El 12 de septiembre de 2013, la sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a cuatro personas a penas de entre 10 y 18 años de prisión con una sentencia que, por vez primera, establecía como hecho probado que todas ellas pertenecían a una organización terrorista a la que se llamó “Resistencia Galega”.
Según el fallo, basado en informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el objetivo de esta supuesta banda armada sería el de “lograr la independencia del territorio histórico de Galicia respecto de España, subvirtiendo para ello el orden institucional, a fin de establecer unas señas de identidad gallega, en la defensa de la tierra y del medio ambiente; para lo cual justifican el empleo de la violencia contra las personas y los bienes como único medio de lograr sus propósitos”.
A día de hoy Resistencia Galega es, según fuentes del Ministerio del Interior consultadas por eldiario.es, una organización terrorista en activo. No la única, como así ha salido publicado en diferentes medios, pues según estas mismas fuentes “ETA todavía no se ha disuelto”. Hace unos días, de hecho, la Brigada de Información de la Policía Nacional aseguró, a través de un atestado policial, que fue “una escisión de Resistencia Galega” la que organizó los disturbios que se produjeron la noche del 22M, durante la manifestación de las Marchas de la Dignidad.
¿Pero existe realmente Resistencia Galega? ¿Hay activo, ahora mismo, un grupo terrorista organizado en Galicia? Pese a la sentencia, a los informes y al mencionado atestado policial, existen numerosas dudas al respecto.
El profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Taibo, estuvo presente en el juicio contra las cuatro personas que finalmente fueron condenadas por terrorismo. Acudió llamado por la defensa para explicar un análisis pericial que había realizado sobre los informes de la Guardia Civil, en los que observó que “hay un salto peligroso entre lo que es la intuición y sospechas y lo que son certezas”.
Respecto a las declaraciones de los miembros de la Guardia Civil que redactaron el informe, Taibo asegura que fueron “relatos muy imaginativos basados en datos desperdigados”. “No tenían mucha sustancia”, reconoce antes de poner en duda que realmente exista Resistencia Galega. De hacerlo, señala, no cabe duda que “se trataría de una operación de inflado que responde a una necesidad objetiva de los servicios de inteligencia por buscar un enemigo gracias al cual mantener las estrategias represivas e incluso puestos de trabajo”. “Es una intuición que pasa por la cabeza de mucha gente”, asegura.
Así lo piensa también el escritor y filósofo Santiago Alba Rico, que conoce a alguno de los encausados. Para Alba Rico, hubo muchas “irregularidades” en el juicio, sobre todo “los testimonios de la Guardia Civil”. “Eran declaraciones fiduciarias, simplemente creían que Resistencia Galega existía, era su convicción personal”, denuncia. En un artículo escrito tras la celebración del juicio, el filósofo reparó en que “la única prueba de que los jóvenes independentistas son terroristas es que pertenecen a una organización terrorista, pero la única prueba de que pertenecen a una organización terrorista es que son terroristas”.
Se trata, apunta, de una tautología “contraria a cualquier estado de derecho”. Cuenta, además, que durante el proceso no se llegaron a presentar como pruebas ni siquiera “panfletos con algún sello de la banda”. “Muchas de sus premisas se basaban únicamente en pintadas que llamaban a la resistencia”, señala.
El motivo por el que desde el Gobierno se trata de convencer de la existencia de este supuesto grupo terrorista responde, según Alba Rico, a una “evidente estrategia para criminalizar, en el crepúsculo del régimen, a cualquiera que esté en contra del orden constitucional vigente”. No es más que una maniobra de criminalización, insiste. ¿Y por qué se ha situado en Galicia? Porque allí, opina, el independentismo es más vulnerable que, por ejemplo, en Catalunya, y ahora que ya “no pueden rentabilizar la lucha armada de ETA”, se busca otra zona política con la que volver a “legitimar la represión, la criminalización, incluso el negocio”.
La noche del 22M
La noche del 22MEl Ministerio del Interior, pese al atestado policial que afirmaba que detrás de los disturbios de la noche del 22M se encontraba una escisión de Resistencia Galega, ha confirmado a eldiario.es que es algo que todavía se está investigando.
Sobre el atestado, el profesor Carlos Taibo considera que “produce risa”. “Dijeron que era una escisión de unas 200 personas, cuando en su momento se dijo que Resistencia Galega eran solo 15 personas”, dice para añadir: “Es más, el mundo independentista gallego presuntamente relacionado con esta organización no convocó la marcha. Todo suena a invención”.
