Después de casi un año de trabajo, el comité de 50 personas expertas al que el Gobierno acudió en busca de directrices para proteger a los menores del entorno de internet ya tiene listo su informe final. El documento, aprobado este martes en el Consejo de Ministros e impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia, recomienda que los niños y niñas no se expongan a dispositivos digitales hasta los tres años y desaconseja el uso hasta los seis. Se apuesta, además, por los móviles analógicos, en el caso de que los tengan, para los adolescentes menores de 16 – no permiten el acceso a internet, solo hacer llamadas– y se aconseja a los progenitores que limiten su propio uso de dispositivos en presencia de los niños y niñas más pequeños.
Las medidas no solo se dirigen a las familias. El comité apremia a que los dispositivos que se comercialicen en España incluyan una advertencia de los riesgos de salud que tiene su uso sobre el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y avanza que el ámbito de la autorregulación es “insuficiente”. En el ámbito educativo, donde cada vez son más habituales las tabletas, los expertos plantean hacer una “revisión contrastada” de las aplicaciones que se usan y urgen a eliminar “los sistemas de gratificación inmediata”.
En función de la edad
El informe pormenoriza las recomendaciones en función de la edad para promover un “acceso progresivo” a los dispositivos digitales. Entre los tres y los seis años se considera únicamente el uso excepcional para mantener un “contacto social, familiar o cuando se determine por resolución judicial”, pero siempre “en caso de necesidad, de forma puntual y bajo la supervisión de un adulto”. Hasta los 12 años “se recomienda priorizar actividades vivenciales y deportivas” y, si se decide utilizar un móvil, que se haga en presencia de mayores de edad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja cero pantallas a los menores de un año y un máximo de una hora diaria hasta los cinco.
En la adolescencia, la franja de edad donde se concentra el uso más problemático y los problemas de adicción, los expertos animan a optar por teléfonos analógicos hasta los 16 años y “retrasar la edad del primer móvil inteligente lo máximo posible”. En el caso de que las familias decidan comprar un móvil que permita el acceso a internet, deberían “utilizar el control parental para limitar y monitorear el acceso a los contenidos y el tiempo de uso”.
Al comité se le encomendó a principios de año hacer un diagnóstico preciso de la situación, a través de la recopilación de los estudios ya disponibles en diferentes campos, y tras su análisis elaborar una “hoja de ruta” que guiara al Gobierno en sus actuaciones. En el documento, las personas expertas plantean 107 medidas a corto, medio y largo plazo. 35 de ellas ya forman parte del anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó en junio para proteger a los menores en los entornos digitales, según el Ministerio de Juventud e Infancia.
Una ley en marcha
Esta era la pata legislativa de un paquete de medidas que estaba pendiente del veredicto de los expertos y que aún tiene pendiente el desarrollo de una estrategia nacional, trabajo que correrá a cargo de la cartera que dirige Sira Rego (Sumar). “Se estudiará el resto de propuestas de cara a su posible incorporación en el trámite del texto o a través de las iniciativas correspondientes”, apuntan desde Juventud e Infancia.
Si la norma sale adelante tal y como la plantea el Ejecutivo, el Gobierno obligará a los fabricantes a incluir por defectos sistemas de control parental en móviles, ordenadores y televisores; elevará la edad necesaria para abrir una cuenta en redes sociales de los 14 a los 16 años e incluirá nuevas medidas como las “penas de alejamiento en el entorno virtual” o la consideración de los deepfakes como delito. El objetivo es una “malla” para dar respuesta a un aspecto muy presente en la vida de los niños, niñas y adolescentes que está “sin estructurar”.
Entre otras medidas destacadas del informe sobresale la petición de “prohibir exponer a personas menores de edad” en la red “independientemente de que esta actividad genere ingresos económicos directa o indirectamente”. El comité insta a regular la práctica del sharenting con menores por parte de creadores de contenido o influencers.
El comité que ha elaborado el informe está presidido por la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, Ana Caballero. También han participado organizaciones de infancia (Uniced o Save the Children), la Asociación Española de Pediatría, la Agencia Española de Protección de Datos o el Consejo Escolar del Estado.