“Creo que es un requisito moral vender un producto al mayor precio posible”. Con estas palabras al Financial Times justificaba Nirmal Mulye, director ejecutivo de la farmacéutica Nostrum, la última gran subida de precio de un medicamento. El fármaco en cuestión es la nitrofurantoína, un antibiótico para las infecciones de orina calificado como esencial por la Organización Mundial de la Salud y que ha pasado de costar unos 475 dólares a casi 2.400. “Esta es una economía capitalista y quien no sea capaz de hacer dinero no puede seguir en el negocio”, concluyó.
El caso de la nitrofurantoína es el enésimo episodio de las grandes subidas de precio de algunos medicamentos en los últimos años. Una tendencia a la que aún no se ha puesto freno a pesar de las advertencias de varias organizaciones. “La escalada de precios de medicamentos que son esenciales para la vida o destinados a enfermedades graves es clara”, explica a eldiario.es la directora de la plataforma Salud por Derecho, Vanessa López. “Los altos precios de los medicamentos están dificultando el acceso a los mismos y hay gente que muere por este motivo”.
Según López, las palabras de Mulye “son una inmoralidad” y señala a los gobiernos por no tomar las medidas necesarias. “El problema es que se trata a los fármacos como si fueran un producto de consumo cualquiera”, asegura esta activista, que reclama que los medicamentos sean “tratados como un bien público, ya que de ellos depende la vida de las personas”.
Daraprim, el primer gran escándalo
El intento de Nostrum de obtener grandes beneficios de un viejo producto farmacéutico está lejos de ser el primer o único ejemplo de esta práctica. Durante la última década otras compañías han estado adquiriendo los derechos de medicamentos de bajo coste, sin protección de patentes y revendiéndolos a un costo mucho más alto.
Uno de los casos más sonados de los últimos años se produjo en septiembre de 2015, cuando la empresa Turing Pharmaceuticals compró los derechos de un viejo medicamento, el Daraprim, utilizado para tratar las infecciones parasitarias en pacientes con VIH y mujeres embarazadas, y subió el precio más de un 5000%, pasando de poco más de 13 dólares a 750.
El caso de Daraprim resultó especialmente polémico por el carácter del CEO y fundador de la compañía, Martin Shkreli, al que algunos medios norteamericanos bautizaron como “el hombre más odiado de América”. Sin embargo, no fue el único caso que desató la polémica ese mismo año.
Un mes antes de la subida del Daraprim, la farmacéutica Rodelis Therapeutics compró los derechos de un medicamento para la tuberculosis y multiplicó su precio por veinte, pasando de 480 dólares a más de 10.000. Tras las protestas, la compañía dio marcha atrás y devolvió los derechos a la Purdue Research Foundation, que vende el tratamiento por un precio aproximado de 1.000 dólares.
Unos meses antes, en febrero de ese mismo año, fue Valeant Pharmaceuticals International quien compró los derechos de dos medicamentos para el corazón, Nitropress e Isuprel, y el mismo día subió los precios en un 200% y 500% respectivamente.
Antes de estas acciones, otras empresas del sector ya habían realizado prácticas similares. En 2014 Mallinckrodt Pharmaceuticals compró la empresa que fabricaba Ofirmev, una inyección de acetaminofén utilizada para aliviar el dolor y la fiebre, y multiplicó el precio por 2,5. Ese mismo año, AstraZeneca vendió un medicamento para la artritis, Vimovo, a otra compañía que aumentó su precio un 500%.
Esta práctica se hace habitualmente con medicamentos para los cuales no hay competencia de genéricos, como el caso de las inyecciones de epinefrina, EpiPen, que se utilizan para casos graves de reacciones alérgicas y cuya propietaria, la farmacéutica Mylan, ha multiplicado su precio por cinco en apenas 9 años, hasta los casi 600 dólares por cada pack de inyecciones.
Los medicamentos contra el cáncer duplican su precio
Tampoco se han librado de sufrir importantes subidas de precio los medicamentos contra el cáncer, que en los últimos años han duplicado su precio, especialmente los nuevos fármacos dirigidos. Entre los casos más sonados destacan los relacionados con el Gleevec y el Campath.
La aprobación de Gleevec en 2001 marcó el comienzo de una nueva era de medicamentos oncológicos dirigidos, que apuntan a las células cancerígenas y son menos lesivos para el resto, y su precio de salida fue de 26.000 dólares por año de tratamiento. Sin embargo, Novartis, compañía propietaria de la patente, ha ido subiendo progresivamente el precio hasta superar los 120.000 dólares anuales.
El Campath es un medicamento contra la leucemia que en 2012 fue retirado y convertido, un año más tarde, en otro contra la esclerosis múltiple llamado Lemtrada. Tras el cambio de nombre y sin apenas modificaciones, el medicamento pasó de costar unos 400 euros a más de 7.000. “Es una práctica habitual”, explica López, “retirar medicamentos del mercado para luego volver a introducirlos con otro nombre y a un precio muy superior”.
Este tipo de movimientos agresivos en el mercado farmacéutico no son habituales, pero diversas organizaciones alertan de que se está estableciendo una tendencia que ejerce una presión excesiva en los sistemas públicos de salud. “En países como España, en los que el sistema público asume el precio de los tratamientos, esta tendencia está esquilmando los presupuestos de salud y quitando recursos que tendrían que invertirse en otras necesidades”, explica López.
Con el fin de evitar este tipo de acciones abusivas, diversos colectivos están planteando alternativas sobre el tipo de licencias que se concede a los nuevos fármacos e incluso un consorcio de hospitales de EEUU ha anunciado recientemente su intención de crear una empresa farmacéutica sin ánimo de lucro para fabricar medicamentos genéricos y luchar así contra los elevados precios que impone parte de la industria.