Aplauso de la ONU a España por la “nueva legislación feminista” impulsada por el ministerio de Igualdad. Nueve expertos y expertas independientes de Naciones Unidas han publicado este martes un comunicado en el que celebran las leyes del aborto y trans aprobadas definitivamente el pasado jueves y que han contado con la oposición de PP y Vox.
El escrito señala que la reforma de la ley del aborto “ha sido adoptada como parte de una ambiciosa agenda para el progreso de la sociedad española” y destaca que garantiza el acceso seguro en centros estatales de salud, elimina los llamados procesos de “reflexión” impuestos “arbitrariamente” y permite a todas las mujeres, también las lesbianas, bisexuales y solteras, a técnicas de reproducción asistida. Además, reconocen a España como “el primer país europeo en introducir legislativamente el permiso menstrual”.
Las expertas, entre las que se encuentran la presidenta del grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas de la ONU, Dorothy Estrada-Tanck, su vicepresidenta Ivana RadaÄić y Meskerem Geset Techane y Melissa Upreti, que también forman parte de este equipo, ponen en valor que “la historia del feminismo es una historia de persistencia frente a la injusticia social”.
El comunicado también está rubricado por la relatora especial sobre el derecho a la educación, Darida Shaheed y por Alexandra Xanthaki, la relatora especial en la esfera de los derechos culturales. En esta línea, la carta destaca que gracia a la nueva legislación impulsada por el ministerio que dirige Irene Montero “la educación sexual integral formará parte de todos los años de escolaridad obligatoria y se protegerá aún más la autonomía corporal de las mujeres y de las jóvenes en particular”.
La felicitación de estas voces, que forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes de la ONU, llega unos días después de que el Constitucional diera su visto bueno a la norma de 2010, que reforma la nueva ley aprobada definitivamente la semana pasada y en medio de discrepancias internas en el seno del Partido Popular sobre este asunto.
Tras el intento del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de intentar cambiar la orientación ideológica del partido en torno al aborto, el ala dura ha tratado de frenar a su líder por segunda vez. Feijóo quiso zanjar el asunto afirmando que el aborto es un derecho, pero no fundamental, y reiterando su objeción a que las mujeres de 16 y 17 años no deban informar a sus padres.
La carta difundida este martes también señala que los derechos sexuales y reproductivos se promulgan en forma paralela a legislación integral que aborda la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales, que supone un “verdadero programa nacional para promover la inclusión social [de las personas LGTBI] en todos los sectores”.
El comunicado, en el que participan la relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Tlaleng Mofokeng, y el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, Victor Madrigal-Borloz, aplaude “la consolidación del carácter igualitario de los derechos de las madres lesbianas, la prohibición de la mutilación genital para los niños intersexuales y la adopción de medidas para poner fin a las prácticas llamadas ”terapias de conversión“ perpetradas contra las personas LGTBI”.
Las expertas no pasan de puntillas por uno de los grandes debates que ha abierto una brecha en el feminismo y que ha tensionado el proceso de tramitación de ley trans dentro del Gobierno de coalición. “La legislación armoniza el sistema español de reconocimiento legal de la identidad de género a través de la autoidentificación, identificada por la ONU como mejor práctica”, señala el escrito, en sintonía con la postura que ha mantenido la parte de Unidas Podemos y del ministerio de Igualdad durante toda la elaboración del texto y que finalmente ha sido aprobada.
“Elimina obstáculos arbitrarios, humillantes y dañinos”
“Estas leyes fueron adoptadas a través de un proceso parlamentario reflexivo y participativo que tomó seis años y que contó con el asesoramiento de expertos de la ONU”, señalan los expertos, que indican que la autodeterminación de las personas trans “elimina obstáculos arbitrarios, humillantes y dañinos para la persona humana”.
