Las familias se enfrentan a los primeros cierres de aulas por la COVID-19 sin soluciones sobre las bajas para cuidar: “Es apañarse como puedas”

Lo que en agosto fue una advertencia sumida en la incertidumbre es ahora una realidad que a medida que pasan los días afecta a más y más hogares. El arranque de los colegios y escuelas infantiles en septiembre ha traído consigo lo que ya se preveía. El cierre de aulas e incluso centros enteros por uno o más positivos de COVID-19, que ya se han producido en casi todas las comunidades autónomas, lleva aparejada la necesidad ineludible y aún no resuelta del cuidado de los niños y niñas que se quedan en casa mientras muchas de sus familias deben seguir yendo a trabajar.

El Gobierno adelantó antes del comienzo del curso que barajaba algunas fórmulas para cubrir ese periodo de cuarentena, entre ellas una baja o permiso retribuido, pero aún no hay una solución sobre la mesa y, mientras, a las madres y padres que ya les ha tocado no les queda otra que hacer malabares o negociar con sus empresas para poder conciliar.

Es el caso de Rosa (nombre ficticio), a la que solo una semana después de que su hijo, de algo más de dos años, empezará a ir a la escuela infantil, la llamaron para decirle que debía dejar de acudir. Otro compañero de su “grupo burbuja” –en Infantil y Primaria los centros están intentando, en la medida de lo posible, organizar así al alumnado– había dado positivo por coronavirus, así que a su pequeño le tocaba hacer cuarentena en casa por haber sido contacto estrecho. Es el proceder sanitario para evitar que el virus siga expandiéndose, pero de puertas para dentro no todo se queda ahí. “Te encuentras con una situación muy complicada y te toca ponerte a ver cómo puedes hacer. La baja no te la dan porque tu hijo no está infectado y cuando preguntas la respuesta es que no hay mucha opción. Es una sensación de desamparo total”, cuenta Rosa.

En su caso, al ser funcionaria, pudo llegar a un acuerdo con la Administración Pública y tendrá que recuperar las horas de los días que faltó al trabajo hasta que su hijo ha finalizado la cuarentena, que fue el miércoles pasado. Ella cuenta además con una circunstancia añadida: es madre monoparental, y las opciones para el cuidado se reducen. Para los 1,8 millones de hogares encabezados por una sola persona, más del 80%, mujeres, estas situaciones agravan las dificultades con las que ya de por sí cuentan para conciliar: “Es un abandono en general, pero en particular para las familias monoparentales. Es que ¿qué hacemos? ¿dónde dejamos a los niños? Es que pareciera que no tenemos que cuidarlos. Hay un vacío enorme y al final te dejan a merced de los acuerdos a los que puedas llegar. Eso si tienes suerte...”, reflexiona la mujer desde Valencia.

Por el momento, las incidencias son minoritarias respecto al volumen total de centros educativos que hay en España –según ha contabilizado la Confederación Intersindical STES, en dos semanas ha habido 700 cierres de aulas o colegios–, pero cada día se van conociendo más. Una circunstancia con la que se sabía que conviviríamos y que ya anticipaba una crisis de conciliación como ya ocurrió con el estallido de la pandemia, pero para la que sindicatos y familias llevan desde el verano pidiendo anticipación sin éxito.

Colectivos feministas también han exigido reiteradamente cobertura para estas ausencias ante el peligro, advierten, de que al final los cuidados acaben recayendo muy mayoritariamente en las mujeres. Desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) advierten de que, a medida que avance el curso, afectará cada vez a más hogares y lamentan que la falta de previsión “agrave un problema que las familias venimos arrastrando de siempre”, dice Leticia Cardenal, su presidenta.

Una solución que divide al Gobierno

Ya le ha pasado también a Laura, que tampoco quiere aparecer en este reportaje con su nombre real. Está confinada en su domicilio de Madrid desde el pasado martes y aún le quedan 14 largos días por delante en casa. Su empresa no le permite teletrabajar, a pesar de que lo estuvo haciendo durante todo el estado de alarma. “Me llamaron y me dijeron que no había criterios médicos para que yo me quedara en casa y que tenía que ir presencial”, relata. Al final, su pareja, al que sí le autorizan el trabajo a distancia, es quien está cuidando estos días de su pequeño en cuarentena, pero Laura lamenta “la poca consideración” de la compañía, a la que prefiere no identificar, “que ni siquiera me ha preguntado si puedo dejar con alguien a mi hijo”.

“Al final –concluye– es ir apañándose como cada uno pueda y tenga. Hay otra chica en mi empresa que le ha pasado lo mismo, y lo dejará con su hermana...De repente te encuentras en una situación que es de un día para otro y dependes de que te den algún tipo de facilidad. Antes tirabas de los abuelos...siempre ha sido así, pero ahora hay miedo, son mayores y de riesgo...”.

En el plano político, la situación no ha dado señales de haber avanzado desde que a finales de agosto la ministra de Educación, Isabel Celáa, anunciara que el Ejecutivo barajaba opciones para esta circunstancia especial: un permiso retribuido o a una baja laboral. Pero otros miembros del Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno rebajaron las expectativas al respecto y, de momento, no se ha dado luz verde a ninguna medida. En el seno del Gobierno hay dos posturas, que han generado diferencias públicas. Por un lado, el vicepresidente Pablo Iglesias apuesta públicamente por aprobar ya una baja laboral que cubra a los trabajadores en este supuesto, mientras que por otro varios miembros–entre ellos el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que sería el responsable de aprobar dicha baja– afirman que aún se están “estudiando” opciones y que se abordarán con los sindicatos y la patronal.

