La familia de José Antonio Primo de Rivera ha pedido al prior del Valle de los Caídos y a la Comunidad de Madrid la exhumación de los restos del fundador de la Falange. En un comunicado, que firma Fernando Primo de Rivera, la familia expresa su deseo de que los restos del político sean trasladados a un camposanto “sagrado”. Con la recién aprobada Ley de Memoria Democrática, las criptas y lugares de enterramiento de la basílica pasarán a ser un cementerio civil y todo ese espacio quedará resignificado como un lugar de memoria.
El comunicado cita, para argumentar la solicitud, la primera cláusula del testamento de Primo de Rivera: “Deseo ser enterrado conforme al rito de la Religión Católica, Apostólica, Romana que profeso en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz”. Fuentes del Valle de los Caídos consultadas por elDiario.es aseguran que la familia quiere que todos los trámites se realicen en privado.
Con esta petición, sus descendientes pretenden evitar que el fundador de la Falange quede enterrado en un cementerio civil, después de que en la Ley de Memoria Democrática, aprobada definitivamente la semana pasada, haya quedado establecido que “las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos existentes en la misma tienen el carácter de cementerio civil”. El comunicado recoge este apartado para argumentar que la familia “se considera obligada a cumplir la voluntad” de Primo de Rivera y “llevar a cabo la exhumación y correspondiente inhumación de sus restos mortales en un cementerio sagrado de acuerdo con el rito católico”.
La nueva ley no solo contempla el cambio de estatus de esa necrópolis. También habrá un cambio de nombre: pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros y se exhumará a todas las víctimas que aún permanecen en esa fosa común. La idea del Gobierno, plasmada en el texto, es resignificar todo el espacio para convertirlo en un lugar de memoria cuya forma está todavía por concretar. Con esa decisión ya aprobada, la preeminencia, en palabras del Ejecutivo, de los restos del líder falangista en ese lugar ya no tenía sentido. En Moncloa apostaban no obstante por dialogar con la familia para su retirada y evitar así litigios futuros que complicaran la decisión.
Una vez solicitada la exhumación, los familiares quieren que el proceso se produzca en “dentro de la intimidad” y que el traslado “no pueda convertirse en una exhibición pública propensa a confrontaciones de ninguna clase entre españoles”. El comunicado refiere en este punto las palabras del líder falangista: “Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español, tan rico en buenas cualidades entrañables, la Patria, el Pan y la Justicia”. Este sábado, el líder de Vox, Santiago Abascal, recuperó precisamente estas palabras para cargar contra quienes “quieren empezar de nuevo a profanar tumbas” para “desenterrar odios”.
Fernando Primo de Rivera, en nombre del resto de su entorno, incide en la misiva dirigida a la Comunidad, la Abadía de la basílica y el Ayuntamiento en el periplo que ha experimentado el cadáver desde que el fundador de la Falange, juzgado por el Gobierno de la República por sublevación, fuera fusilado en Alicante el 20 de noviembre de 1936 y enterrado después en una fosa común. El bando sublevado recuperó sus restos y los trasladó al Monasterio del Escorial al terminar la guerra. Con permiso de sus hermanos, en 1959, 23 años después de su muerte, los restos fueron trasladados al Valle de los Caídos por decisión de Francisco Franco y ubicados en el crucero de la basílica, donde posteriormente fue enterrado el dictador. En aquel entonces la decisión del traslado no fue bien acogida por algunos los sectores de la Falange.
“José Antonio seguirá manteniendo el sitio preeminente que le corresponde en la memoria de muchos españoles y no podrá ser objeto de más humillaciones. Como mucha gente sabe, este traslado sería el cuarto que se produce desde su muerte y su nuevo enterramiento sería el quinto de su mal llamado eterno descanso”, lamenta el comunicado.
Rechazan la retirada de sus títulos nobiliarios
En la solicitud, la familia aprovecha para protestar contra otra iniciativa que contempla la nueva ley de memoria: la supresión de 33 títulos nobiliarios otorgados por Franco entre 1948 y 1978 y hoy en posesión de sus descendientes. Primo de Rivera, defensor de un Estado corporativo, autoritario y nacionalsindicalista, había fundado la Falange Española en 1933 tras ser recibido en Roma por Benito Mussolini. Un tribunal popular de la República lo condenó a muerte acusado de ser uno de los principales inspiradores del golpe de Estado del 36. En 1948, Franco le nombró a título póstumo Duque de Primo de Rivera.
Fernando Primo de Rivera, que hoy ostenta ese ducado, lamenta en la carta la que se le retire la distinción, con base al “amor” y “fidelidad a España” que su familia ha demostrado “a lo largo de la historia”. “Queremos reivindicar también las figuras de su hermana Pilar y su sobrino Miguel Primo de Rivera y Urquijo a los que, con esta Ley, se les arrebata los títulos de Conde del Castillo de la Mota y Duque de Primo de Rivera, que con tanta honra y dignidad llevaron”, dice la misiva, que apostilla: “No puede olvidarse que la ponencia ante las Cortes Generales de la Ley para la Reforma Política que él presentó, fue la llave hacia la democracia que hoy gozamos”.
El Gobierno agradece la “predisposición” de la familia
Fuentes del Gobierno han señalado que agradecen “la predisposición de su familia para proceder a la exhumación” y cumplir así con la nueva norma. La ley establece que antes de la exhumación se debe contactar con la familia y proceder de acuerdo a los cauces oportunos para llevarla a cabo, de forma que puede inhumarse en la cripta de Cuelgamuros, “ya que José Antonio Primo de Rivera es una víctima de la Guerra Civil”.
El Gobierno también ha recordado en un comunicado que trabaja para que las más de 100 familias que han pedido encontrar los cuerpos de sus familiares en el Valle de Cuelgamuros puedan darles la sepultura deseada.