“Con el corazón en un puño”. Así depositarán a sus criaturas en los colegios los padres y madres que definen este inicio de curso como el más incierto de las últimas décadas. Las asociaciones de familias con hijos asisten con estupor a las directrices de las consejerías de Educación, que están dejando buena parte de la responsabilidad en manos de los centros. Los equipos directivos se han rebelado contra el lastre de poner en marcha a contrarreloj un protocolo que garantice la seguridad sanitaria y la conciliación en este escenario epidemiológico cambiante. Pero además de suscribir las quejas del profesorado, los progenitores experimentan por su parte la desazón de “no saber exactamente a qué estamos exponiendo a nuestros hijos”.
Ciqui Simancas, vicepresidente de la Federación de Padres y Madres de la Comunidad de Madrid, FAPA, recuerda que los centros escolares “no se dedican a hacer chapas, sino a educar a seres humanos, niños y niñas que son muy conscientes de la situación que vivimos y de sus peligros”. En su caso, la Federación lleva semanas a la espera de que el consejero madrileño despeje las numerosas dudas que le plantearon en persona y de las que, aseguran a día de hoy, “no tenemos ningún compromiso por escrito”.
Se trata de cuestiones transversales a todas las comunidades autónomas como la necesidad de reforzar el personal de limpieza, contratar a más profesores, reducir los ratios de las aulas, garantizar un transporte escolar seguro para menores con necesidades especiales y conocer la situación de comedores donde no se puedan respetar las mismas células burbuja que en las aulas. “Esta es solo una parte de las peticiones que hicimos a la Consejería de Educación y cuya respuesta consistió en decir que 'sí' a todo, pero sin ofrecernos datos de presupuestos, contrataciones o aforo en los comedores y los autocares”, se lamenta Simancas.
El Gobierno central ha transferido 2.000 millones de euros del fondo COVID-19 a las autonomías para que lo destinen a Educación, una inversión tan importante en proporción como difícil de vincular a proyectos concretos. “Esperamos que los 260 millones dotados a la Comunidad de Madrid no se usen para arreglar ventanas, poner calefacciones o quitar amiantos, pero no hay transparencia”, explica el portavoz de la FAPA, plataforma integrada en CEAPA, la Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado, que están registrando a nivel estatal esa misma petición por parte de las familias y el profesorado. “Nadie nos asegura que se vaya a destinar a Educación porque, de hecho, no se está haciendo”, criticaba el portavoz de los docentes de CC.OO.
De momento, las principales medidas de seguridad en los colegios serán calzarse bien la mascarilla, que no haya más de 30 o 35 estudiantes por cada 50 metros cuadrados -número que ha ido in crescendo desde marzo- y nombrar a un responsable COVID-19 entre los profesores que preste atención a posibles síntomas compatibles con el virus. Pero las contrataciones de personal sanitario o las ampliaciones de los espacios, de momento, están en la agenda de muy pocas escuelas. “Entendemos que la persona que diagnostique a nuestros hijos debería ser una enfermera o enfermero escolar, lo contrario es una negligencia y una carga de trabajo que no corresponde al maestro”, defiende Ciqui Simancas, cuyo ánimo ha pasado “de la incertidumbre a los nervios y de los nervios al cabreo”.
La posibilidad del rebrote de la que nadie habla
Los rebrotes que han dado la cara este verano, y que empiezan a cebarse con los colectivos más débiles, amenazan con instalarse en los colegios si no se toman las medidas de prevención que han venido advirtiendo los epidemiólogos. “Higiene, distancia y mascarilla”, resume el representante de la FAPA. “Si no les ha dado tiempo a garantizar esas tres cosas, lo más seguro es que nos enfrentemos a contagios”, asume Simancas, que sin embargo presume de “prudencia, lógica y de actitud nada alarmista” por parte de las asociaciones de padres y madres que quieren facilitar el trabajo de las autoridades y los centros.
