Las exhumaciones pendientes de los fusilados del franquismo enterrados junto a su verdugo

Celebran con satisfacción contenida lo que para muchos llega 40 años tarde. La exhumación de Franco del Valle de los Caídos, que finalmente será este jueves, corrige una anomalía democrática, pero aunque todos los ojos miren estos días al dictador, los suyos se fijan en otros restos. Son los familiares de los represaliados enterrados en Cuelgamuros, la mayor fosa común de España, que aún pelean para recuperar lo que quede de ellos y sacarles de donde, dicen, nunca deberían haber estado.

A sus 86 años, Mercedes Abril describe minuciosamente el momento en el que vio a su padre, Rafael, por última vez, cuando tenía tres. Fue el 17 se septiembre de 1936, apenas dos meses después del inicio de la guerra. “Estaba afiliado al PSOE. Mi abuelo había conocido a Pablo Iglesias. Ese fue su único pecado, fíjate. La Guardia Civil se lo llevó en un camión mientras mamá y yo estábamos en casa”, cuenta a eldiario.es. Cuatro cartas enviadas desde el Mercado de Abastos de Calatayud, convertido en cárcel, fue lo poco que supieron de él hasta que dejaron de recibirlas. 

Nadie les contó a Mercedes y a su madre dónde estaba Rafael hasta que descubrieron pasados los años que, tras permanecer en una fosa en la ciudad zaragozana, su cadáver había sido trasladado al Valle de los Caídos. “Nos causó mucho dolor pensar que estaba junto al autor de su muerte y al responsable de tanto sufrimiento en la familia”. Por eso, sacar a Franco del mausoleo en el que le enterraron con honores es un consuelo, pero insuficiente. “A papá me lo quitaron dos veces. Me lo mataron y me lo escondieron. Y tengo derecho a recuperarlo. Tenemos derecho a los nuestros”, anuncia.

Como ella, otras tantas familias buscan sin descanso a sus familiares enterrados en Cuelgamuros, adonde el traslado de cuerpos sin permiso se efectuó desde fosas comunes y cementerios de casi todos los puntos de España. En él están enterrados 33.815 cadáveres, 21.423 de ellos identificados, según el mapa de fosas elaborado por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido exhumado aún a pesar de que un juez autorizó ya hace tres años que una familia tenía derecho a ello. Se trata de los hermanos Lapeña, Manuel y Antonio Ramiro, fusilados en 1936. 

El fallo arrojó esperanza porque las familias esperan que el caso abra la puerta a otras exhumaciones, al menos las del grupo de trasladados al Valle desde Calatayud, como el padre de Mercedes. Sin embargo, el fallo judicial inauguró un laberinto lleno de obstáculos en el que aún no se atisba la salida. Eduardo Ranz, abogado de la familia, apunta a que la paralización se ha debido, en un principio, “a la negativa del prior de la Abadía, Santiago Cantera” –que también ha intentado obstaculizar la exhumación de Franco–, y ahora a la “inacción por parte de Patrimonio Nacional”.

El organismo, que debe autorizar los trabajos técnicos, ha pedido recientemente nuevas aclaraciones al Instituto Eduardo Torroja del CSIC, que le ha entregado un informe en el que concluye que es posible el acceso y la extracción de cajas sin dañar la estructura de la cripta. Pero parece que aún no es suficiente. “En la práctica, exhumar a los Lapeña es exhumar al resto de Calatayud, que son seis, porque trabajamos con la hipótesis de que están en la misma caja”, explica Ranz. Sin embargo, cada familia debe contar con una autorización que reconozca este derecho, algo que tienen de momento cuatro. 

La ley lo contempla

Todo ello teniendo en cuenta que el decreto que autoriza la exhumación de Franco añadió un apartado nuevo a la Ley de Memoria Histórica en el que se establece que en el Valle de los Caídos “solo podrán yacer los restos de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española” para simbolizar “la conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”. El preámbulo establece que uno de sus objetivos es “poner fin” a la situación que impide este propósito y, en consecuencia, “habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las caídas durante la guerra”.

