La población española está preocupada por la sanidad. Los profesionales llevan lustros advirtiendo de las carencias de un sistema que se vio desbordado por la pandemia. Listas de espera, agendas saturadas, trabajadores quemados y un trasvase hacia la privada son el trasfondo de uno de los datos que arroja el último barómetro del CIS, publicado hace unos días: al 22,9% de los encuestados le afecta “personalmente” la crisis de la sanidad. No es una cifra menor. Si se extrapola al conjunto de la ciudadanía, el total se acerca a los 11 millones de individuos.
A cinco días de las elecciones, es evidente que la sanidad, o los intentos por sacarla de la conversación, están en la agenda de los partidos. Del resultado que arrojen las urnas el domingo saldrán los gobiernos que gestionarán durante los próximos cuatro años el sistema en una docena de comunidades autónomas, en las que vive la mitad de la población. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado sábado una inversión de 580 millones de euros en atención primaria, incluidos en un paquete de 1.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado.
El mismo día, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y también candidata simbólica en las municipales de Bilbao, acudía a un acto en Euskadi para avivar el recuerdo de ETA y pedir la ilegalización de Bildu, contra el criterio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Pese a que la sanidad ha sido donde Isabel Díaz Ayuso ha encontrado mayor oposición, todas las encuestas la acercan a la mayoría absoluta en la Asamblea.
“Para que los votantes decidan su voto en función a un tema, es importante que tengan claro cómo un candidato distinto va a generar una dinámica distinta. La izquierda ha hecho esfuerzos en ese sentido y hay votantes que lo tienen claro, pero es posible que no haya sabido mandar el mensaje de que van a aplicar una política sanitaria muy distinta y que algunos electores no acaben de percibir que la sanidad va a depender de su voto”, explica la doctora en Ciencias Políticas y experta en comportamiento electoral Berta Barbet.
Un punto de inflexión
Los últimos cuatro años, que marcan una legislatura completa, han supuesto un punto de inflexión para el Sistema Nacional de Salud. “En 2019, el conjunto del sistema sanitario todavía no se había recuperado de los recortes de la crisis anterior, estaba debilitado y la pandemia lo desbordó totalmente, con una sanidad pública que se mantenía sobre el esfuerzo de los trabajadores sanitarios”, explica el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle.
Con las consecuencias de la crisis sanitaria aún coleando, los profesionales sanitarios encendieron la mecha de las reivindicaciones que venían arrastrando desde hacía años en varias comunidades autónomas. La gasolina para esas reclamaciones la pusieron los ciudadanos de Madrid, que salieron a la calle en dos multitudinarias manifestaciones en el último año. El 13 de noviembre de 2022, cientos de miles de personas se movilizaron para defender una sanidad pública de calidad en la Comunidad. El germen fue el deterioro evidente de la Atención Primaria, que erosiona toda la estructura del sistema. La protesta se replicó en febrero.
Como puede verse en el siguiente gráfico, elaborado por elDiario.es con datos de los barómetros sanitarios de 2018 –previo a las últimas elecciones autonómicas de peso similar y municipales– y de 2022, la accesibilidad a ese primer escalón asistencial se ha deteriorado gravemente en estos cuatro años. De media, los ciudadanos aseguran que la espera es hoy el doble que hace una legislatura.
Por comunidades, ninguna ha sido capaz de reducir la espera, pero algunas han desbaratado la lista más que otras. Andalucía, Canarias, Comunitat Valenciana y Madrid han sumado más de cinco días a lo que ya se esperaba en 2018. En el caso de Catalunya, donde también ha habido paros en los últimos meses, la tardanza para ser atendido en el médico de familia aumentó hasta los 11,6 días de media. En general, es habitual que las medias las engorden los barrios donde el nivel socioeconómico de la población es más bajo, frente a aquellos donde son accesibles otros sistemas, explicaba la secretaria técnica de Atención Primaria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Ana Giménez, en este reportaje.
Más allá de la media, en la tabla que se muestra a continuación puede consultarse, comunidad a comunidad, el porcentaje de población que era atendido en 2018 desde que solicitaba una cita con su médico de familia hasta que finalmente era visto, en comparación con lo que se indicaba en 2022. Si hace cinco años el 29,4% era atendido en los dos primeros días y el 56% en los tres primeros, esta cifra ha caído al 26,4%. Al contrario, la parte alta del gráfico se oscurece porque si un 6% de los pacientes tardaba antes 11 días o más en acceder a una consulta, hoy son el 23,6%.
La dinámica en este sentido se repite en todas las comunidades, y todas están lejos del compromiso adquirido con el Ministerio de Sanidad en el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, aprobado en abril de 2019, de “garantizar que la demanda de atención no urgente se atienda en menos de 48 horas” en el corto plazo. Las que más se acercan son Navarra, Asturias y Euskadi, cuyas Primarias atienden en los tres primeros días a la mitad de la gente que lo necesita. En concreto, al 56,7%, al 55% y al 47,3%, respectivamente.
