Los expertos de Sanidad consideran que el pasaporte COVID no sirve para reducir los contagios en España

La Ponencia de Alertas que asesora sobre las medidas para el control de la pandemia, formada por técnicos de Sanidad y de las comunidades, avisa de que no está demostrado que el pasaporte COVID sirva para reducir los contagios en España. El grupo de expertos se ha posicionado sobre la herramienta por la que están optando cada vez más comunidades autónomas –con el aval de la Justicia– ante la escalada de casos en un documento fechado en 23 de noviembre, al que ha tenido acceso elDiario.es, que recoge los aspectos a favor y en contra.

El órgano, de naturaleza técnica, comparte que pedir un certificado de vacunación o una prueba negativa en determinados espacios cerrados puede “incentivar la vacunación y transmitir el mensaje de que continúa existiendo un riesgo de infección por SARS-CoV-2”. Ya hay datos que lo constatan: Catalunya, por ejemplo, ha registrado un aumento del 64% de las primeras dosis desde que se anunció la exigencia de presentar una pauta completa o una prueba negativa para acceder a la hostelería. En las dos últimas semanas, la vacunación se ha animado en toda España, como ha confirmado la ministra de Sanidad, aunque Carolina Darias ha evitado imputar solo al pasaporte la mejora del ritmo.

La Ponencia asegura, sin embargo, que “no hay evidencia de que esta medida tenga un efecto en la reducción de la transmisión”. “En los países del entorno europeo donde se está utilizando, los casos están aumentando de forma importante, si bien es cierto que sus coberturas vacunales son muy inferiores a las de España. Es previsible que el efecto en España, con coberturas más elevadas, todavía sea menor”, desmontan los técnicos en una posición que choca con el criterio de los gobiernos autonómicos, que han hecho del pasaporte la herramienta favorita para evitar restricciones a la población general.

Poner sobre la mesa medidas más duras, sin embargo, parece cada vez más difícil un año y ocho meses después del estallido de la pandemia. Los escollos de las últimas semanas para aprobar el nuevo semáforo COVID revelan el complicado equilibrio entre los criterios epidemiológicos, políticos, económicos y sociales en un choque cada vez más evidente de los consejeros de salud con sus técnicos.

Para los expertos, la medida plantea al menos otros dos problemas. Por un lado, que “equipara el estar vacunado con estar inmunizado y esto no se ajusta a la realidad”, dado que la vacunación previene en un gran porcentaje las formas graves de la enfermedad pero la efectividad se reduce –y más con el paso del tiempo– frente a la infección con manifestaciones leves. Por otro, que puede conducir a relajar las medidas de prevención en interiores “al sentirse las personas más protegidas por estar en un ambiente en el que se ha exigido el certificado”.

La exigencia ya está en vigor –o lo estará en los próximos días– en ocho comunidades autónomas pese a las dudas de los expertos de Sanidad sobre el alcance de su eficacia. Galicia lo pide en bares –a partir de las 21.00h–, ocio nocturno, hospitales y hostales de peregrinos. Catalunya en gimnasios, además de la hostelería. También Navarra y Baleares, aunque en las islas de momento solo está vigente en el ocio nocturno a la espera del permiso para ampliarlo a la hostelería, bares de copas y locales de celebraciones con 50 o más personas. Hay más. En la Comunitat Valenciana empezará a exigirse en la puerta de los locales con aforo superior a 50 personas el 3 de diciembre y Murcia se pedirá desde el 17. El Gobierno vasco, por su parte, acaba de recibir el aval del Supremo pero aún no tiene calendario de implantación y Canarias lo ha vuelto a solicitar a la justicia tras marcar el camino el Supremo con un segundo auto esta semana.

Pese a su cada vez más amplia implantación, la Ponencia aboga por dirigir su uso a otros espacios que no son ni bares ni ocio nocturno. Los expertos ven “más justificada” la solicitud de este certificado para hacer visitas en hospitales y residencias; y también para los trabajadores que interactúan con personas vulnerables. En centros sanitarios o en penitenciarios.

El Ministerio de Sanidad insiste en la receta de “vacunación, prevención y anticipación”, en el caso de ómicron, con la suspensión de vuelos procedentes de siete países del cono sur a partir del 2 de diciembre y evita abrir la puerta a más restricciones. La incidencia acumulada ya roza los 200 casos por cada 100.000 habitantes, aunque la situación en los hospitales sigue bajo control gracias al blindaje de las vacunas frente a la hospitalización y la muerte.

Tras la última comisión de Salud Pública, celebrada este martes, Sanidad ha informado de que se “han compartido las acciones” puestas en marcha a raíz de la detección de una nueva variante de coronavirus. Existe un debate intenso, más a la interna, sobre si es momento de tomar medidas de cara a las fiestas navideñas. De momento ,el Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) recomienda limitar el número de participantes en los eventos públicos y sociales, “especialmente en las celebraciones navideñas” ante la escalada de contagios y la aparición de ómicron.