Un estudio muestra las luces y las sombras de la reforma laboral alemana

La Agenda 2010, el paquete de reformas aprobadas por el gobierno de Gerhard Schröder, tiene en Alemania tanto defensores, que ven en ella la clave de la actual fortaleza de su economía, como enemigos acérrimos, que la consideran responsable de la precariedad en el mundo laboral.

Ahora, un estudio del Instituto de Estudios de Mercado Laboral de la Agencia Laboral de Empleo ilumina un aspecto clave de esa reforma -relacionada con el seguro de desempleo- y llega a conclusiones que, según cómo se interpreten, pueden aumentar el arsenal de argumentos de cualquiera de los dos bandos.

El texto se concentra en la novedad más controvertida de la Agenda 2010, llamada popularmente Hartz IV y que oficialmente se denomina Subsidio de Desempleo II, una ayuda que recibe cualquier persona de al menos 15 años que busca empleo, sea parado de larga duración o que ejerza un trabajo cuya remuneración no alcance a cubrir el mínimo de subsistencia.

Actualmente este subsidio se calcula en 409 euros para personas solas y 726 euros para parejas (con ambos miembros desempleados), entre 237 y 311 euros por hijo (dependiendo de la edad), a lo que hay que añadir los gastos de arrendamiento y calefacción.

En contrapartida, se limitó el pago del subsidio de desempleo normal, que alcanza hasta el 60 % del salario bruto anterior, a 12 meses, para menores de 50 años, y a 24 meses, para mayores de 50 años con al menos 48 meses cotizados.

El primer efecto de la reforma fue que las estadísticas de desempleo se dispararon, debido a que empezaron a considerar a los parados de larga duración. En 2005 el número de desocupados subió en 600.000 hasta alcanzar las 4,9 millones de personas o el 13 % de la población activa.

Desde entonces el índice de desempleo se ha reducido constantemente y en la actualidad está en torno al 6 por ciento, lo que muchos atribuyen al conjunto de las reformas de la Agenda 2010.

El Hartz IV, según los defensores de las reformas, permitió que los parados de larga duración entraran en los radares de la Agencia Federal de Empleo y se tomaran medidas para integrarlos al mercado laboral.

No obstante, el estudio muestra que muchas personas no logran abandonar nunca el subsidio.

Así, entre 2014 y 2015 cerca de un millón de personas ha recibido el subsidio de forma ininterrumpida.

La investigación, además, hace un análisis basado en un grupo de 23.610 personas que recibieron el subsidio por primera vez en 2007 y concluye que sólo una cuarta parte logró salir rápidamente del sistema y acceder a empleos con una remuneración superior al Hartz IV que les correspondía.

Otro grupo consiguió integrarse al mercado laboral, pero con trabajos de remuneración baja, que los hacía seguir dependiendo del sistema para completar sus ingresos.

Cerca de un tercio no logró integrarse en el mercado laboral y continúa percibiendo el subsidio completo.

Desde 2006, cuando el número de personas que recibían Hartz IV alcanzó su máximo histórico con 7,5 millones, la cifra de receptores ha bajado y en 2014, el último año que contempla el estudio, se situó en los 6,1 millones.

Cerca de un tercio de las personas que reciben el subsidio tiene trabajo, pero su remuneración es demasiado baja, lo que refleja un alto grado de precariedad laboral, lo que da la razón a los críticos del sistema.

Sin embargo, el informe subraya que el Hartz IV ha sido una herramienta efectiva en muchos casos, cuando se acompaña de medidas de capacitación que abren las puertas del mercado laboral.

Un elemento problemático adicional es que más de un tercio de los parados actuales no recibe el subsidio de desempleo normal, sino el Hartz IV, lo que indica que son parados de larga duración.

Ese dato suele ser utilizado por los críticos del sistema para mostrar que la Agenda 2010 no ha sido efectiva a la hora de reducir el número de parados crónicos.

Además, prosiguen los críticos, parte de la disminución de las estadísticas de paro se debe al aumento de la presión sobre las personas sin empleo con la reducción del tiempo que perciben el subsidio de desempleo normal y con normas que los obligan a aceptar trabajos de baja remuneración.