Así que, en la práctica, para los casos de niños y niñas que deben permanecer aislados en casa de manera preventiva por haber estado en contacto con un positivo, los cuidadores no tienen derecho a la baja laboral mencionada. En el caso de que sea positivo y haya contraído el virus, los padres al ser contactos estrechos del menor –el requisito sanitario es haber estado a menos de dos metros de distancia y durante 15 minutos junto al caso confirmado– tienen derecho a la baja laboral por cuarentena preventiva que creó la Seguridad Social pensando en las cuarentenas preventivas en los centros de trabajo. Así, los trabajadores reciben la prestación por incapacidad temporal asimilada a un accidente de trabajo, que asume la Seguridad Social y que es más cuantiosa que la baja por enfermedad común (de al menos el 75% de la base reguladora). 

“Es muy complicado y al final recae otra vez sobre las familias, que tenemos que hacer malabares”, lamenta David, otro de los primeros progenitores afectados por los cierres de aulas tras iniciarse el curso escolar. En su caso, en Toledo y con su hijo de seis años, que ha empezado este septiembre 1º de Primaria. Fue el pasado domingo cuando una llamada desde el colegio les avisó de que no podrían llevarle a clase al día siguiente porque la profesora había dado positivo por COVID-19, así que lo primero que hicieron él y su mujer fue hablar con sus respectivos trabajos.

Ambos son funcionarios y han podido solucionarlo gracias a la flexibilidad que les ofrecen: media mañana cuida del pequeño uno y media otro. Cuando acabe la cuarentena, el próximo 25 de este mes, tendrán que empezar a recuperar las horas perdidas. Sin embargo, a David, al igual que a Laura, no le han concedido el teletrabajo a pesar de haberlo pedido, una solución que prefiere. “Tenemos una situación ventajosa, pero ¿qué pasa con otras familias? La gente que trabaja en un supermercado o que no se puede permitir no ir a su taller mecánico... ¿qué van a hacer?”, se indigna David.

Con todo, y al margen de las negociaciones individuales con las empresas, las opciones para conciliar de estas personas se ciñen al llamado Plan MeCuida, que aprobó el Ministerio de Trabajo en la pandemia. Se trata de dos derechos preferentes de los trabajadores (asalariados, no autónomos) para adaptar o reducir su jornada laboral. Con la adaptación se puede pedir a la empresa cambiar el turno, el horario y la opción de teletrabajar, por ejemplo. En el caso de la reducción jornada, los trabajadores pueden solicitar a la empresa incluso ausentarse el 100% de su horario para cuidar, a costa de no cobrar el salario en el periodo que falten a sus puestos de trabajo. Algo que, asumen las personas entrevistadas para este reportaje, “mucha gente no nos podemos permitir”.

En este sentido, los sindicatos CCOO y UGT consideran que la cobertura del Plan MeCuida es insuficiente, ya que las reducciones de jornada suponen la reducción de ingresos para los trabajadores e insisten además en la vulnerabilidad de los empleados más precarios, que pueden no tener facilidades para reclamar estos derechos a sus empresas. Por ello, reclaman al Gobierno que apruebe la baja laboral o un permiso retribuido que permita a los trabajadores ausentarse de sus puestos garantizando sus ganancias durante esos días. En cualquier caso, los representantes de los trabajadores urgen al Gobierno a tomar una decisión con urgencia, ya que las cuarentenas, como demuestran las cifras y los casos personales, ya se han puesto en marcha.

Caos y vacío en las informaciones

Al margen de las dificultades para compaginar los confinamientos y el trabajo, el inicio de curso y el surgimiento de positivos en las aulas ha traído consigo también caos en la gestión de los protocolos y vacíos de información, denuncian las familias. No son pocas las instrucciones contradictorias que han recibido desde que los centros educativos a los que van sus hijos les avisaron de la situación, lo que se suma a una Atención Primaria saturada que en muchos casos hace que las llamadas a los centros de salud no sean atendidas, como le ocurrió a Laura. El centro escolar al que acude su hijo le avisó del cierre de la clase y le dio la instrucción de que debía contactar con el teléfono dedicado a la COVID-19 de la Comunidad de Madrid para saber qué hacer, pero en él le dijeron que no sabían nada. Su decisión fue intentar hablar con el ambulatorio para que le dieran cita para la PCR del niño, algo que finalmente logró tras 12 horas de llamadas.

Qué hacer con los casos en los que el menor que ha sido contacto estrecho de un positivo en el aula tiene un hermano o hermana es otra de las incógnitas de las familias que, por el momento, nadie les ha aclarado. Tanto Laura como Rosa han decidido dejar a sus otros hijos también en casa confinados, pero es algo “que está en el aire”, explica la primera: “Yo se lo dije al colegio y me dijeron que mejor que no fuera, pero al final es una decisión que estás tomando tú y deberían establecerlo para que todo el mundo haga lo mismo”. A Rosa la pediatra llegó a decirle que ella misma tenía que confinarse, pero después el médico de cabecera le dijo que no. Las contradicciones llegaron incluso al punto de que a otras familias que pertenecen a otro centro de salud les dijeron que la cuarentena terminaba un día y a ella el siguiente. “El resultado –esgrime–es que no hay información clara. Yo entiendo que es difícil y que todo se va adaptando, pero no puede depender de quién te coja el teléfono”, lamenta.