Tampoco Borxa, militante de Ceivar, Organismo Popular Anti-Repressivo, entiende veraz el atestado. De hecho, él quiere destacar que hasta los propios organizadores gallegos de las Marchas de la Dignidad declararon, después de que la Policía hablase de Resistencia Galega, que “ellos eran la resistencia gallega”. “¿Si realmente existiera una organización terrorista llamada Resistencia Galega, dirían los organizadores del 22M que lo son?”, se pregunta.
El BNG y desde AGE desconfían igualmente del atestado policial. Para el secretario de organización de BNG, Bieito Lobeira, es “ciencia ficción de la mala, no tiene ningún tipo de credibilidad y está construido en base a la mentira”. La viceportavoz de AGE y coordinadora nacional de Esquerda Unida (EU) en Galicia, Yolanda Díaz, del mismo modo, cree que se debe, de nuevo, a una “necesidad de criminalizar la protesta y ubicar a toda persona que combate las políticas del PP con el terrorismo”.
Mediante la relación de lo acontecido aquel día con Resistencia Galega, el Gobierno busca “generar miedo”, entiende el filósofo Santiago Alba Rico, que piensa que buscan tal efecto hablando de “radicalización de aquellos que tienen más experiencia militante”.
La estrategia de deslegitimación
Según la sentencia, Resistencia Galega, a quien la Policía y la Guardia Civil atribuye diversos atentados sin víctimas con diferentes artefactos explosivos, nació el 20 de julio de 2005, día en el que se publicó en internet un texto titulado “Manifesto pola resistência galega”, que defendía “el uso de la violencia como medio válido para lograr sus objetivos”, y “puso de relieve” su “permanencia” en un “segundo Manifiesto pola resistência galega” publicado el 3 de octubre de 2011, que hacía referencia al primero “justificando la lucha armada como única salida hacia la liberación de la nación gallega”. Sin embargo, ninguna de las personas condenadas, tampoco las que fueron detenidas y señaladas como miembros de la supuesta organización, reivindicaron nunca su pertenencia a banda alguna.
“No existe ni una sola persona que se diga miembro, ni siquiera cuando son condenados a 20 años de cárcel”, defiende Borxa, de Ceivar, una asociación a la que el periódico ABC llegó a situar en un supuesto entorno de Resistencia Galega. Borxa recuerda que en Galicia todo lo relacionado con este asunto “se percibe como un absurdo”. “Para empezar, porque es una organización armada a la que no se encontraron armas, que no ha reivindicado ningún atentado, ningún sabotaje, no ha emitido comunicados”, prosigue. Y afirma: “Una banda armada no son jóvenes con un termo con pólvora, sino que detrás tiene una red de financiación mediante extorsión, armamento...”
Reconoce, no obstante, que “es innegable” que en Galicia “existen desde hace muchísimos años dinámicas de sabotaje, como en todo el Estado”. “Todos sabemos que la Comunidad Valenciana es en la que más actos de sabotaje se producen, de la extrema derecha, y nadie habla de que allí exista una organización terrorista”, dice. Considera también que es verdad que el momento actual es de “cierta radicalización, también a nivel social”, por la situación en la que se encuentra el Estado.
Borxa cree que el objetivo de hablar de terrorismo en Galicia es el de “llevar al máximo extremo la campaña de criminalización que pretende el Estado español sobre el independentismo gallego”. Quieren, denuncia, encerrar en la cárcel durante décadas a independentistas gallegos, para así “apartarlos de la dinámica social y política que desarrollan en la calle y, además, criminalizar la totalidad del proyecto nacional gallego”.
Y esta especie de deslegitimación va contra todo aquel que no comulgue con las “ideas únicas totalizadoras estatales”. Incluso contra el organismo en el que milita, Ceivar, dedicado a denunciar casos de vulneración de derechos, represión política e ideológica contra nacionalistas gallegos, persecución, a ofrecer apoyo legal y recursos económicos en procesos judiciales... “Pretendemos ser un pequeño muro frente a la represión de las instituciones españolas. Y con este funcionamiento antidemocrático del Estado nuestra actividad legal podría ser vista como de colaboración con una rocambolesca organización terrorista, y eso acarrearía décadas de prisión para gente como yo, simplemente diciendo mañana que lo que hago es ilegal”.
