El 26 de octubre es la fecha tope. Los ministerios de Educación y Universidades se ha comprometido este lunes a que para ese día se conocerán los nuevos exámenes de Selectividad, según ha contado el Sindicato de Estudiantes tras reunirse con representantes de los departamentos que dirigen Pilar Alegría y Diana Morant. La organización estudiantil explicado en una nota que convocó las protestas de estas últimas semanas por la poca información que tienen a mitad de octubre sobre cómo será la prueba de acceso a la universidad. Los tipos de exámenes deberían así empezar a estar disponibles esta semana y Educación instará a las comunidades –que tienen las competencias en este punto– a que no excedan el citado día, para que profesorado y alumnado puedan trabajar sobre ese material.
“Este resultado es un gran triunfo del movimiento estudiantil organizado”, sostiene el Sindicato de Estudiantes, que ha sacado a la calle a miles de jóvenes en dos manifestaciones recientes por todo el país. Tras el éxito, según su valoración, de la reunión la secretaria general de la organización, Coral Latorre, ha explicado que se desconvoca la protesta prevista para el próximo viernes, pese a que habían anunciado que volverían a salir a la calle si este lunes 14 no se conocían los exámenes. Finalmente han aceptado al compromiso del ministerio de cara a casi dos semanas.
Los jóvenes de 2º de Bachillerato (y algunos de FP de grado medio) están inquietos porque este curso cambia el examen que distribuye el acceso a la Universidad y, cuentan, están dando las clases “a ciegas” porque no saben qué tienen que preparar, que es la ocupación fundamental de este último curso de la secundaria postobligatoria.
Con el compromiso del Gobierno, los estudiantes podrán empezar a preparar el examen con material concreto. Algunas comunidades, como Galicia, se adelantaron al resto y ya han publicado algunos ejemplos.
Juan Manuel Moreno, catedrático de Didáctica de la UNED, cree que los estudiantes tienen razón a medias. “Si te pones en su lugar, no basta el decreto [de mínimos del Gobierno]. Pero si la demanda es qué entra en el examen, eso sí se sabe. Por ahí no estarían justificadas las protestas”, explica en alusión al temario, recogido en los currículums. “Lo que no está claro y da sentido a las quejas es que no se sabe el formato del examen. Una cosa es lo que entra en el examen y otra cómo me lo vas a preguntar. No es lo mismo un test de opción múltiple que una respuesta a desarrollar durante cuatro folios”, reflexiona.
Del Gobierno a las comunidades
Tras un par de años de dudas e idas y venidas con sus propuestas, el Gobierno finalmente aprobó las líneas básicas de la prueba el pasado mes de junio. Son solo unas directrices generales –es la parte que le corresponde–, como el número de pruebas (entre cuatro y nueve) o la duración de las mismas. También, por ejemplo, que no habrá dos exámenes diferentes para que el estudiantado elija uno, como sucede ahora, o que hasta el 10% de la nota depende del estilo, corrección gramatical, coherencia, etcétera de un texto.
Pero estas generalidades no permiten hacerse una idea de cómo será el examen y deben ser aterrizadas en un modelo de examen concreto en una segunda fase, que se hace a medias entre la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y las comunidades autónomas, las que ponen el examen y tienen las competencias finales.
En este punto estamos. La CRUE ya ha hecho su propuesta de test, que se parecerá bastante al modelo final aunque todavía no es definitivo. Este curso será el del paso de la Ebau de siempre a un modelo que se adapte a la Lomloe y evalúe el aprendizaje competencial que esta propugna, aunque de momento lo hará de forma algo tímida.
La prueba que propone la CRUE para este curso limita esta parte competencial a un mínimo de entre un 20% y un 25% de las preguntas, pese a que el propio texto afirma que “las pruebas tendrán un diseño competencial para comprobar el grado de consecución de las competencias específicas de las materias de acceso y admisión”.
Los responsables universitarios también abren la puerta a incluir preguntas de formato diverso, más o menos abiertas, “siempre y cuando la puntuación asignada a preguntas/tareas de respuesta abierta y semisconstruida alcance como mínimo el 70%”.
Por lo demás, otro de los cambios de la prueba, uno de los que más puede homogeneizar el examen a nivel nacional como exige el PP, es establecer unos criterios de corrección comunes a todo el estado, que también se incluirán en la nueva prueba.