Estalla el hartazgo de las trabajadoras contra la violencia de género por la falta de medios: “No damos abasto”
A los servicios de atención para víctimas de violencia machista van cada vez más mujeres, pero al otro lado hay una red de trabajadoras sumida en la precariedad y la saturación. Es la denuncia principal con la que este sábado acudirán empleadas procedentes de varias comunidades a un encuentro que han convocado en Madrid distintas organizaciones feministas. Concebida como un primer paso para tejer alianzas, la reunión pondrá el foco en “la inestabilidad” del sistema de atención que califican de “problema estructural” para las más de 5.000 trabajadoras en un momento en el que las denuncias no paran de aumentar.
A excepción de la drástica bajada que sufrieron en 2020, año de la pandemia, estas llevan en ascenso sostenido desde hace años: así, en 2013, los juzgados recibieron un total de 124.894 denuncias por violencia de género, según datos del Consejo General del Poder Judicial. La cifra es un 59% más elevada en 2023, una década después, cuando se interpusieron 199.282. En lo que va de año han sido asesinadas 38 mujeres por sus parejas o exparejas.
La situación difiere entre comunidades e incluso ayuntamientos, pero cunden reivindicaciones generalizadas que se pondrán sobre la mesa este sábado, explica Paqui Guisado, presidenta de la Plataforma Impacto de Género Ya, una de las impulsoras: “Muchas mujeres empiezan a tener más confianza en los servicios públicos, pero eso hay que acompañarlo con una buena cobertura. No podemos hablar de erradicar la violencia de género si no tenemos servicios públicos adecuados”. A casi 20 años de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que ha situado a España como uno de los referentes globales en la materia, la atención integral “no se ha estabilizado ni se le ha dotado de personal suficiente”, sintetiza la experta.
Por eso en Madrid las trabajadoras llevan meses movilizadas. Su hartazgo les ha llevado a encadenar ya dos huelgas por las condiciones de los servicios municipales y las denuncias se replican en buena parte del país como Andalucía, Baleares, Extremadura, Asturias o Castilla y León, de dónde también acudirán trabajadoras al encuentro. La situación no depende tanto de los colores políticos de quienes gobiernan, afirman las trabajadoras, aunque “sí está siendo ahora mucho más sangrante en ejecutivos de Vox y el PP donde se ven incluso amenazados o cuestionados los servicios”, ilustra Guisado.
Dos meses para una cita
“Se hace mucha campaña de prevención, de 'actúa' y 'denuncia' y eso creo que está calando en las mujeres, pero no hay una dotación suficiente de recursos. No tenemos los medios para poder atenderlas de forma correcta y con calidad. El desbordamiento de la red es general y no damos abasto”, resume Helena Cobas, trabajadora social del Servicio de Atención a la Violencia de Género (SAVG 24 horas) de Madrid.
Hasta que las derivas puede pasar un mes por la de espera y en ese tiempo no puedes ni llamarlas para ver cómo están. En ese lapso de tiempo a veces se las aboca a volver con sus parejas
Cobas, miembro de la plataforma de trabajadoras que está impulsando las movilizaciones, denuncia que las listas de espera abocan a que se tarde “hasta dos meses” en dar una primera cita y habla de “saturación” cuando se refiere a las plazas de alojamientos para mujeres en riesgo. Aquellas que están en peligro inminente, pueden acceder a un recurso que en toda la capital solo tiene 15 plazas y que está pensado para estancias de 72 horas como máximo hasta que puedan ser derivadas, sí así lo han decidido, a una casa de acogida. “Hay casos en los que se ha llegado a alagar un mes o mes y medio porque no había sitio en los centros de acogida o mandar a las mujeres incluso a hoteles”, afirma.
La trabajadora pone el foco en que son las propias víctimas quienes, al final, acaban viéndose afectadas y lamenta que desde su servicio “no podamos hacer el seguimiento de las mujeres que nos gustaría”. El SAVG 24 horas hace una primera atención, es la puerta de entrada al sistema desde el que las mujeres suelen ser derivadas a un centro para un abordaje más a largo plazo. “Hasta que las derivas puede pasar un mes porque tienen lista de espera y en ese tiempo no puedes ni llamarlas para ver cómo están. En ese lapso de tiempo a veces se las aboca a volver con sus parejas porque se sienten solas y perdidas. Somos un equipo de 25 personas para unas 3.000 mujeres al año”, cifra.
¿A dónde van los fondos?
