España es el país de la Unión Europea más partidario de endurecer las leyes ambientales
Los españoles piden endurecer las leyes ambientales para frenar la extinción acelerada de especies. España es el país de la Unión Europea que más apuesta por reforzar la legislación verde como freno a la pérdida masiva de biodiversidad que acaba de documentar la evaluación del Panel Intergubernamental de la ONU. El 51% lo considera la medida más importante, diez puntos por encima de la media de la UE, solo igualado por Portugal, según el Eurobarómetro publicado este lunes por la Comisión Europea.
La acción humana ha acelerado la destrucción de biodiversidad a un ritmo nunca visto en los últimos diez millones de años, según el informe presentado este lunes por el IPBES. Un millón de categorías está en peligro de desaparecen en las próximas décadas si no se toman medidas urgentes. La mayoría de españoles considera que disponer de leyes ambientales más estrictas es la mejor solución.
“Son noticias enormemente preocupantes. Nos ubica ante nuestra responsabilidad como especie”, ha comentado la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al conocer los datos de la ONU. Si sirve de guía para los responsables políticos como la ministra, en España, la ciudadanía considera que las dos causas que más dañan la biodiversidad (elegidas por el 72 y el 70%) son los desastres provocados por las actividades humanas y la contaminación –ya sea del aire, el suelo o el agua–.
De desastres ambientales, el historial español abarca casos como el de la gestión del derrame de petróleo del buque Prestige frente a la costas de Galicia, la rotura de la presa minera en Aznalcóllar, cuyo vertido afectó –y aún contamina– e entorno del Parque Nacional de Doñana o los fosfoyesos tóxicos de Fertiberia enterrados junto a las marismas entre los ríos Tinto y Odiel en Huelva. Solo entre los más afamados. Además, cada año, miles de hectáreas de bosque arden en fuegos provocados por la acción humana (involuntaria o con intención). Un impacto directo a la diversidad natural.
Contaminación por tierra y agua
Realmente, España tiene un problema con la polución del aire y la depuración de agua. Los niveles de tóxicos en la atmósfera por encima de los niveles legales se han acumulado en Madrid, en Barcelona o en Granada. Además, la población española afectada por umbrales excesivos de ozono troposférico ha crecido entorno al 40% en los últimos años. De nueve a casi 13 millones de personas. Este gas, con alto poder oxidativo, es también muy agresivo con la vegetación. La Agencia Europea de Medio Ambiente calculó que los bosques del continente habían perdido capacidad para absorber CO debido al daño del ozono. Hasta un 4% menos. El bosque boreal europeo, la mayor densidad forestal, crece un 10% menos por la acción de este gas que proviene de las reacciones químicas de la radiación solar sobre otros contaminantes como el dióxido de nitrógeno que sale de los tubos de escape.
Aunque los españoles se muestren favorables a regulaciones ambientales reforzadas, lo cierto es que en España, hay dificultades para cumplir las normas que protegen el medio natural. De hecho, es el estado de la Unión Europea con más casos de este tipo abiertos por la Comisión. Y ha encadenado tres años consecutivos en lo más alto del ranking. A febrero de este año, se contabalizaban 29 puntos negros. Entre ellos, varios municipios cuyas aguas residuales no recibían el tratamiento obligatorio. Un caso por el que el Estado paga 11 millones de euros de multa cada semestre.
En enero pasado, Bruselas anunció que iba a llevar a España ante Tribunal Europeo de Justicia por el expolio del agua subterránea de la que se nutre Doñana. Sin agua, su biodiversidad, simplemente, se extingue. La CE aguarda a que se dé una solución a los residuos salinos acumulados por la actividad minera de Iberpotash en Súria (Barcelona). Y hace solo unas semanas, el Tribunal Supremo confirmó la anulación de la autorización ambiental con la que está operando la mina de cobre de Atalaya Mining en Riotinto.
El Eurobarómetro concluye que “la mayoría de europeos no está dispuesta a intercambiar daño o destrucción de la naturaleza en zonas protegidas a cambio de desarrollo económico”. Sin ir más lejos, la Comisión, la ONU y las organizaciones ambientalistas están de acuerdo en señalar que la conservación de la diversidad natural (la variedad de especies animales y vegetales) es crucial para “salvaguardar el papel de la naturaleza en la provisión de alimentos, agua y aire limpios”.“Como consumidores o productores decidimos si somos predadores o protectores de la biodiversidad”, ha resumido la ministra en funciones Ribera.
