La mayoría de grupos políticos del Parlamento Europeo pide la retirada de la reforma del aborto
La mayoría de grupos políticos del Parlamento Europeo han reclamado esta mañana la retirada del anteproyecto de ley del aborto propuesto por el Gobierno español. La sesión plenaria abarcaba el debate como segundo orden del día, titulado “No discriminación en los derechos sexuales y reproductivos”. La discusión fue promovida por el grupo socialista español, en su intención de llevar el tema del aborto a Europa, donde las leyes de supuestos como la que plantea el Ejecutivo son una minoría. Desde el Partido Popular Europeo (PPE) pidieron que el asunto se deje en manos de las autoridades españolas, ya que Europa no tiene competencia en la materia.
Ayer, en una rueda de prensa, varias fuerzas políticas de la Cámara de Estrasburgo mostraron su rechazo al anteproyecto. El presidente del grupo socialdemócrata en la Cámara, Hannes Swoboda, afirmó que “es un derecho básico para la mujer decidir sobre su sexualidad y expresión en la sociedad. Nadie puede decidir sobre su cuerpo”. Junto a él, Mikael Gustafsson, presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad del Parlamento Europeo, criticó también la medida, para lo que ha redactado una carta de rechazo que están firmando los eurodiputados en contra de la ley. La socialista Iratxe García, Willy Meyer (Izquierda Unida), Inês Zuber (Portugal) y Marie-Christine Vergiat (Francia) completaron este discurso de oposición.
Esta mañana, los eurodiputados españoles Iratxe García (PSOE), Raul Romeva (ICV), Willy Meyer (IU), Izaskun Bilbao (PNV) e Iñaki Irazabalbeitia (Aralar) coincidieron en mostrar su rechazo a la ley del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ante una Cámara con bastantes ausencias. “Europa no puede permanecer impasible mientras Rajoy pretende acabar con décadas de lucha de las mujeres. Esa ley quiere imponer a todas las mujeres la moral de una parte de la población”, dijo la socialista Iratxe García. Meyer mostró en su escaño, al igual que otros diputados, una pancarta con el mensaje “Nosotras parimos, nosotras decidimos”. El diputado de IU consideró que ese anteproyecto de ley es consecuencia del “patriarcado fundamentalista ultracatólico del Gobierno español”. En sus intervenciones en el debate, Romeva, Irazabalbeitia y Bilbao coincidieron en reclamar una legislación europea del derecho al aborto para garantizar los mismos derechos a todas las ciudadanas europeas.
Las voces opositoras no solo están entre las filas de los diputados españoles, como mostró la rueda de prensa de ayer. La liberal holandesa Sophia in’t Veld, presidenta del grupo de trabajo de salud sexual y reproductiva en el Parlamento, manifestaba de forma tajante su opinión a través de su cuenta de Twitter: “La intervención de los miembros conservadores del Parlamento Europeo sobre salud sexual y reproductiva muestra que los dinosaurios no están extinguidos”.
Michael Cashman, laborista británico del grupo socialista, amplió el problema a toda Europa. “Este proyecto nos afecta a todos. Socavar los derechos de las mujeres españolas afecta también a las de fuera, turistas y residentes”, apuntó.
Por su parte, Teresa Jiménez Becerril, eurodiputada del Partido Popular, defendió la actuación del Gobierno y rechazó que el asunto se debatiese en el Parlamento Europeo, por su falta de competencia en el asunto. “Ustedes quieren saltarse las reglas del juego democrático que debe jugarse en el parlamento nacional”, dijo Becerril, donde recordó que el PP tiene mayoría absoluta y, por tanto, “está legitimado” para llevar a cabo la reforma. “No admito que nadie diga que el PP no defiende los derechos de la mujeres, pero se trata de conciliar esos derechos con el derecho a la vida”, afirmó.
La Comisión Europea envió a Siim Kallas, vicepresidente y comisario de Transportes, una disciplina completamente diferente al tema de la sesión. Kallas rebajó la importancia del debate al afirmar que la cuestión del aborto queda fuera de las competencias del Ejecutivo comunitario. “La definición de las políticas sanitarias es un asunto que depende de las autoridades de los Estados miembros”, dijo Kallas, que en cualquier caso “deben aplicarse sin discriminación”.