Menos comprensivas son las AMPA de Andalucía, donde en varias provincias han anunciado que no llevarán a los niños al colegio hasta que la Junta no les garantice un plan sanitario. “No queremos que nos regalen geles ni mascarillas, exigimos una vuelta al cole segura”, amenazan AMPAS en PIE junto a un dodecálogo que incluye medidas como “búsqueda de otros espacios” que garanticen el metro y medio de seguridad y “flexibilidad en los horarios” para evitar aglomeraciones a la entrada y salida de los centros.
“Se está extendiendo el virus de forma brutal por las reuniones familiares y de jóvenes y lo que veo es que la Sanidad de las comunidades autónomas no se está preparando en absoluto”, opina Paloma Uribe, técnico de la Federación de familias monomarentales. Cree que los centros educativos son más conscientes y que por eso muchos han diseñado un protocolo atendiendo a cuatro supuestos distintos: confinamiento, semiconfinamiento (colegio abierto para padres que no puedan teletrabajar), semipresencialidad o normalidad. “A nivel sanitario no existe esa previsión, igual que no ha existido para atajar los brotes vacacionales, y nos va a ocurrir lo mismo que en la desescalada”, vaticina la portavoz.
El escenario que se abre ante sus ojos en caso de un brote no les tranquiliza ni aunque existan ciertos protocolos: “Si un profesor se contagia, ¿hay que mandar a casa a todos sus alumnos? Si en un aula hay positivos y negativos, ¿seguirán las clases de forma telemática los niños que no puedan asistir presencialmente? ¿Y si las familias no pueden acompañar al menor durante su confinamiento por causas laborales?”, son algunas de las hipótesis que le surgen a bote pronto a Ciqui Simancas, de FAPA. “Me da miedo que estén cocinando a fuego lento un nuevo cierre de las aulas”, dice como explicación a esa “falta de comunicación, transparencia y previsión”.
“Ojalá me equivoque”, confía. Una esperanza que comparte la Federación de Asociaciones de Madres Solteras. “La prioridad de cualquier padre o madre es que su hijo esté sano y bien, pero hay familias monoparentales que están en modo supervivencia. Hemos visto situaciones dantescas durante la pandemia que no podemos volver a permitir”, asegura su representante.
Un castigo para las familias, en especial las monoparentales
Las mujeres han tenido un 20% más de fatiga mental y un 16% más de estrés que los hombres durante los días de teletrabajo obligado por la pandemia debido a la mayor dedicación al cuidado de hijos y dependientes, según infirió un informe realizado por el Centro Trabajo y Familia durante la crisis de la COVID-19. “Estos números se disparan al 33% y al 18% respectivamente en el caso de las madres solteras”, lee Paloma Uribes. El confinamiento ha puesto en jaque la situación de las familias monoparentales, que muchas veces se han visto obligadas a arriesgar la salud de familiares mayores para que cuidasen de sus hijos o, en el peor de los casos, han perdido puestos de trabajo presenciales por no poder compatibilizarlos con el menor en casa.
“El teletrabajo con ellos no es teletrabajo, porque es muy difícil intentar concentrarte en tus tareas y a la vez en tu hijo si no hay una pareja alrededor”, explica. Por otra parte, la brecha digital sigue existiendo y es algo realmente difícil de solucionar para las familias con menos capacidad económica, que tienen varios hijos o que incluso deben compartir el ordenador con el padre o la madre. Esto último lo recoge Simancas y lo eleva a la práctica generalidad de los tutores que trabajan en el hogar y “no pueden permitirse varios dispositivos teconlógicos”. “Por parte de las familias ha sido insoportable, pero además es que los niños necesitan de la convivencia y la formación presencial. Ni queremos ni podemos permitirnos lo contrario como sociedad”, asevera.
En ese sentido, el absentismo que plantean algunos de alternativa a la falta de seguridad dentro de las aulas, como han advertido que harán 100 asociaciones AMPA de Málaga, no es el camino para estos dos representantes. “¿Quién se queda en casa educando al niño? ¿El padre o la madre, que es quien ha asumido la responsabilidad de las tareas en esta pandemia?”, plantea Paloma Uribe. “No, el sistema educativo está bien planteado y los niños necesitan sociabilizar. El foco hay que ponerlo en las familias sin recursos, que son quienes más necesitan una vuelta al cole segura”, concluye.