La Defensora del Pueblo denuncia que la saturación en urgencias se ha convertido en un fenómeno permanente

Es automático: en cuanto la imagen de unas urgencias hospitalarias atestadas con pacientes aguardando sobre camillas por los pasillos salta a la opinión pública, la respuesta oficial de los Gobiernos autonómicos repite dos mantras: “La atención está garantizada” y “se trata de una situación temporal”. Eso cuando no se achaca a la “epidemia de gripe” –previsible, por otra parte– cada temporada.

Un informe de la Defensora del Pueblo que acaba de hacerse público contrapone a las excusas de los responsables sanitarios que “la saturación de estos servicios es en muchos casos estructural, no puntual”. Y apunta a causas como “la falta de camas libres en el centro sanitario” y de plantilla médica que trata de cubrirse mediante los médicos internos residentes, los MIR.

El dossier de la defensora, Soledad Becerril –que fue durante tres legislaturas diputada del PP–, insiste en que “las situaciones de saturación en esas áreas incrementan el riesgo de error humano”. El colapso en urgencias se produce, normalmente, por un atasco a la hora de trasladar a los ingresados a las plantas del hospital para dejar espacio a los nuevos casos. Entonces llegan las camillas en los pasillos y las zonas habilitadas rápidamente para aguardar turno antes de pasar a planta. Esto “ocasiona desajustes y [...] prolonga la permanencia de pacientes no siempre en condiciones de dignidad e intimidad”, concluye el informe.

Basta con echar la vista atrás para ver cómo se repiten estas saturaciones cada invierno. El año pasado arrancaron en diciembre y se extendieron por Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra o el País Vasco. Esta temporada los colapsos están llegando más tarde pero han pillado desprevenidos, una vez más, a sistemas como el madrileño. Sin embargo, el informe –realizado en coordinación con las comunidades autónomas– incide en que hay un problema estructural más allá de un pico de infectados de gripe. Así, los trabajadores del hospital de La Paz (Madrid) han llevado al juzgado de guardia lo que consideran una infradotación peligrosa a la hora de atender urgencias en el centro que han resumido en una ecuación: 22 camas para 45 enfermos.

Un documento del Ministerio de Sanidad sobre estándares y recomendaciones en las urgencias establece que el 90% de los ingresados deben estar dados de alta o trasladados a planta en cuatro horas y, en todo caso, nunca permanecer más de 12 horas en el servicio.

El análisis global de las urgencias hospitalarias en España hace referencia a que la falta de camas disponibles bloquea la liberación de espacio en la entrada urgente al hospital. Al año se producen unos 27 millones de consultas en este servicio y el 60% de todos los ingresos hospitalarios llegan por esta vía. De hecho, el texto señala que las administraciones sanitarias de cada región “priorizan los ingresos de pacientes en lista de espera”. Y da dos razones: por un lado la lista de espera es una cuestión “de debate público”. Y por el otro, “los días que se pasan en la urgencia no computan como estancias hospitalarias en el indicador de calidad: 'estancia media”. Razones de imagen.

Como un tercer factor, la Defensora del Pueblo ha constatado, en general, carencias en la dotación de plantillas. En especial en la precarización de contratos y el exceso de médicos en formación (“entre un 30-40% del personal”) calculan “que estarían supliendo en muchos momentos la insuficiencia de profesionales”. Además, “la cobertura presencial del servicio durante las tardes-noches y los fines de semana recae mayoritariamente en los médicos residentes”. La tendencia a cubrir las obligaciones sanitarias por medio de estos sanitarios todavía en fase de formación ha merecido el reproche de la defensora, ya que “no se puede dejar en manos de estos profesionales la asistencia de urgencias durante amplias franjas horarias”.

Facturas por atención

El Real Decreto 16/2012 ha consagrado de tal manera la exclusión sanitaria para inmigrantes sin papeles que ha trascendido hasta los análisis de la defensora. A la hora de evaluar la atención a las personas en situación vulnerable, constatan que “es frecuente expedir documentos para comprometer a los pacientes al pago de la asistencia y opera con carácter previo”. Es decir, se pretende cobrar por curarles. Como consecuencia, esta limitación del derecho de los inmigrantes a la atención sanitaria provoca que esta se retrase, así como “el diagnóstico que se produce en estados avanzados de la patología”.

En la cúspide de esta práctica, “que debería organizarse de una forma distinta” –dice el informe–, puede situarse la tristemente famosa historia de Jeanneth, una paciente sin papeles a la que un hospital de Toledo le remitió una carta de cobro después de haber fallecido en urgencias. Este tipo de casos se han ido sucediendo desde la firma del decreto redactado entonces por el Ministerio de Sanidad dirigido por Ana Mato, hace ahora más de dos años. Pero el Gobierno insiste en que esa norma es la clave de la sanidad “universal, gratuita y de calidad”.

Para cerrar el círculo de esta exclusión, los expertos a los que ha consultado esta institución han repetido que “el ahorro no resulta apreciable”, sino todo lo contrario: “se produce un incremento del coste a largo plazo por los tratamientos curativos frente a la menor onerosidad de la prevención y el diagnóstico temprano”. Esto es, cuesta más curar, por ejemplo, a un diabético avanzado o a un infectado de hepatitis C en fase más grave que hacerlo en los primeros pasos de la enfermedad. Y describe el decreto como “prácticas administrativas que generan inquietud y tienen efectos disuasorios”.

Soledad Becerril ha insistido en que, con todo, hay “un alto grado de aceptación por parte de los pacientes” del sistema de urgencias español. “Es una piedra angular del Estado de bienestar”, ha asegurado. Aun así, la lista de aspectos criticables se amplía. Sin ir más lejos, califican de “fracaso del sistema” la atención a los enfermos terminales. No existen espacios para garantizar una muerte digna y un duelo íntimo para los familiares, de acuerdo con la revisión que se ha hecho de los diferentes sistemas sanitarios de las comunidades autónomas.

En general, las minorías salen mal paradas en un servicio tan masivo y de uso exhaustivo como las urgencias. Las personas con diversidad funcional encuentran trabas para ser tratados. Un ciego, un sordo o alguien con movilidad reducida “ven frecuentemente limitada su capacidad de interlocución por la carencia de medios de comunicación, además de las carencias en accesibilidad”. De igual modo, han pedido que se habiliten espacios específicos para los pacientes menores de edad o las víctimas de maltrato sin que haya “un menoscabo lesivo de su intimidad”.