“El Estado no está en condiciones de gestionar la memoria histórica”
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) acoge la creación de un centro de investigación de los estudios internacionales sobre desapariciones forzadas, actos de violencia masiva y vulneración de los derechos humanos. Y lo hace sobre la base de las tres principales instituciones dedicadas a la memoria histórica en España: la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el proyecto del CSIC Políticas de la Memoria, cuya financiación ha pasado del Ministerio de Ciencia al de Economía y Competitividad.
No, el Ministerio de Justicia no forma parte de este instituto. Tampoco el Gobierno de España. Ni el Centro Documental de la Memoria Histórica, dependiente del Ministerio de Cultura. Ni tan siquiera, por supuesto, una virtual Oficina de Víctimas borrada –solo a medias– de la web del Ministerio de Justicia.
Además de la formación y la divulgación, destaca la propuesta de este centro, denominado CIEMEDH, de practicar exhumaciones de fosas de la Guerra Civil y represaliados del Franquismo. La intención es firme, a pesar de no contar con presupuesto para realizarlas.
El antropólogo social Julián López García será el director del CIEMEHD. “Para la financiación estamos recurriendo a mecenazgo no nacional sino internacional” explica este profesor de la UNED, pensando en concreto en las asociaciones memorialistas de Estados Unidos, que sí tienen fondos. Este mismo año, una dotación de 100.000 euros del Archivo de la Brigada Abraham Lincoln (Nueva York) ha salvado de la clausura el laboratorio de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Ponferrada.
También aportaciones de familiares
López García quiere sumar también fondos provenientes del crowdfunding y de las familias que buscan a sus desaparecidos, “que nos puedan ayudar poco o mucho”. Todo suma. “Vamos a tocar también empresas y bancos. Este tipo de proyecto con anclaje académico le quita mucho de la crítica ideológica que puede haber detrás”, señala. El Banco Santander, pone como ejemplo, es el principal mecenas del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios. Según su análisis, la universidad tiene “más facilidad” de conseguir fondos para abrir fosas que las asociaciones memorialistas “en el momento actual”. “No sabemos lo que va a pasar a partir de noviembre”, añade, en referencia a una perspectiva más favorable si cambia el Gobierno en las próximas elecciones generales.
Contrariamente a esta postura, la ARMH defiende que los familiares, como víctimas que son, no deben pagar las exhumaciones, ya que entiende que la financiación debe realizarse con dinero público.
“Muchos que estábamos bajo el paraguas de los fondos del Ministerio de Presidencia, cuando los cortaron, decidimos converger para unirnos y tener una voz más fuerte en la demanda y en la justificación de la necesidad de proseguir las exhumaciones”, indica el director del CIEMEHD. “Si tenemos bastante financiación podremos proponer exhumaciones propias y en otros casos podremos apoyar procesos de exhumación que están en la lista de espera de Aranzadi y que no tienen financiación”.
El antropólogo forense Francisco Etxeberria, presidente de Aranzadi, acudió a la presentación del Centro el pasado 1 de julio. En su conferencia inaugural se mostró muy crítico con el papel del Estado en la recuperación de la memoria histórica. “Lo que más asombra fuera de nuestra geografía es que en 80 años no se ha impulsado ninguna investigación institucional”, señaló. “¿Que lo haga el Estado, como muchos dicen? El Estado no está en condiciones de gestionar un archivo, el Estado no sabría exhumar con metodología arqueológica ni determinar patología e identidad, el Estado no sabría calcular la dimensión de la injusticia”, dice Etxeberria en relación a la descoordinada gestión de la memoria histórica en España.
“Nos estamos sobando”
El forense, quien esta primavera estuvo al frente de la exhumación de los restos de Miguel de Cervantes, acusa a la universidad de “no esforzarse mucho en hacer cosas que tengan una vocación práctica en la sociedad”. “¿Cuántos historiadores van al juzgado después de encontrar un documento que es valor de prueba? Prácticamente no se le ha ocurrido a nadie. Nos estamos sobando a cuenta de todo lo que se puede hacer”.
El marco simbólico de este nuevo Centro propone ligar memoria a derechos humanos, en lugar de a historia. Etxeberria dibuja la memoria histórica como un pentágono donde un lado representa lo judicial, otro lo histórico, otro lo simbólico, otro los derechos humanos y el último lo político. “¿Que las exhumaciones se hacen por cuestión política? Pues claro que sí”, dijo el antropólogo, “es que es político el hecho de que existan fosas”.
“No hay dinero para exhumaciones salvo en el País Vasco, donde se pagan todas las facturas que se presentan”, dijo el forense guipuzcoano, “y el estado solo ha financiado las exhumaciones realizadas entre 2006 y 2011, el resto se ha hecho en régimen de voluntariado”. “Yo tengo que procurar que no me criminalicen cada vez que explico esto, defenderme, a pesar de que si todas las víctimas tienen derecho a la memoria, si todas las víctimas de ETA tienen derecho a la memoria, si todas las víctimas de la violencia del Estado tienen derecho a la memoria, todos los demás tenemos el deber de la memoria”.