El comunicado llega unos días después de que la relatora especial de la ONU para la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, concediera una entrevista al diario El Mundo en la que criticaba la autodeterminación de género, en tesis alineadas con las del borrado de mujeres, que consideran que los derechos de las mujeres pueden verse limitados con el avance de las conquistas de nuevos reconocimientos y garantías de las personas trans. “Los países deben reflexionar sobre si alguien con un sexo biológico masculino, una vez adquirido su certificado de género femenino, debe poder acceder a todos los programas y categorías pensados para mujeres biológicas”, defendía.
En conversación con elDiario.es, el responsable sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, Victor Madrigal-Borloz, explica que los expertos independientes y los relatores son designados por el Consejo de Derechos Humanos para expresar su “opinión experta de forma independiente en relación a ciertos temas”. “No expresamos la posición oficial de las Naciones Unidas”, apunta. Tampoco Reem Alsalem.
En este sentido, Madrigal-Borloz defiende que “uniformemente, hasta este momento, todos los puntos de vista de todos los relatores y expertos independientes que han emitido opinión ha sido que el reconocimiento legal de la identidad de género esté guiado por la autodeterminación”. Es, precisamente, lo que ha venido señalando el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que si marca la postura de la organización y que en 2016 ya indicada que los Estados deben proporcionar a las personas trans un proceso administrativo sencillo de reconocimiento oficial de la identidad de género “a través de una sencilla declaración sin requisitos como la certificación o diagnóstico médico, la cirugía o los tratamientos médicos, el divorcio o la esterilización”.
Madrigal-Borloz reconoce que “siempre hay la posibilidad de que haya posiciones disidentes, pero eso no significa que se haya roto la opinión mayoritaria” que defiende que el reconocimiento de la identidad de género debe estar guiado por “la autoidentificación como mejor práctica”. “Uno de los elementos fundamentales es que permite despatologizar el reconocimiento legal de la identidad de género y eso implique requisitos humillantes y dañinos, como exigir citas psicológicas y tratamientos médicos han sido eliminados por legislaciones como la española”, apunta el experto.
“Este debate [sobre la autodeterminación] siempre está presente porque se trae a colación con respecto a posiciones generalmente minoritarias que pretenden argumentar que los derechos de las mujeres trans entran en conflicto con los derechos de otras mujeres. Yo he examinado cuidadosamente esa materia, porque es mi mandato como parte del Consejo de Derechos Humanos, y la conclusión a la que he llegado es que el riesgo que existe de violencia contra las mujeres debe ser manejado a través de la gestión del Estado. Por supuesto que puede existir la posibilidad de abuso de que una persona se quiera identificar como mujer por propósitos que no son los de su experiencia existencial como mujeres, pero ese riesgo tiene que ser gestionado por mecanismos como el control judicial que tiene la legislación en España desde la semana pasada”, indica Madrigal-Borloz.
En esa línea, el experto explica que “ese control judicial tiene una característica muy importante en materia de derechos humanos, que es que revierte la carga de la prueba para dársela a la parte recurrente o al Estado y no ponerla encima de las personas trans”.
Así, matiza que algunos discursos en contra de la autodeterminación de género tratan de “poner sobre toda la población trans la responsabilidad de gestionar el riesgo que se pretende que existe sobre la población de mujeres que también las incluye. El problema de esta conversación se genera y se lleva desde un punto de vista altamente estigmatizante y con un profundo desprecio hacia la humanidad de las personas trans. Se pretende que todas son depredadoras sexuales o que no existen o que no es cierta su elección o que no hay razones sociales para aceptar esto. Mientras más se demoniza, se las clasifica de antisociales, más se pone sobre ellas un manto de sospecha, de desprecio y de verlas como personas que no son completamente humanas”.
Poner el foco en las mujeres trans, indica el experto, “es una manera de desplazar la verdadera responsabilidad (de la violencia que sufren las mujeres) que está en estructuras de poder y en masculinidades tóxicas y en estigmas y prejuicios de género que están profundamente enraizados en nuestra sociedad y que solo buscan combatir esta legislación”.