La política medioambiental vuelve a chocarse con el muro de la derecha. Buena parte del PP europeo -entre ellos los eurodiputados del partido de Alberto Núñez Feijóo- ha sumado sus fuerzas a las de la extrema derecha en contra del endurecimiento de los límites de las sustancias que contaminan el aire en los términos que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS). A pesar de su voto en contra, la Eurocámara quiere una mayor ambición de la planteada por Bruselas, que en términos generales abogaba por rebajar a la mitad la emisión de esas partículas en 2030, y plantea cumplir los objetivos más exigentes establecidos por la OMS en 2035.
Además de endurecer los requisitos que deben cumplir las administraciones públicas para garantizar la salubridad del aire, la directiva -que ahora tendrá que negociarse a tres entre la Comisión Europea, la Eurocámara y los gobiernos de los 27 antes de su aprobación definitiva- pretende mejorar la monitorización para garantizar que no haya agujeros negros de contaminación. Los eurodiputados quieren que haya un sistema de evaluación por cada millón de habitantes (frente a los cinco millones que establecía la Comisión). También establece que se revisen los estándares cada cinco años y capacita a los ciudadanos para recurrir a la vía judicial -con el consiguiente cobro de indemnizaciones- por el incumplimiento de los estándares de calidad del aire.
La Eurocámara ha fijado así -con 363 votos a favor (socialistas, liberales, verdes y la izquierda, además de algunos del PPE); 226 en contra (la extrema derecha, parte del PPE y algunos liberales) y 46 abstenciones- su posición de cara a las negociaciones que se abrirán ahora con los gobiernos de los 27 y la Comisión Europea.
España, del semáforo verde al rojo
¿Y qué significarían los cambios respecto a la actual situación? “España se encuentra dentro de los semáforos mayoritariamente en verde, excepto en el ozono”, explica Irene Bernal, portavoz de la Fundación Salud por Derecho, es decir, que está dentro del baremo permitido. Con el endurecimiento de los límites, “pasaría a ser gran parte rojo”, o sea, a quedar fuera de los estándares mínimos de calidad del aire. “Eso tendría que ir acompañado de medidas estructurales de fondo”, apunta Bernal.
“La polución es una pandemia a cámara lenta en términos de daño a la salud pública. Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de proteger la salud pública”, expresa el eurodiputado socialista Javi López, que ha sido ponente de la directiva. “Los que votan en contra de mejorar los estándares de la calidad del aire, votan en contra de la salud pública”, apostilla en referencia al PP y la extrema derecha.
Según fuentes conocedoras de las negociaciones, el grupo que pilota el alemán Manfred Weber quería retrasar el cumplimiento de los estándares hasta 2035 y con unos límites más bajos de los planteados por Bruselas. A pesar de defender la propuesta de la Comisión Europea, el diputado del PP europeo aseguró que la revisión de la Directiva de Calidad del Aire “tiene que intentar que el coste esté a la altura de los logros”. “Se trata de no fijar unos objetivos o tomar unas medidas poco realistas, por ejemplo, la prohibición del tráfico rodado o el cierre de plantas industriales, que es lo que quiere una parte de la izquierda de esta Cámara. La solución debería ser clara debería traducirse en fomentar las soluciones con bajas emisiones en vez de imponer sanciones y castigar”, argumentó el parlamentario, que rechazó la “equiparación” con las recomendaciones de la OMS y defendió simplemente su “aproximación”.
No es la primera vez que el PP europeo vota en contra de una medida medioambiental. En julio cumplió su amenaza de votar contra la ley de restauración de la naturaleza, que es una de las claves del Pacto Verde Europeo. Weber se defendió asegurando que su grupo sólo ha votado en contra de dos de las 34 iniciativas de la agenda verde. Además de la ley que pretende restaurar los hábitats destruidos, también se opuso, de la mano de la extrema derecha, a la prohibición de la venta de coches diésel y gasolina a partir de 2025. En esta ocasión, el dirigente alemán ha votado en contra de la rebaja de los límites de sustancias contaminantes, aunque su grupo se ha partido.
“El documento que tenemos entre manos lamentablemente no se va a poder aplicar”, expresó la eurodiputada del partido ultraderechista polaco Ley y Justicia Anna Zalewska, que puso en cuestión el criterio científico de la OMS. “Es un debate que quiere castigar a los Estados miembros. Se está en el fondo castigando a la ciudadanía. Y yo pienso que van a pagar justos por pecadores”, señaló la portavoz de ECR, el grupo en el que se enmarca Vox.
“La derecha tiene un temario bien simple: no hacer nada. Pero así no podemos seguir. Tenemos que actuar a favor de la mejora de la calidad atmosférica. Tenemos que alinearnos a las directrices de la OMS. No podemos seguir llorando más muertes”, rebatió el eurodiputado griego de la izquierda Petros Kokkalis.
“Ahora damos a los ciudadanos el derecho de acudir a los tribunales por problemas de calidad del aire. Lo que más importante me parece es que podrán pedir una compensación por esas micropartículas que contaminan el aire. Si las autoridades locales no hacen su trabajo, si otros ganan dinero a costa de la salud de los ciudadanos, esto se podrá denunciar ante los tribunales”, enfatizó el representante de los verdes.