Los recortes continúan azotando a los centros educativos públicos. Las familias están haciendo frente a pagos a lo largo del curso para materiales, aplicaciones informáticas, libros digitales, actividades educativas complementarias, obras en las instalaciones, suministros y personal que cubra la atención higiénica de los menores.
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha hecho público este jueves un estudio denunciando esta situación tras haber entrevistado a 1.400 familias, de ellas 1.266 (89%) han escolarizados a sus hijos en centros públicos.
“Es un copago ilegal y que durante estos últimos años ha ido en aumento. Los centros argumentan que no tienen dinero y aseguran que son cuotas voluntarias, pero si las familias no las afrontan sus hijos quedan marcados. Por ejemplo, no les dejan acudir a una excursión si no lo han abonado”, ha explicado Leticia Cardenal, presidenta de esta organización.
Un 30% de las familias entrevistadas y que acuden a la escuela pública abona los costes de materiales fungibles para el uso del centro educativo y el 17% lo abona para dotar a los centros de materiales informáticos como pizarras digitales, ordenadores o cañones de proyección. Según esta estadística el 14% de los padres llegan a pagar las obras del centro educativo y otro 14% abona los suministros de luz, agua y gas.
En la rueda de prensa que han dado este lunes, no han determinado detalladamente en qué comunidades está sucediendo, más allá de Cataluña, donde aseguran que las familias tuvieron que pagar de media 70 euros el curso pasado. “Si la dirección del centro expone una realidad, que no les queda dinero para pagar la calefacción o el agua, acaban pidiendo ayuda a las asociaciones de padres y estos pagan porque no quieren que sus hijos den clase sin suministros”, ha reseñado Miguel Dueñas, portavoz de Ceapa.
“Subsanar deficiencias generadas por los recortes”
Dueñas ha explicado que estos pagos se utilizan para “subsanar las deficiencias que los recortes han generado”. Además ha defendido que en Andalucía, comunidad en la que reside, la ola de calor de este verano ha puesto de manifiesto la precaria situación en la que se “encuentran las infraestructuras educativas”. “Hace 10 años que no se invierte en las instalaciones”, ha asegurado.
En el estudio remarcan que en el 68% de los casos es el propio centro educativo quien les pide que afronten los pagos, el 20% lo abona a través de la asociación de padres y madres del centro y el 11% restante se lo abona directamente a entidades privadas que prestan servicios en los centros educativos o les suministran materiales.
“Otro coste habitual es el relacionado con las actividades educativas complementarias, que el 45,95% de las familias deben afrontar, aunque por su propio carácter también deberían ser siempre gratuitas”, apuntan en el informe.
Entre el resto de los requerimientos que los centros solicitan a las familias de escuelas públicas, y que CEAPA considera que son ilegales, destacan los pagos para el personal vinculado con la salud de los menores y para cubrir su atención higiénica. Estos últimos sirven para atender a los alumnos más pequeños de primaria que todavía no controlan cuándo deben acudir al aseo.
“Entre las funciones de los profesores, ésta no se encuentra. Los centros no contratan a este personal y al final son los padres los que se encargan de abonarles el sueldo”, cuenta Antonio Martín, portavoz de la organización.
Los miembros de CEAPA han indicado que este tipo de solicitudes de pago se suele producir al principio del curso bajo el concepto de material para el año o cuando la dirección del colegio tiene necesidades en para abonar nuevos recursos para el centro. Además, han denunciado que en la escuela pública el colegio tendría que hacer frente al coste del personal de servicios como el aula matinal, que atiende a los niños que acuden al centro antes de que empiecen las clases.
Ante este tipo de solicitudes, desde la confederación que agrupa a las AMPA estatales recuerdan tanto a administración como a familias que son “ilegales” y que si las abonan, presenten reclamaciones contra ellas. “Un 14% reconoce no hacer la reclamación por miedo a lo que pueda suceder si lo hace, aunque considera que debería reclamarlo”, reseñan en el informe.