Isabel Díaz Ayuso anunciaba este martes que la Comunidad de Madrid está trabajando en un proyecto experimental de “Cartilla COVID-19”. Aquellos que hayan pasado la enfermedad, tengan anticuerpos o tengan una PCR negativa, podrían obtener esta cartilla. Según declaraciones de Díaz Ayuso, con esta medida “sería mucho más fácil evitar confinamientos, acceder a gimnasios, a museos, a cines y a cualquier recinto cerrado. Y que las personas que no contagien puedan seguir con su ”vida normal“ y extremar las precauciones sobre los vulnerables”.
“Ningún organismo internacional, ni la OMS, ni el decreto ley que hemos preparado contempla este tipo de medidas”. Con estas palabras el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha desestimado la idea de la presidenta de la Comunidad de crear una ‘cartilla COVID-19’ para identificar a aquellas personas que presenten anticuerpos.
Aún se desconocen numerosos detalles de esta iniciativa, como quiénes serían los responsables de realizar estas pruebas a la población (incentivadas de forma masiva con esta cartilla), si el coste lo tendrían que asumir los ciudadanos o qué privilegios tendrían las personas con cartilla con respecto a aquellas que no contarían con ella.
Esta propuesta experimental no es novedosa. Fue algo que, con el nombre de “pasaporte inmunitario”, se propuso hace meses en diferentes países como opción para la salida del confinamiento. Ninguno, salvo Estonia, ha decidido seguir adelante con este documento. Esta propuesta también surgió del gobierno catalán en abril, pero no se llegó a materializar. Además de la OMS, otras autoridades sanitarias como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y diversos expertos en salud pública han desaconsejado el pasaporte inmunitario por carecer de respaldo científico en estos momentos.
Las dudas sobre la inmunidad
Al margen de los diversos problemas legales relacionados con la privacidad y éticos (por la desigualdad y la segregación social que podría ocasionar), existen múltiples razones médicas que no respaldan la implantación de este documento como una medida de salud pública.
En primer lugar, dado que este documento aporta privilegios sobre las demás personas en la vida diaria, puede incentivar la infección deliberada por coronavirus, especialmente en personas jóvenes que tienen un riesgo muy bajo de padecer complicaciones o fallecer. Las llamadas “fiestas COVID” o “fiestas del coronavirus”, en las que se organizan reuniones con la intención de contagiarse (y que se han dado en países como Estados Unidos) podrían surgir como respuesta a la implantación de las cartillas.
Otro problema asociado a la 'cartilla COVID' es el actual desconocimiento sobre múltiples facetas de la inmunidad contra el coronavirus. Se piensa que la práctica totalidad de las personas que pasan la COVID-19 presentan inmunidad (pues no hay casos demostrados de reinfección), pero se desconoce cuál será la duración de esta protección frente al coronavirus, más allá de 6 o 7 meses.
Por otro lado, la absoluta mayoría de las pruebas de anticuerpos cuentan con grandes limitaciones en su sensibilidad y especificidad, lo que se traduce en variados porcentajes de falsos positivos y negativos. Estos resultados irreales podrían provocar que las personas que tuvieran un falso positivo para anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 pudieran estar convencidas de que son inmunes. Ante esta idea, podrían abandonar o relajar las diferentes medidas de prevención contra la COVID-19 y hacer vida social normal gracias a las cartillas cuando, en realidad, son vulnerables a la infección y podrían contagiar a otras.
Además, también habría personas que podrían ser inmunes al coronavirus y darse la paradoja de que no pueden acceder a la cartilla COVID por varias razones. Una posibilidad es que la prueba de anticuerpos dé un falso negativo, cuando, en realidad, sí hay anticuerpos protectores presentes. Otra situación es que la persona, pese a no contar con anticuerpos detectables, sí posea células de memoria que le protegen frente a otra infección por el coronavirus.
Anticuerpos que desaparecen con el tiempo
El estudio de seroprevalencia en España detectó que el 14% de los españoles que dieron positivo en anticuerpos IgG en la primera oleada del estudio arrojaron un resultado negativo en la tercera oleada. Varios estudios científicos han observado el mismo comportamiento de los niveles de anticuerpos en sangre, que decaen con el paso de los meses, hasta que son indetectables en muchas personas.
En otras palabras, un gran porcentaje de las personas que pasaron la COVID-19 hace meses y no se realizaron pruebas en dicho momento no podrán obtener nunca la cartilla COVID. Por la sencilla razón de que sus niveles de anticuerpos han descendido hasta ser indetectables o no los generaron a la hora de combatir la infección y no pueden dar positivo en las pruebas de anticuerpos (pese a que sean inmunes a través de otros elementos del sistema inmunitario, como la inmunidad celular). Según el estudio de aeroprevalencia, alrededor del 12% de la población madrileña habría padecido la COVID-19. Cierto porcentaje de ellos jamás podrá tener la cartilla porque sus anticuerpos en sangre ya han desaparecido. No solo hay dudas sobre la duración de la inmunidad frente a la COVID, sino que las pruebas de anticuerpos son una herramienta muy limitada para conocer esta inmunidad.
Por otra parte, una prueba PCR negativa solo ofrece una “fotografía” de que una persona no está infectada por el coronavirus en el momento en el que se obtiene la muestra y tampoco hay certeza absoluta de ello. Existe el periodo ventana, el intervalo de tiempo en el que una persona está infectada en una fase inicial y que no muestra positivo en la PCR porque el virus no se encuentra en unos niveles detectables todavía. También existe el riesgo de falsos negativos por esta prueba que detecta el ARN del virus. Este riesgo varía según el momento de la infección y de cómo se toma la muestra y puede ir desde un 5 a un 40% de falsos negativos.
En cualquier caso, una PCR verdaderamente negativa no descarta que al minuto de realizarse esta prueba se produzca una infección por el coronavirus y no es técnicamente viable realizar estas pruebas con una elevada frecuencia en la población. En conjunto, todas estas razones descartan la implantación de las cartillas COVID como una estrategia viable de salud pública.