Silencio absoluto. Nada se sabe ni nada ha trascendido acerca de quiénes son las personas que asesoran al Gobierno para elaborar la reforma de la actual ley del aborto. Desde el Ministerio de Justicia tan solo señalan que es un “grupo de expertos” el que trabaja sobre el texto. En el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad remiten al departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, “que es quien está trabajando en ello y quien facilita toda la información”.
En la Organización Médica Colegial, que agrupa a todos los colegios oficiales de médicos de España, no les consta que desde Justicia se haya solicitado asesoramiento alguno. Tampoco se ha pedido información a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), que agrupa a muchos de los centros médicos que realizan cerca del 98% de los abortos. “Es un secretismo absoluto”, afirma la vicepresidenta de la entidad, Francisca García, quien explica que el año pasado solicitaron una reunión con el Ministerio de Justicia para ofrecer su experiencia y aún esperan una respuesta.
Cuando en septiembre de 2008, el entonces Ministerio de Igualdad anunció la elaboración de una nueva ley del aborto, se dio a conocer el listado del comité de expertos que asesoró al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la elaboración de la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El grupo estaba formado por catedráticos de Derecho Penal como José Luis González Gussac, o especialistas en ginecología y obstetricia como Javier Martínez de Salmeán o Elena Arnedo.
De forma paralela a los trabajos de este comité, la Comisión de Igualdad del Parlamento creó una subcomisión para “estudiar y elaborar conclusiones sobre la aplicación de la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo”. Durante más de cinco meses cerca de 30 comparecientes, propuestos por todos los grupos parlamentarios, ofrecieron información en su ámbito de trabajo. Acudieron organizaciones de mujeres, expertos en planificación familiar, en diagnóstico prenatal, catedráticos de Derecho Constitucional y asociaciones contrarias al aborto, entre otros. Las conclusiones aprobadas fueron remitidas al Gobierno, que incluyó algunas de las propuestas en el borrador de la ley.
El PSOE ha pedido por escrito al Gobierno la relación de expertos que está asesorando al Ministerio de Justicia para la reforma de la ley. “Qué tiene que esconder Gallardón sobre las personas que le asesoran en esta materia”, se pregunta la secretaria segunda de la Comisión de Igualdad, Ángeles Álvarez, quien cree que “es imprescindible que se conozcan los nombres de quien se supone que ha aconsejado devolver al Código Penal el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad”.
Desde el grupo parlamentario Izquierda Plural, su portavoz en la Comisión de Justicia y Sanidad, Gaspar Llamazares, critica que “el Gobierno que preside Mariano Rajoy haya decidido poner en marcha una reforma con el alcance y el calado social de la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo presionado por el lobby de la Iglesia”. El diputado, que participó en la subcomisión de la anterior legislatura, subraya “el oscurantismo con que se está llevando a cabo la reforma, sin contar con ninguno de los colectivos relacionados con esta legislación, como son los grupos de mujeres, los profesionales sanitarios o los juristas”.