Unas 30 personas, entre ellas 18 menores, dormirán desde este jueves en una vivienda de Madrid “recuperada” con ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Se trata de ocho familias sin recursos que han sido desahuciadas con anterioridad por no poder hacer frente al pago de la hipoteca o el alquiler. El inmueble, vacío y situado en la calle del Monte Perdido, en el barrio de Vallecas, está en proceso de formar parte de la Sareb, el llamado 'banco malo', que desde 2012 gestiona los activos procedentes de entidades rescatadas con dinero público.
La acción se enmarca en la estrategia de la Obra Social del colectivo, que se erigió como una de las vías de la PAH para dar acceso a una vivienda a personas en emergencia habitacional. El objetivo es conseguir un alquiler social, como ya logró esta plataforma el pasado ocho de octubre, cuando obtuvieron once alquileres sociales de entre 50 y 70 euros en función de las rentas disponibles de cada familia. De esta forma, realojaron a unas 26 personas en un edificio que habían ocupado hace algo más de un año, también en Vallecas, propiedad de Banco Sabadell.
La intención no es solo satisfacer la necesidad de vivienda de estas ocho familias, sino “seguir visibilizando el problema de vivienda que tiene este país”, denuncia Mercedes Lovera, activista de la PAH Vallekas. Este mismo jueves, el Consejo General del Poder Judicial hacía públicos los datos de desahucios ejecutados en el segundo trimestre de 2015, que se mantienen en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre abril y junio se han producido 18.739, solo diez menos que en 2014.
Cuatro años negociando sin éxito
“Todas las personas que han entrado en el bloque han solicitado vivienda, sin que la Administración se haya puesto en contacto con ellas”, asegura Lovera. Como Encarna Salguero, que ha encontrado un hogar gracias a la acción de la PAH. Esta mujer de 55 años trabaja como empleada doméstica, pero “se me hace imposible pagar un alquiler con lo que cobro”, confiesa nerviosa. Ella lleva cuatro años pidiendo al instituto de vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima) una solución habitacional sin éxito.
“No me queda otra opción que hacer esto, porque al divorciarme tuve que empezar de cero”, cuenta Encarna, que vivirá en una de los pisos del edificio ocupado con su hija de 23 años. “Estoy agotada psicológicamente, porque nunca había hecho esto, pero una amiga me habló de la PAH y me dijo que podían ayudarme”, añade agradecida.
Con su voz se mezclan los gritos de los activistas, que en un ambiente festivo celebran la “recuperación” del edificio mientras entonan el ya conocido “Sí se puede” y “Ni casas sin gente, ni gente sin casas”. Varios efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal se han desplazado al lugar, han cortado las calles aledañas y han identificado a algunos de los presentes, entre ellos, Encarna: “Estoy asustada y tengo miedo de que me detengan”, relata.
Con este son cinco los inmuebles que ha ocupado la Obra Social de la PAH en el barrio de Vallecas, en los que viven 94 personas, y 40 en toda España desde finales de 2011. En ellos, el colectivo ha conseguido realojar a un total de 2.500 personas con dificultades para pagar un alquiler o una hipoteca. La plataforma justifica la ocupación de pisos vacíos propiedad de bancos rescatados con dinero público y de los gestionados por la Sareb argumentando que “las viviendas también son nuestras porque hemos rescatado con nuestro dinero a las entidades”, denuncia Lovera.
Las primeras horas tras la “recuperación” son fundamentales, por lo que los activistas y las familias harán guardias de 24 horas para no dejar nunca el bloque vacío. “Lo primero es garantizar que pueden vivir dignamente, para lo que tenemos que resolver lo relacionado con el suministro de luz y agua”, comenta Clara, una de las activistas. “Ahora el objetivo fundamental es negociar un alquiler social”, agrega.
En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en uno de los blancos de las críticas de la PAH, que considera “insuficientes” las medidas que ha tomado Manuela Carmena en materia de vivienda. En opinión de Lovera, el problema radica en que el consistorio no ofrece solución a lo que llama “desahucios invisibles”, aquellos que no llegan a la plataforma o a las administraciones públicas, y a los desahucios por ocupación, como el de Rubén, que sigue viviendo en una casa propiedad de Bankia después de que la PAH lograse aplazar su desalojo el pasado 30 de septiembre.
Para Lovera y el resto de integrantes del colectivo, la solución pasa por la creación de un parque público de viviendas porque “las 400 viviendas ofrecidas por los bancos al Ayuntamiento son un alivio inicial pero no solucionan la situación”. “No tiene sentido hacer pasar necesidad a la población habiendo tanta vivienda vacía en manos de la banca, Sareb y sociedades de inversión”, concluye la activista.