Que la violencia de género sea un eurodelito. Es lo que ha pedido el Parlamento Europeo este jueves, sin el voto del Partido Popular de Pablo Casado y la oposición de Vox y el resto de la extrema derecha. Así, una vez aprobado el informe en el pleno, la Comisión Europea debería presentar una directiva que establezca estándares mínimos y definiciones comunes en todos los países de la UE que cumplan con los compromisos de la UE en el Convenio de Estambul. El resultado final sobre el informe, cuyo ponente es la eurodiputada Diana Riba (ERC/Verdes), ha sido: 427 votos a favor, 119 en contra y 140 abstenciones –la mayoría del PP europeo–. Entre los votos en contra se encuentra, junto con los de los ultraconservadores y la extrema derecha, el de una eurodiputada popular, Isabel Benjumea.
De acuerdo con las estadísticas del Parlamento Europeo, una de cada tres mujeres de la UE ha experimentado violencia física y/o sexual. Alrededor de 50 mujeres son asesinadas cada semana en episodios de violencia de género, mientras el 75% de las mujeres en el entorno profesional declaran haber sufrido acoso sexual.
A juicio de los eurodiputados, la normativa europea debe incluir los estándares de la Convención de Estambul –que no está suscrita por los 27 Estados miembros–, que incluye la definición de una violación como la falta de consentimiento; apoyar servicios de protección y reparación para víctimas; o medidas específicas para toda forma de violencia por motivo de género o identidad de género, así como abusos sexuales y explotación. No obstante, la decisión final estará en los Gobiernos de los 27 Estados miembros, donde la unanimidad necesaria al respecto se prevé complicada.
Los eurodiputados, además, denuncian el feminicidio como la forma más extrema de violencia de género contra las mujeres y las niñas y recalcan que la denegación del aborto legal y sin riesgo también es una forma de violencia de género. Recuerdan a este respecto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado en varias ocasiones que la legislación restrictiva sobre el aborto y la falta de aplicación violan los derechos humanos de las mujeres.
Asimismo, agregan que las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos, incluida la violencia sexual, ginecológica y obstétrica y las prácticas nocivas, constituyen una forma de violencia de género contra las mujeres y las niñas, así como contra las personas transgénero y no binarias.
La resolución hace hincapié en las consecuencias adversas a nivel personal, social y económico que tiene la violencia de género y reiteran que la situación se ha visto exacerbada por la pandemia, con aumentos de hasta el 60% en las llamadas de emergencia de mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja. El confinamiento dificultó, además, la búsqueda de ayuda, agravando una «pandemia en la sombra», lamentan los eurodiputados.
El texto también afirma que la falta de confianza de las víctimas en las autoridades policiales y el sistema judicial contribuye de manera importante a la infranotificación. Para combatirla y evitar también la doble victimización, pide a los Estados miembros que mejoren los recursos y la formación de médicos, policías, jueces, forenses y otros profesionales que tratan con víctimas de la violencia de género.
El informe de los eurodiputados pide que la violencia de género se agregue a la lista de delitos transfronterizos en la UE, lo que aportaría la base jurídica para una elaborar directiva que también aborde aspectos relacionados con el derecho penal. En la actualidad, los delitos incluidos en el artículo 83 del Tratado de la UE son los siguientes: el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada.
La consecuencia de ello es que, una vez que está un delito incluido en esa lista, el Parlamento Europeo y el Consejo –los Gobiernos, si bien por unanimidad– pueden establecer a través de directivas “normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimensión transfronteriza derivada del carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad particular de combatirlas según criterios comunes”.
