, no se esfectúan sistemáticamente analíticas para detectar drogas o enfermedades infecciosas y el idioma “sigue siendo un obstáculo para la comunicación fluida entre los servicios sanitarios y los internos”.
Sin embargo, también se dan otras deficiencias, como la ausencia generalizada de folletos informativos en distintos idiomas sobre el derecho de asilo, que no se fotografíen las lesiones que refieren los internos a efectos judiciales, que no se informe a los internos del momento de su expulsión o que sigan conviviendo delincuentes con personas en situación irregular en las mismas instalaciones.
Salas de inadmitidos
Por otra parte, en cuanto a las salas del aeropuerto de Barajas donde los solicitantes de asilo esperan resolución y permanecen los extranjeros cuya entrada en España no ha sido autorizada, el MNP llama la atención sobre el incumplimiento del plazo máximo de retención, 72 horas según la ley salvo que un juez lo autorice.
Al menos 162 personas en el año 2012 y 101 en 2013 permanecieron allí más de 72 horas, y en general, los solicitantes de asilo pasan más de tres días en estas salas. “Durante este período de tiempo, las personas que permanecen en la T4 satélite carecen de luz natural y, tanto estas como las que permanecen en la T1 no pueden salir al exterior”, recuerda el informe.
Además, detalla que las entrevistas con potenciales víctimas de trata no se realizan en un espacio adecuado, no se graban las entrevistas que se utilizan para determinar la inadmisión en territorio nacional, la asistencia médica no garantiza la intimidad del paciente y no hay cámaras que filmen los casos en los que los agentes consideran necesario “aislar” a alguno de los extranjeros.