Precisamente, estas comunidades son, junto a Extremadura, las que más dinero han presupuestado para sanidad en 2023, según los datos de la FADSP. Son las únicas que superan los 2.000 euros por habitante, elevan la media nacional de 1.809 euros por ciudadano y entierran en la tabla a Madrid (1.446 euros), Catalunya (1.456) y Murcia (1.535). Con la excepción de Euskadi y Catalunya, que no celebran comicios autonómicos este domingo, en las comunidades que más invierten esperan revalidar gobiernos socialistas, mientras que las que destinan menos dinero a la salud hacen lo propio con gobiernos del Partido Popular.
Invertir más o menos en sanidad, explica Sánchez Bayle, es “una decisión política de los gobiernos o las asambleas de cada comunidad y su mayor preocupación por el sistema sanitario público”. “En el caso de Madrid está claro que, desde la época de (la presidenta Esperanza) Aguirre hay un interés por desmantelar y descapitalizar el sistema sanitario público para favorecer al sector privado. No se puede decir que no haya tenido éxito, porque es la comunidad con mayor porcentaje de población con un seguro privado”, indica el doctor.
En Madrid es donde los ciudadanos más dinero se gastan directamente de su propio bolsillo en sanidad privada. Cada madrileño destinó en 2022, de media, 936 euros a seguros privados, seguidos de los 816 euros en Catalunya y los 813 en La Rioja, según los datos del informe Sanidad privada, aportando valor 2023, de la Fundación IDIS, que aglutina al sector.
No solo eso: indirectamente, a través de impuestos, la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, también es la que más financia a la privada mediante conciertos, junto a Catalunya, con amplia tradición en esta fórmula. Según el informe Los servicios sanitarios de la CCAA, supusieron el 11,7% y el 23,9% del gasto presupuestado. Pero una cosa es el presupuesto y otra el gasto. El Servicio Madrileño de Salud presentó el pasado viernes las cuentas anuales de 2022, que muestran un incremento interanual del 82% en conciertos y contratos con empresas vinculadas a la sanidad, según denuncia Comisiones Obreras.
El presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, alerta de que “el aumento de seguros privados puede llevar a una sanidad pública pobre para pobres”. En una reciente entrevista con elDiario.es, señalaba que el sistema público de salud tenía tres quiebras: la de atención primaria que muestran las cifras; la de la cobertura pública, que tiene su reflejo en el aumento del aseguramiento; y la precariedad laboral del personal sanitario, que ha salido a la calle en Madrid, Andalucía, Extremadura, Catalunya, Cantabria, Valencia, Murcia, Navarra, Asturias o Euskadi, donde se han celebrado dos jornadas de huelga los días 18 y 19 de mayo.
Listas de espera para el especialista
El barómetro del CIS también pregunta por el tiempo de espera para ser atendido con un especialista. En este caso, ha habido un cambio en la forma de agrupar los respuestas que impide ver con claridad las diferencias: en 2018 se diferenciaba a aquellos que decían haber tardado hasta 3, 4, 5 y 6 meses y más de medio año; en 2022 metía en el mismo grupo a los que tardaban más de tres meses, por lo que no se puede valorar si se reducen o no las esperas de los tramos más altos.
Pese a todo, hay datos llamativos, como el aumento medio del 25,3% al 37,7% que afirma que esperó más de tres meses para ver a un especialista. O el de La Rioja, que pasó del 17,6% al 51,7%. Es junto a Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias donde la mitad de los pacientes que necesitan una de estas visitas espera más de un trimestre para ser atendido.
Los datos utilizados en esta información muestran las respuestas que los ciudadanos dan al CIS. Los que facilitan las comunidades autónomas, que son los oficiales, no siempre muestran la realidad detrás de los números. Primero, porque las esperas son acumulativas. Pero, sobre todo, porque cada consejería utiliza sus propios criterios, cuando no trampas, para empezar a contar. En su último informe anual, de 2022, el Defensor del Pueblo hacía notar un incremento “notable” de las quejas recibidas por los retrasos para ser atendido “en consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas”
La OCDE también ha alertado de otros puntos débiles del sistema sanitario español, como las camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, muy por debajo en España de la media europea. Si en el conjunto de la UE esta se encuentra en las cinco plazas por millar de ciudadanos, en España apenas llegaba a tres en 2020.
Con estos ingredientes, no es raro que la percepción que la población tiene de la sanidad haya empeorado en los últimos cuatro años. Ya solo cree que el sistema público “en general, funciona bastante bien” el 14% de la población. En ninguna comunidad le otorga ese estatus más gente ahora que en 2018. Al otro extremo, se han triplicado las personas que responden que el sistema “está tan mal que se necesitaría rehacerlo”.
Como muestra el siguiente gráfico, la peor valoración ha subido 10 puntos o más en una decena de comunidades: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Euskadi y La Rioja.