Ranz razona que la cada vez más próxima exhumación del dictador “debería abrir la puerta” al resto, aunque especifica que hay diferencias. “Franco está en suelo religioso y los restos de los represaliados están en suelo administrativo, que es competencia de Patrimonio Nacional”. Esta, la competencia de este organismo, es, de hecho, la respuesta que ofrece el Ministerio de Justicia a las preguntas de este medio al respecto.

Mientras, las víctimas denuncian su hartazgo. “No podemos entender por qué llevamos tanto tiempo esperando. Es una humillación que estén enterrados ahí, junto a su verdugo”, lamenta Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos y sobrina nieta de uno de ellos. El tiempo, explica, es “crucial” porque “mucha gente es muy mayor y está esperando solo a esto. Otros ya se han muerto...”. Su madre, Josefa, que va a cumplir 78 años, lleva reclamando la exhumación de su tío desde hace más de diez, pero aún aguarda. 

Silvia y su madre sabían que Jose Antonio Marco Viedma, al que llaman Pepe, había sido fusilado el 2 de septiembre de 1936, el mismo día que fue secuestrado en su casa por agentes de policía, falangistas y guardias civiles, pero siempre pensaron que estaba enterrado en una fosa común. Posteriormente descubrieron que había sido traslado a la basílica en 1959. “Basta ya de seguir reproduciendo el dolor que se infringió hace tanto. Estamos viendo cómo se pone toda la carne en el asador para exhumar a Franco, pero ¿qué pasa con nosotros?”, se pregunta Silvia.

“Abrazar” los resto de su padre

Esta mujer recuerda el momento en que Patrimonio Nacional les ofreció hace unos años ir al Valle de los Caídos “cuando quisiéramos” a visitar los restos de Pepe, pero “mi madre se negó en rotundo. Siempre dice que lo único que quiere es ir a la verja a recoger la caja, nada más”. Mercedes también sueña con ese día, con poder “abrazar” los restos de su padre y darle una sepultura digna, en Valladolid, donde ella vive y está enterrada su madre. Ambas se vieron obligadas a trasladarse allí con sus abuelos tras el asesinato de Rafael, que era ferroviario, porque fueron expulsadas de la casa en la que vivía la familia, la de la estación de tren de Calatayud.

Mercedes es una de las personas que el pasado mes de marzo accedió junto a otros familiares al Valle de los Caídos por primera vez en una visita simbólica acordada con el Ministerio de Justicia a la espera de las exhumaciones. Unos meses antes se procedió a la toma de muestras del ADN de algunos familiares para, en el futuro, ser cotejados con los restos que se saquen del Valle. El Gobierno ha dado algunos pasos en este sentido durante este año, pero nada ha culminado todavía en lo que esperan las víctimas. 

En este sentido, Ranz denuncia que el “Consejo de Administración de Patrimonio Nacional pueda más que el Consejo de Ministros” y califica de “incoherencia” que las familias subieran a Cuelgamuros y “recibieran una explicación encaminada a que iba a continuar el trabajo y todavía sigan así”. A Silvia, además, le preocupa otra cuestión más de fondo relacionada con el hecho de que sean los propios familiares los que tengan que iniciar los trámites para pedir las exhumaciones. “En el fondo, la Ley de Memoria Histórica privatiza la memoria”, señala.

En todo este proceso, durante todos estos años, solo algunas veces, dice Mercedes, la desesperación impregna su ánimo. Su voluntad inquebrantable, sin embargo, la mantiene en el empeño. “Mientras pueda haré todo lo que sea posible por encontrar los huesos de papá”, exclama con la voz de quien aún tiene todo por ganar. “El tiempo se me agota. Y tengo paciencia y la voy a tener, pero la paciencia se termina cuando llega el final”.