La Junta de Extremadura interpondrá un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo contra el decreto de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), en el aspecto referido a la regulación de la llamada “reválida” para Bachillerato y Educación Secundaria.
La portavoz del gobierno extremeño, Isabel Gil Rosiña, ha asegurado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que es un nuevo “paso adelante” para “incidir” en la posición firme de la Junta de Extremadura contra una ley “que ha sido rechazada por el conjunto de la comunidad educativa”.
“Lo que le estamos diciendo con este contencioso administrativo al Gobierno es que no siga desarrollando esta ley”, ha dicho Gil Rosiña.
Además, ha recordado que hace dos semanas ya el Consejo de Gobierno ya autorizó a la consejera de Educación a solicitar la reunión de la Comisión General de las CCAA en el Senado para abordar esta cuestión, “una reunión que no se ha producido”.
Por ello, el gobierno extremeño sigue “utilizando los instrumentos legales y constitucionales para decirle al gobierno de España que no puede mantener esta ley”, rechazada por 12 de las 17 CCAA españolas.
Gil Rosiña ha indicado que la presentación de este recurso “no implica ni cambia nada” en el corto plazo hasta que no haya respuesta de los tribunales.
También ha insistido en que no depende de las CCAA el desarrollo de la Lomce, sino de que el gobierno español no esté en funciones para que pueda renovar el Consejo de Estado Escolar y este pueda posicionarse sobre el calendario de aplicación de esta ley educativa en lo referido a Bachillerato y ESO, una vez que en el curso pasado se hizo en Educación Primaria.