El voto ha llegado 24 horas después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya anunciado una ley europea sobre violencia de género, sin concretar su contenido. “El anuncio de la presidenta de la Comisión de que propondrá una ley para combatir la violencia contra las mujeres, incluido el enjuiciamiento efectivo, es una gran victoria para todas las mujeres”, ha afirmado la presidenta de los socialistas en la Eurocámara, Iratxe García: “También para los socialdemócratas, ya que llevamos muchos años pidiendo que este crimen sea reconocido en la legislación europea. El Parlamento vota un informe para identificar la violencia de género como una nueva área delictiva enumerada en el artículo 83 del Tratado de la UE y, sorprendentemente, todavía hay algunos grupos en esta Cámara en contra. Esto demuestra que todavía hay mucho trabajo por hacer para crear conciencia y cambiar las mentalidades”.
“La violencia de género debe perseguirse en toda la UE por igual. Por su gravedad, por su dimensión transfronteriza y porque solo acabaremos con ella con medidas comunes”, ha dicho en el pleno la jefa de la delegación de Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop: “Gobiernos y lobbies negacionistas intentarán evitarlo. Es incomprensible que los crímenes contra las mujeres se consideren menos graves que delitos como la corrupción o la delincuencia informática, que sí se persiguen en la UE de forma más homogénea, coordinada y con más recursos”.
La eurodiputada Diana Riba (Verdes/ERC), ponente del informe –junto con Malin Bjork, de La Izquierda–, afirma: “El mensaje del Parlamento es claro. Necesitamos más y mejores herramientas para combatir la violencia de género. Pedimos definiciones jurídicas comunes, estándares y penas mínimas en toda la Unión. Es el momento de actuar para incluir la violencia de género en la lista de delitos europeos, y de presentar una directiva amplia para luchar contra una de las violaciones de los derechos humanos más graves y persistentes de la historia de la humanidad”.
La eurodiputada popular Rosa Estarás fue la encargada de criticar el informe, en particular por el hecho de que el texto considere violencia contra las mujeres las trabas al aborto “legal y seguro” como ocurre en países como Polonia.
Mientras tanto, la extrema derecha votó en contra. La eurodiputada de Vox Margarita de la Pisa habló de “tiranía del pensamiento único e ingeniería social”.
Apoyo de Bruselas a España
La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, resaltó el “significante progreso” de los derechos LGTBIQ en España, pero advirtió que no se “puede bajar nunca la guardia” porque persiste el rechazo a personas del colectivo.
“Debemos ser todo ojos y estar siempre vigilantes porque, a pesar de los progresos realizados en varios países, como España y Malta por ejemplo, todavía se encuentran personas que no son aceptadas”, alertó Dalli en una conversación durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) con varios medios de comunicación españoles, entre ellos Efe.
Asimismo, la titular de la cartera europea de igualdad destacó que el Gobierno español ha demostrado que la lucha contra la violencia machista y doméstica es una “prioridad” en su agenda y celebró la “determinación” de España para acabar con la desigualdad de género.
Dalli quiso recordar que el Ejecutivo comunitario está trabajando en la propuesta legislativa para prevenir y combatir la violencia de género, la cual será presentada a finales de este año y permitirá contar a la UE con su propia legislación en esta materia para “reforzar las medidas de protección hacia las mujeres”.
“No todos los Estados miembros han ratificado el Convenio de Estambul (contra la violencia machista). Así que, junto a esta propuesta, también seguiremos intentando finalizar la adhesión de la UE al convenio. Pero eso está resultando muy difícil”, reconoció.
Los seis países de la UE que aún no han ratificado el Convenio son Hungría, Letonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa y Bulgaria, aunque todos lo han firmado, como también ha hecho la Unión Europea en su conjunto. Polonia, que se encuentra entre los que lo han ratificado, amenaza con salirse, como hizo Turquía.
Dalli también reivindicó que las “mujeres trans son mujeres” y subrayó que no hay “ninguna duda al respecto”. La hoja de ruta para luchar contra la discriminación LGTBIQ en la UE entre 2020 y 2025 que presentó la Comisión Europea el pasado año recoge entre sus objetivos mejorar el “reconocimiento de las personas transgénero y no binarias, y de las personas intersexuales”.
“Soy consciente del incremento del número de crímenes de odio denunciados y, como siempre digo, no podemos bajar nunca la guardia contra el odio y la discriminación”, concluyó.