La organización que representa a los estudiantes de las universidad públicas quiere que el máster que cursó Cristina Cifuentes vuelva a ser evaluado. La CREUP, que aglutina a los representantes de los alumnos, ha instado a tomar esta medida a la ANECA, el organismo encargado de acreditar el nivel de las enseñanzas universitarias. Algo que hace extensivo a las profesoras que firmaron el acta del tribunal que supuestamente evaluó a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
“Respetando la presunción de inocencia, consideramos que en cualquier caso este uso e imagen que se da de la universidad pública es intolerable y por ello condenamos todo lo ocurrido”, dicen en un comunicado emitido este jueves. Además, señalan que la universidad no puede estar “al servicio de los intereses particulares de unos cuantos y no sea la institución pública que merece respeto y distinción”.
Esta exigencia de los representantes de los estudiantes de centros públicos llega después de la petición de la Universidad Rey Juan Carlos de trasladar el caso a la Conferencia de Rectores y de solicitar un investigador externo para el mismo. Una decisión motivada por el “la repercusión social del caso en cuestión”, según el rector de la URJC, Javier Ramos.
Desde la CREUP han celebrado la decisión de la Conferencia de Rectores de asumir la investigación y buscar “las medidas necesarias” para esclarecer el caso de las notas falsificadas de Cifuentes. Pero esto no les parece suficiente, y por eso instan a evaluar otra vez “el máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico de la URJC”.
La investigación de la URJC sobre el máster en derecho público del Estado autonómico que ostenta Cifuentes se abrió el 21 de marzo, horas después de que – tras la publicación por parte de eldiario.es del retoque de calificaciones del expediente de la política– la universidad avalase el proceso mediante el testimonio de los catedráticos Enrique Álvarez y Pablo Chico de la Cámara. También se informó de que las doctoras Clara Souto, Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado habían afirmado que se celebró una sesión de defensa del trabajo fin de máster.
Tras las informaciones de eldiario.es de estos últimos días, Cifuentes anunció una “querella criminal” contra el director de este medio, Ignacio Escolar, y la redactora jefa de Política Social y autora de la investigación sobre su máster, Raquel Ejerique. La presidenta madrileña mantiene que el tribunal evaluó su TFM el 2 de julio de 2012. Una fecha en la que la entonces delegada del Gobierno en Madrid estaba al frente del dispositivo policial por la celebración de la Eurocopa ganada por la selección española. Justo el mismo día que el departamento del título que asegura que aprobó inauguraba un curso en Aranjuez.