Encarna, de 56 años, continúa ingresada en el Hospital Clínico de Valladolid a causa de un ictus hemorrágico que sufrió tras la intervención de la policía el pasado domingo, cuando se manifestaba a las puertas de un conocido restaurante donde comían algunos miembros del Partido Popular, que cerraban la convención que habían celebrado durante el fin de semana en la ciudad castellana.
A pesar de las imágenes donde la policía se emplea contra los manifestantes, que en todo momento aseguraron comportarse de manera pacífica, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, señaló que “en la intervención no hubo carga policial”.
La versión de los hechos de la Subdelegación del Gobierno también apunta a que el motivo del ingreso de Encarna en el hospital, que se encuentra estable, aunque grave y con pronóstico reservado, no es consecuencia de golpe o contusión alguna.
De nuevo esta versión de los hechos dista de la que cuentan los manifestantes que, además de señalar a las imágenes de vídeo donde Encarna fue zarandeada (la del abrigo blanco), también aseguraron ver cómo le golpearon en la cabeza.
Unos golpes que confirma una amiga de la víctima, Flori, que permanece con ella en el hospital: “Tiene dos porrazos visibles en la cabeza”. La hija de Encarna también sale al paso de lo sucedido en la manifestación: “Mi madre sufrió un infarto hace diez años, pero está en el hospital por los golpes que le dieron”. Respecto a los hechos señala que, “después de ver todo lo ocurrido y el comportamiento de la policía, me da vergüenza vivir en este país”.
Tanto hija como amiga aseguran que los facultativos observaron una subida de la tensión fruto de las circunstancias que vivió en la manifestación y que le provocaron el ictus.
Otro punto al que se refieren la hija de Encarna y Flori, la amiga que la acompaña, es una serie de circunstancias anómalas desde que se produjo el ingreso hospitalario. “El domingo, cuando Encarna llegó, se cerró toda la planta donde estaba ingresada, yo tuve problemas para poder acceder cuando me iba a quedar a dormir con ella”, recuerda Flori, quien explica que “la persona de seguridad que estaba en la planta nos dijo que le habían dado orden de cerrar”.
A este hecho, que se produjo el primer día, las allegadas de Encarna suman que “la policía se ha presentado el lunes y el martes para pedir a los facultativos el parte médico de Encarna”. Una práctica a la que los doctores se negaron a acceder sin permiso de la víctima, que no quiso ofrecérselo a los agentes que se personaron en el hospital, según sostienen la amiga y la hija de la convaleciente.
Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Valladolid señala que la versión de la policía es que ellos no van a por partes médicos y que tampoco lo han hecho en el caso de Encarna.
Las interpretaciones de lo sucedido el domingo
La intervención de la policía el pasado 2 de febrero terminó con tres detenidos y más de diez heridos. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, reprochó al subdelegado del Gobierno en Valladolid que las órdenes a la policía habían sido erróneas y expresó que con montar un cordón policial hubiera sido suficiente para controlar una manifestación pacífica.
Horas después de que se produjeran estas declaraciones, el secretario provincial del SUP en Valladolid, Jorge Morantes, defendía la actuación de la policía pero matizaba que habría que depurar responsabilidades individuales de aquellos policías que pudieran haber actuado fuera de la ley.
Los heridos en la manifestación se presentaron en una rueda de prensa con visibles heridas, hematomas, escayolas e incluso un collarín. Señalaron la brutalidad de la acción llevada a cabo por la policía y después mostraron algunos de los partes médicos de sus diferentes contusiones. Todos ellos anunciaron que presentarán una denuncia criminal conjunta ante el juzgado de instrucción de guardia en los próximos días.
Además de la intervención de los heridos, el colectivo autodenominado 'Gente muy harta de Valladolid' ha convocado una nueva manifestación el próximo viernes, 7 de febrero, a las ocho de la tarde, en la plaza Fuente Dorada, “en contra de la represión policial y por la libertad de expresión”.
En ella se va a exigir que los detenidos e identificados queden libres de todos los cargos que se les imputa. También se va a pedir la identificación de los policías que causaron las agresiones y, por último, la dimisión del delegado del Gobierno en Castilla y León y del subdelegado del Gobierno en Valladolid.