La Eurocámara pide a los Gobiernos que sea delito penal el uso de los servicios prestados por las víctimas de la trata

El Parlamento Europeo pide perseguir la “demanda” de “servicios” ofrecidos por las víctimas de trata, tipificándolos como delito penal. Y alerta también de que “la falta de vías de migración seguras y legales para los solicitantes de asilo aumenta su vulnerabilidad ante la trata”. Así se desprende del informe aprobado este martes –571 votos a favor; 61 en contra y 59 abstenciones– elaborado por la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) y la de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM). El texto evalúa la aplicación de la directiva europea relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, y se centra en la dimensión de género de la trata, especialmente con fines de explotación sexual; en la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo; y en la de los menores, sobre todo aquellos no acompañados.

El informe sostiene que la directiva “no se ha aplicado de manera satisfactoria, en particular debido a una transposición incompleta o incorrecta”. Y señala que “la explotación sexual sigue siendo la forma de trata más frecuente en la UE desde 2008 (el 60% de los casos)”, y que más del 92% de esas víctimas son mujeres y niñas.

El texto considera que “las causas profundas de la trata de seres humanos siguen sin abordarse de manera suficiente”. Y añade: “La desigualdad de género, la pobreza, los desplazamientos forzosos, el desempleo, la falta de oportunidades socioeconómicas, la falta de acceso a la educación, la violencia de género, la discriminación, la marginación y la corrupción son algunos de los factores que contribuyen a que las personas, especialmente las mujeres y los niños, sean vulnerables a la trata”.

La resolución también sostiene que, “aunque existen muchas formas de trata, todas ellas se basan en el abuso de la vulnerabilidad inherente a las víctimas y tienen por objeto la explotación de seres humanos, y que las víctimas de la trata de seres humanos se encuentran en diferentes actividades legales e ilegales, incluidas, entre otras, las del sector agrícola, la transformación de alimentos, la industria del sexo, el trabajo doméstico, la fabricación, los servicios asistenciales, la limpieza, otras industrias (en particular, las industrias de servicios), la mendicidad, la delincuencia, el matrimonio forzado, la explotación sexual en línea y fuera de línea, las adopciones ilegales y el comercio de órganos humanos; que hay otras formas de trata que siguen sin registrarse y notificarse lo suficiente, incluidas algunas muy determinadas por el género, como el matrimonio forzado y la servidumbre doméstica”.

“La trata de seres humanos es una de las peores formas de delincuencia organizada”, ha reconocido la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, en su intervención ante el pleno en Bruselas: “Examinaré las posibilidades de criminalizar el uso de servicios explotados”.

El socialista Juan Fernando López Aguilar, presidente de LIBE y ponente de este informe, pone el acento en subsanar “algunas lagunas de aplicación de la ley, como el problema de identificación de las víctimas, en su mayoría mujeres explotadas sexualmente, o el enjuiciamiento de los consumidores de servicios sexuales de mujeres traficadas”.

“La directiva recoge que los Estados miembros considerarán la inclusión en sus códigos penales del uso y consumo de víctimas de trata”, afirma López Aguilar: “Proponemos una armonización más efectiva y que todos los Estados miembros tipifiquen explícitamente como delito los servicios prestados por las víctimas, especialmente, de explotación sexual. No se puede ignorar que el paisaje de la explotación sexual en la UE se ceba cruelmente con las mujeres víctimas de trata”.

La jefa de la delegación de Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, vicepresidenta de la comisión FEMM, afirma: “La trata de seres humanos es uno de los crímenes más deleznables que se producen en la Unión Europea. Casi el 75% de las víctimas son mujeres y niñas, la mayoría con fines de explotación sexual, pero hablamos también de esclavitud en explotaciones agrícolas, servidumbre en hogares, gestación subrogada, mendicidad y delincuencia forzada... Diez años después de la aprobación de la Directiva, su implementación es muy deficiente, la mayoría de las víctimas siguen siendo invisibles y no disponemos de un sistema que las proteja realmente. Esto se debe a la escasez de datos, a la falta de herramientas y equipos capacitados para identificarlas y protegerlas rápidamente y a las situaciones de vulnerabilidad extrema que viven, que hacen que no puedan o no quieran denunciar por miedo a las represalias. Pero sobre todo se debe a que la trata es un negocio rentable: si existe una ‘oferta’ es porque existe una ‘demanda’ atroz que la sostiene, una demanda de seres humanos para ser explotados”.

La eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, también ponente del informe, ha afirmado por su parte en el debate: “Con la implementación de la directiva contra la Trata de Personas, pedimos un enfoque holístico para la lucha contra este crimen. Las víctimas necesitan justicia y reintegración y para protegerlas, tenemos que identificarlas. Pedimos un decidido impulso político entre la Comisión, Agencias Europeas y Estados Miembros para acabar con este horrible crimen. Los Estados deben tipificar como delito el uso consciente de los servicios prestados por víctimas de trata”.

La eurodiputada de Vox, Margarita de la Pisa, ha centrado su intervención del debate en la “inmigración ilegal”. La representante de la extrema derecha también ha arremetido contra lo que llaman “ideología de género”.