Para apoyar su opinión y desmontar la teoría de la existencia de una banda armada en Galicia, Borxa siempre echa mano de dos cuestiones: la primera, la detención de una persona a la que acusaban de ser el tesorero de Resistencia Galega. “La acusación se basaba en una carta manuscrita y tras una prueba caligráfica, se descubrió que el documento había sido escrito con la mano contraria a la que usaba esta persona para escribir. Y aún así lo mantuvieron en prisión”. Y segundo, y es algo que asegura que no se menciona a menudo, “ningún independentista gallego escribió nunca 'resistencia galega' con mayúsculas, simplemente fue el nombre que decidieron que tenía”.
Una de las personas que está más al tanto de la situación en la que se encuentran los presos independentistas gallegos es Raúl Agulleiro, miembro de Que voltem a casa, una plataforma de familiares y amigos de presos políticos gallegos. Sin entrar a valorar si existe o no un grupo terrorista en Galicia, Agulleiro denuncia que lo que sí es evidente es “una falta completa de libertades y de cumplimiento de los derechos de los presos”. “De manera sistemática se les aplica la dispersión a una media de 575 kilómetros de distancia de su casa, cuando hay instituciones penitenciarias dentro de la Comunidad Autónoma gallega; las comunicaciones están intervenidas; y nada más entrar en prisión, como lo hacen por ley antiterrorista, se les aplica el régimen FIES-3”.
Desde Que voltem a casa tratan de estar en contacto con todas las personas presas, comprobar si tienen carencias económicas, su estado de salud, y dentro de los marcos humanitarios, tratan de ayudarlas. El aspecto económico es uno de los más importantes, debido a la dispersión. “Recorrer tantos kilómetros tiene muchos gastos, y con condenas de tantos años, el desgaste económico es muy alto”, afirma este miembro de la plataforma.
Ni AGE ni BNG
Ni AGE ni BNGEn octubre, el Parlamento de Galicia acordó, a petición del Partido Popular (PP), condenar “todo tipo de actos terroristas, entre ellos los llevados a cabo por la organización Resistencia Galega”. En contra de dicha resolución votaron Alternativa Galega de Esquerdas (AGE) y Bloque Nacionalista Galego (BNG). Ninguno de ellos cree en la existencia de esta supuesta organización.
Yolanda Díaz asegura que la Alternativa a la que pertenece “estima que no existe una banda terrorista organizada en Galicia, y que ni siquiera en las calles gallegas existe esta preocupación”. “Un buen indicador es el CIS, en el que consultados los gallegos sobre esta cuestión, respondieron que les preocupa únicamente a un 0,3%”, señala.
Tampoco lo ve así Bieito Lobeira, quien afirma tajante que “no existe” ni Resistencia Galega ni “una alarma social en Galicia” relacionada con el asunto. “Todo responde a una invención, a un montaje del PP para poder justificar la adopción de medidas de control policial involutivas desde el punto de vista democrático”, explica para después añadir que el partido de gobierno está “obsesionado con calificar de terrorista cualquier respuesta social”.
En opinión de Díaz, el “interés” y la “insistencia” del PP en afirmar con “carácter reiterado” la existencia de una organización terrorista“ tiene que ver con la necesidad de ”construir un enemigo que sirva como aglutinador contra los discrepantes“. La centralidad del partido del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP), con el tema fue ”total, llegando a presentar mociones en los 314 ayuntamientos del país, creando la sensación de que era un problema principal, pero la violencia estructural de sus políticas es tan brutal que no se salieron con la suya. El drama de las cifras del paro, de las pensiones, de los salarios, es demasiado real como para intentar distraer con esta cuestión“.
Tanto Díaz como Lobeira se preguntan si el PP siente “nostalgia” por el terrorismo. “¿Tenían rentabilidad política para el PP los muertos de ETA? ¿Sienten nostalgia por los tiempos en los que desgraciadamente ETA mataba?”, se pregunta la portavoz de AGE. “Tienen nostalgia del terrorismo para así poder recuperar un discurso que tape los problemas económicos y sociales tan extraordinariamente críticos como los que padecemos”, responde el secretario de organización de BNG.
El PP de Galicia y el PSdeG-PSOE no han querido hacer ninguna declaración sobre este tema.