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La Eurocámara y los Gobiernos allanan el camino para la ley que fija la neutralidad climática en 2050 en la UE

Decenas de personas se concentran para protestar por la crisis climática.

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —

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El Parlamento Europeo y la presidencia portuguesa rotatoria del Consejo de la UE han allanado el camino esta madrugada para alcanzar la neutralidad climática en 2050 en la Unión Europea. Las dos partes han finalizado los trilogos –las negociaciones entre Parlamento, gobiernos y Comisión Europea– al fijar el objetivo vinculante de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (emisiones después de deducir las absorciones) de al menos el 55% para 2030 en comparación con 1990. El acuerdo tiene que ser ratificado ahora por el pleno de la Eurocámara y los 27 Gobiernos de la UE.

“La Ley del Clima coloca a la UE en el camino verde para una generación. Es nuestro compromiso vinculante con nuestros hijos y nietos”, ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Europa está liderando el camino para el cambio en políticas climáticas”, ha afirmado la presidenta de los socialistas en la Eurocámara, Iratxe García: “La UE ha fijado un objetivo ambicioso de reducción de emisiones para 2030 y allanar el camino para una economía negativa en carbono para 2050”.

Sin embargo, los Verdes son críticos con el acuerdo. El eurodiputado de En Comú Podem y videpresidente del grupo Verdes/ALE, Ernest Urtasun, ha comentado: “Con este objetivo climático para el 2030, la UE no hará lo necesario y suficiente para cumplir los objetivos del Acuerdo Climático de París, lo que amenaza el destino de las generaciones actuales y futuras a un mundo de caos climático y desastres económicos. La Comisión y el Consejo, junto con sus partidarios en los grupos conservadores, han tenido prisa en aprobar una débil Ley Climático para tener una foto con el presidente Joe Biden, perdiendo la oportunidad de que la UE sea líder mundial en la acción climática”.

La copresidenta de La Izquierda en el Parlamento Europeo, Manon Aubry, también ha criticado el pacto por falta de ambición en los recortes de emisiones.

Consejo consultivo

Para lograr los objetivos para 2030, los negociadores han pactado un límite de 225 megatones de CO2, equivalente a la contribución de las absorciones al objetivo neto, y acordaron que la Unión Europea tendrá como objetivo un mayor volumen de sumidero neto de carbono para 2030.

Otros elementos del acuerdo provisional incluyen el establecimiento de un Consejo Consultivo Científico Europeo sobre Cambio Climático, compuesto por 15 expertos de diferentes nacionalidades con no más de dos miembros del mismo Estado miembro, por un mandato de cuatro años. Esta junta independiente se encargará, entre otras cosas, de proporcionar asesoramiento científico e informar sobre las medidas de la UE, los objetivos climáticos y los presupuestos indicativos de gases de efecto invernadero y su coherencia con la legislación climática europea y los compromisos internacionales de la UE en virtud del Acuerdo de París.

Los negociadores, además, acordaron que la Comisión Europea propondría un objetivo climático intermedio para 2040, si fuera necesario, seis meses después del primer balance del Acuerdo de París. Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario publicará una previsión indicativa de la UE sobre gases de efecto invernadero para el período 2030-2050, junto con su metodología.

La previsión se define como el volumen total indicativo de emisiones netas de gases de efecto invernadero (expresadas como CO2 equivalente y proporcionando información separada sobre emisiones y absorciones) que se espera que se emitan en ese período sin poner en riesgo los compromisos de la UE en virtud del Acuerdo de París.

Los negociadores también acordaron que la Comisión Europea colaboraría con los sectores económicos que opten por preparar hojas de ruta para lograr el objetivo de neutralidad climática para 2050.

El acuerdo provisional también establece que la UE “se esfuerce por lograr emisiones negativas después de 2050”.

Este pacto político está sujeto a la aprobación del Consejo (los Gobiernos) y el Parlamento Europeo, antes de pasar por las etapas formales del procedimiento de adopción. El acuerdo provisional ha sido alcanzado por la presidencia rotatoria portuguesa del Consejo de la UE y los representantes del Parlamento Europeo, sobre la base de mandatos de sus respectivas instituciones.

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