La Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) es la organización que tiene el monopolio en España de las carreras oficiales de coches como las de Fernando Alonso, rallies como los que corre Carlos Sáinz, carreras de montaña o competiciones de karting. Tiene casi 30.000 licencias y es también la que aglutina a las organizaciones autonómicas y homologa las licencias a los conductores que quieren competir. Organiza carreras y eventos en los circuitos más populares de España como Montmeló, Jerez o Ricardo Tormo. Como el resto de federaciones deportivas –incluida la de fútbol–, es una entidad privada pero con ciertos compromisos de transparencia y del ámbito público, ya que tiene el monopolio de este deporte federado y recibe dinero del Estado. En el caso de la RFEDA, el Centro Superior de Deportes (CSD, organismo público nombrado por el Gobierno) le ingresa cerca de un millón de euros al año, según los presupuestos presentados en 2023 y colgados en su web. En los años anteriores la cifra es parecida. La RFEDA completa estos ingresos con las cuotas de los federados (1,4 millones anuales). El resto del dinero viene de patrocinios, organización de cursos o cuotas que pasa a las autonómicas u organizadores de carreras, que suman otros cuatro millones.
Su presidente, Manuel Aviñó, prácticamente ha duplicado los ingresos de su predecesor, que perdió las elecciones en 2018 después de 32 años en el cargo. Aviñó fue piloto en su día y ganó varios premios en la Comunitat Valenciana, federación de la que fue presidente en 2010. También es conocido por posicionarse a favor del proyecto de llevar la Fórmula 1 a Madrid, con el impulso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, como ha dejado constancia en entrevistas y declaraciones, un proyecto en el que la federación es esencial y sin la cual no se podría organizar una carrera oficial. Los ingresos de Aviñó suman casi 200.000 euros anuales, el doble que el salario estipulado para el presidente de Gobierno de España, sobre todo entre nómina y bonus, pero también se le indemniza por gastos de representación y viajes. Según los presupuestos presentados a la asamblea general –que es el órgano que aprueba los gastos y también su salario, una pieza clave para los presidentes como en el caso de Rubiales y el fútbol–, la parte fija asciende a 90.000 euros (su antecesor cobraba un fijo de 60.000) y el bonus ha sumado en 2023 un total 87.000 euros. ¿Por qué cobra esos ingresos variables? Aviñó ha concordado para sí, con el plácet de la asamblea, que se queda desde 2021 el 1,5% de comisión si los ingresos propios de la federación superan los 4,5 millones, algo que ha pasado en los últimos años. Si a eso se le suma la subida del bruto, también en 2021, el salario no ha parado de crecer, además del coste a la Seguridad Social, las dietas y los viajes (33.000 euros en 2022) y los gastos de representación (5.000 euros en 2022).
Su vicepresidente y también secretario general de la federación, es decir, la mano derecha de Aviñó, es Joaquín Verdegay, que fue precisamente el hombre fuerte del anterior presidente hasta que apoyó la candidatura del actual. Además de sumar dos cargos en la Federación (no remunerados, ya que según los estatutos solo puede cobrar el presidente), Verdegay es el administrador único de Verdegay Abogados, un bufete domiciliado en Madrid y que es justamente el que lleva la asesoría jurídica en la propia federación, defiende conflictos judiciales, presenta pleitos o asesora en asuntos legales, teniendo intereses en el bufete y la federación a la vez. Es decir, la empresa de Verdegay cobra por asesorar en el buen gobierno jurídico a la federación que también lidera Verdegay. En la web de su empresa incluso promociona su puesto en la federación como plus de confianza: “Varios de nuestros socios ocupan cargos de relevancia en algunas instituciones y federaciones deportivas españolas e internacionales, y en sus comités de disciplina, actuando en todas las facetas del Derecho Deportivo”. Una de sus empleadas en el bufete, Mónica Ruigómez, que figura como apoderada en las cuentas mercantiles, es a su vez la vocal secretaria del Comité de Apelación y Disciplina de la RFDA, el que dirime conflictos deportivos y toma resoluciones en el ámbito de la competición.
Además, la Federación de Automovilismo lleva años contratando también a una empresa de asesoría que fundaron la tesorera de la propia federación (Teresa Real Panisello) y su hermano, Antonio Real Panisello, director financiero de la federación y también fundador de R&R. Ella tampoco puede tener salario al pertenecer a la Junta Directiva, pero sí cobran ambos por servicios que se prestan a la federación de la que forman parte. Además, los dos están en la comisión de control económico de la entidad federativa.