Las trabajadoras reconocen que, en general, el dinero destinado a la lucha contra la violencia machista se ha incrementado en los últimos años y creen que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue un revulsivo clave, pero demandan mayor transparencia sobre el destino de los fondos. En este sentido, lamentan que el Ministerio de Igualdad no haya puesto en marcha el Sistema de Información y Evaluación establecido en el acuerdo de la Conferencia Sectorial, que también permitió que ayuntamientos y comunidades destinen hasta el 40% de los fondos a gastos de personal. “Esto es algo que no está ocurriendo. Se gasta mucho en campañas y nosotras lo que decimos es que el dinero debe llegar a la vida de las mujeres”, esgrime Guisado.
Por otro lado, insisten en la necesidad de que la financiación sea plurianual. Es decir, que los fondos no estén sujetos únicamente a un ejercicio, de forma que al finalizarlo deben justificarse y empezar nuevamente de cero, sino que puedan alargarse, algo que, según las trabajadoras, debe posibilitar el Ministerio de Hacienda. “Esto acaba afectando al sostenimiento de los servicios y provoca inestabilidad o que no se le puedan dar continuidad a los proyectos”, añade la presidenta de Plataforma Impacto de Género Ya, que pone el foco en una reivindicación común: que todos los servicios de este tipo sean de gestión pública directa y no se externalicen a empresas, como ocurre en algunos lugares.
Se gasta mucho en campañas y nosotras lo que decimos es que el dinero del Pacto de Estado debe llegar a la vida de las mujeres
“Hemos visto que no aporta más calidad al servicio, pero sí da mayor vulnerabilidad a las profesionales. En cuanto a salario y condiciones laborales están regidas por un marco que no es el del empleo público y no hay estabilidad para un trabajo como este, de tanta exigencia técnica. No podemos cambiar de profesionales o de ubicación del centro cada dos años porque cambiamos el pliego de condiciones y se adjudica a otra empresa”, añade Guisado.
Desde Andalucía, Paqui Granados, directora del Centro Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena, apunta además a que en muchos casos las empresas “no piden una formación especializada en violencia de género y Derechos Humanos”, lo que en ocasiones genera incluso críticas de las propias usuarias, por ejemplo, de los Puntos de Encuentro Familiar. La trabajadora denuncia también “el déficit de fondos” que están atravesando “muchos ayuntamientos” debido “al retraso en la cofinanciación por parte de la Junta de Andalucía. Preguntada por ello, la Administración asegura que ”ya se han firmado el 82% de los convenios“ y que los recursos ”han aumentado un 12% desde 2018“.
Mayor especialización
Sí celebra Granados que la comunidad “está dando pasos ”hacia la financiación plurianual“ del dinero que transfiere la comunidad autónoma a las arcas municipales con este fin, pero reclama mayor estabilidad en las figuras de psicóloga y asesora jurídica en los centros que dependen de los ayuntamientos, donde muchas veces no se contratan a jornada completa. ”Esto provoca que en muchos lugares las profesionales se encuentren desbordadas“, coincide con el resto.
También en estas áreas señala a “la falta de personal” Clara Jiménez Santos, psicóloga en un punto de atención en la mancomunidad de La Vera, ubicada en la provincia de Cáceres. “Aquí en Extremadura lo que vemos es mucha inestabilidad y temporalidad y eso acaba provocando precariedad”, relata la trabajadora, que también nombra “la falta de formación” de las nuevas contrataciones y otras cuestiones específicas que ven habitualmente en el territorio como los obstáculos que existen para acceder a los centros derivados de “la baja oferta de transporte público” o la sensación de desprotección que tienen las propias profesionales: “En muchas zonas te conoce todo el mundo y eso hace que incluso recibamos a veces amenazas por parte de los agresores”.
En este sentido, Montserrat Vilà, directora de la asociación feminista Hèlia, celebra que en Catalunya, la modificación de la ley 5/2008 haya incorporado la llamada violencia de segundo orden, que es aquella que se ejerce contra las personas que apoyan a las propias víctimas. También cree que en su comunidad ha sido importante que exista un Departamento de Igualdad y Feminismo en la Generalitat y “la mejora” en la transparencia.
Vilà, también presidenta de la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, otra de las entidades que han organizado el encuentro de este sábado, apunta como el resto de compañeras “a la saturación” de los servicios y reclama “una mayor especialización” de las profesionales y “la equiparación de salarios y condiciones laborales” del personal externalizado con el de las funcionarias. “Además hacen falta acciones de cuidados hacia las trabajadoras y soporte en el seguimiento de los casos, ya que se trata de un servicio esencial en el que las profesionales llevan una carga emocional fuerte”, señala.
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