Madrid tendrá tres nuevas universidades privadas, y ya serán 13 frente a las 6 públicas. Con este trío de nuevos centros, aprobados contra la opinión de la comunidad universitaria por Ángel Garrido (PP), la relación entre centros públicos y privados en la región ahonda en un camino que ha recorrido el Estado en general en los últimos años: el número de centros de iniciativa privada crece sin parar (serán 37 con las nuevas madrileñas, el 43% del total) mientras los públicos se mantienen estables desde hace décadas en 50 (57%).
¿Tenemos demasiadas universidades privadas? Para Carlos Andradas, rector de la Universidad Complutense de Madrid, sí. “La última pública, la Politécnica de Cartagena, se creó a principios de los 90. Las privadas no paran de crecer”, comenta.
Así y todo, este no es el principal problema que detectan los rectores con la proliferación de centros privados. “Más que el número, que también, es el concepto”, explica Andradas. “Estas tres madrileñas que están sobre la mesa ahora proponen un tamaño de 2.500-3.000 estudiantes. Yo llamaría a eso muchas cosas, pero no universidades. Son grupos muy pequeños que obedecen a intereses particulares”, argumenta. La Complutense, la más grande del país, tiene 75.000 estudiantes.
El problema de origen hay que buscarlo, opina Andradas, en que a los nuevos centros privados no se les ponen casi requisitos para ser aprobados. “A nivel nacional, [el exministro de Educación, José Ignacio] Wert, fijó que la única condición para crear una universidad privada, aparte de unos estándares físicos de espacio, etc., era ofrecer ocho titulaciones oficiales, nada más, sin siquiera especificar si grado o máster. Es una ridiculez. ¿Qué clase de universidad es esa? Nos parece incomprensible que no haya unos requisitos de investigación, etc. Eso es la calidad de un centro”, reflexiona.
Las comunidades autónomas pueden fijar sus propias condiciones, pero en el caso de Madrid no existen. Y va sumando universidades.
Mirando el panorama general, dicen los datos que mientras el número de universidades públicas parece haber tocado techo en 50, cifra que lleva inmutable desde 1998, las privadas aún están por descubrir el suyo.
Históricamente, España tuvo cuatro universidades privadas (Deusto, Pontificia de Comillas, Pontificia de Salamanca y Navarra), situación que duró hasta principios de los 90, cuando comenzaron a dispararse. Primero, lentamente. En 1995 había siete. A partir de ahí, el crecimiento fue ganando velocidad: 22 en 2994, 28 en 2010, 33 en 2014.
Así, en los últimos 20 años, el número de centros de educación superior de iniciativa particular se ha multiplicado por cinco. De las siete universidades privadas existentes en 1995 se ha pasado a las 34 actuales (serán 37 cuando las tres nuevas madrileñas sean una realidad). La balanza ahora se equilibra: 50 públicas, 37 privadas. En 1998 la relación era 50-18.
Expertos señalan a la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada por el PP en 2001, como la incitadora de este cambio en la relación de fuerzas. En aquel momento, la nueva ley universitaria incorporó las disposiciones de dos decretos anteriores donde se especificaban por primera vez los requisitos mínimos que debían tener las universidades privadas de nueva creación, según explica Esther Simancas, profesora de la Universidad de Cádiz y autora, junto a Marcial García López, de la Universidad de Málaga, del estudio Historia de un secuestro: de la Iglesia a la Marca. Evolución Histórica de la Universidad en España.
“El incremento exponencial de las universidades privadas es consecuencia inequívoca de la cobertura legal que se comienza a dar a estas con la LOU”, escriben. “Las modificaciones más importantes se pueden resumir en que las universidades privadas tendrán personalidad jurídica y adquirirán idénticas competencias que las públicas, se regirán por las mismas normas de organización y funcionamiento y estarán sujetas a los mismos mecanismos de evaluación; se reconoce la participación de sus rectores en el Consejo de Universidades y, por otra parte, se introducen cambios en la financiación y en la gestión de todo el sistema universitario que incrementan la participación privada y que desplazan los costes hacia el usuario final”, añade Simancas.
“La LOU es, sin duda, una respuesta política, que se sustenta en considerar a la iniciativa privada como un aliado estratégico en el logro de una educación más pertinente y de mejor calidad, y no como una competencia o amenaza”, escribe Isidro Moreno Herrero, profesor en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Complutense.
Y las privadas están sabiendo encontrar su pedazo de la tarta. Favorecidas también por la subida de las tasas en las públicas como consecuencia de la apertura de mano con los precios que realizó Mariano Rajoy nada más llegar a La Moncloa en 2011, las universidades privadas están ganando la batalla por los alumnos del siempre goloso mercado de los másteres.
Con un mercado laboral cada vez más competitivo, la especialización que ofrecen los másteres universitarios se cotiza en las empresas. Cada vez más alumnos optan por cursar uno, en parte como consecuencia de la degradación, presente y futura, de los grados y por el paro juvenil.
La rebaja de las carreras tradicionales que trajo consigo el plan Bolonia (muchos títulos pasaron de cinco a cuatro años) impulsó los posgrados. Y estos son sensiblemente más caros que los grados (las matrículas pueden costar el doble). Súmese a esta necesidad de especialización el hecho de que los precios públicos se dispararon desde 2012, acercándose a los de la privada, junto al hecho de que los centros de iniciativa particular son más flexibles a la hora de plantear sus estudios. En esos factores se mueve el trasvase de alumnos.
En cifras: los centros privados llevan varios años ganado alumnos de máster. De los 7.668 que tenían en el curso 2008-09, un 15% del total de los que cursaban un posgrado, han pasado a 73.744 el 2017-18, un 36%. Las públicas también suman más alumnos, pero pierden porcentaje. En 2008-09 matriculaban al 85% de los estudiantes de máster (42.753). Nueve cursos después, el porcentaje ha caído al 64% (131.305).
La disparidad proporcional salta a la vista cruzando estos datos con los estudios de grado, las clásicas carreras. En este apartado, las cifras se mantienen bastante estables en el tiempo: la Universidad pública acogía hace diez años al 89% de los alumnos (1.232.290). Hoy en día el porcentaje es del 85% (1.098.184 estudiantes).