La RFEDA se adscribió al Código de Buen Gobierno del CSD (lo trasladó íntegro sin adaptación), que en su artículo 4 prohíbe “aprovecharse de las oportunidades de negocio que conozcan en su condición de miembro de la junta directiva y/o comisión delegada”. Estos tres miembros de la directiva se contratan a sus propias empresas y la federación no ha respondido de momento por qué se seleccionaron y si compitieron con otras ofertas. Verdegay (la empresa) ha facturado más de 600.000 euros desde 2017 a 2022 por servicios a la RFEDA. La empresa de la tesorera, más de 300.000 entre 2019 y 2022. Estas cifras han sido hechas públicas por ellos mismos, como obliga la Ley del Deporte, que también refiere que “el Consejo Superior de Deportes requerirá información periódica sobre el volumen de transacciones económicas que la federación o la liga mantengan con sus miembros o terceras personas vinculados a ellos”.
Preguntada por este posible ilícito o conflicto de intereses, la federación defiende que todo es legal y remite a elDiario.es al artículo 59 de sus estatutos, que especifica que solo el presidente puede tener salario directo de la federación, como así es, pero no da respuesta sobre si contraviene el artículo 4 del buen gobierno. Entonces, ¿quién vigila que no haya abusos en la facturación o que las empresas cumplan sus servicios, dado que quienes están en los órganos de control y liderazgo son precisamente las personas que tienen esas empresas? “El presidente”, responden fuentes de la federación. ¿Y quién vela por que los miembros de la dirección no tomaran decisiones para beneficiar a sus empresas o sobrefacturaran para ganar más? “En primer lugar, la propia responsabilidad y honradez de los integrantes de la junta. En segundo lugar, la comisión delegada. También las auditorías externas de la RFEDA, la del CSD y el propio CSD”, contestan en la federación. El comité de auditoría y control de la federación está también liderado por el presidente y el vicepresidente, además de la tesorera.
¿Cómo se gestionan o previenen los posibles conflictos de intereses? “Hasta ahora no ha habido conflictos de intereses”, zanjan en la RFEDA, que asegura que “el CSD está al tanto” de la facturación a las empresas.
Desde el CSD circunscriben el funcionamiento en las contrataciones, el posible conflicto de interés o el buen gobierno a una cuestión interna de la federación. Fuentes oficiales del organismo gubernamental recuerdan que ellos hacen “recomendaciones” (ante casos importantes pueden retirar la subvención pública), dan “un catálogo de medidas” para que las federaciones lo usen en “su libre autonomía y sus facultades de autorregulación” y que, a final de año, el CSD examinará el informe sobre buen gobierno que le enviará la federación como es preceptivo, informe que se habrá elaborado al mismo tiempo por la propia federación y bajo el liderazgo de Aviñó y Verdegay. Respecto a la subida de salario del presidente, “ha sido aprobado por su Asamblea. El artículo 51 de los Estatutos de la RFEDA se refiere a la remuneración del presidente, sin que conste en el CSD el incumplimiento de las previsiones que dicho precepto contiene”. A la pregunta de si el CSD ha requerido información sobre los servicios que se están contratando a empresas de miembros de la junta, como dice la ley de Deporte, el organismo no ha dado una respuesta concreta.
Uno de los casos más sorprendentes de este doble rol sucedió en 2022. Fue por una sanción de 2.000 euros impuesta al presidente de la federación autonómica asturiana (y candidato a presidir la RFEDA en las elecciones que se celebrarán este año) por parte de la nacional. Aunque a la sala asistió una colega del bufete, el procedimiento –al que ha tenido acceso elDiario.es– recoge que es Joaquín Verdegay el abogado firmante. La misma persona que acudió como representante de la RFEDA al juicio. La federación nacional fue condenada a costas porque el bufete recurrió ante el TAD cuando era procesalmente imposible. El perjuicio para Verdegay vicepresidente lo cometió la firma de Verdegay abogado. Sin embargo, la RFEDA sale en defensa de la actuación del bufete: “El recurso que fue desestimado fue interpuesto por indicación de la federación, y de la misma forma que Verdegay abogados no cobra por los pleitos que dirige para la RFEDA, tampoco debe asumir esas costas”.
La Ley del Deporte, aprobada en 2022, dice en su artículo 46.2 que “los estatutos contendrán los posibles conflictos de intereses entre quienes ostenten funciones de dirección, los demás miembros de los órganos de participación y dirección y la provisión de bienes y servicios para la misma, garantizando la transparencia de los procesos de reclamación y las consecuencias que se prevean para el incumplimiento del régimen de conflictos de intereses.”. Aunque la federación remite a elDiario.es al artículo 71 y 72 de sus estatutos, no se desarrolla ahí nada específico al respecto sobre lo que está permitido o no y cómo se gestiona el conflicto de interés, pese a que se aprobaron posteriormente a la ley, en junio de 2023.