Este miércoles 14 de noviembre la Audiencia Nacional celebra el juicio para dirimir la ilegalización del sindicato de prostitutas OTRAS, registrado el pasado agosto, tras la demanda de varias asociaciones feministas, entre las que están la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de marzo de Sevilla. Este lunes, más de 350 feministas y organizaciones lanzan un manifiesto para pedir la retirada de esas demandas y contra la ilegalización del sindicato. “El feminismo como tal no tiene una postura unánime; está recorrido por múltiples posiciones y perspectivas que a lo largo de su historia han dado lugar a numerosas corrientes, infinitamente más complejas, ricas e interesantes que un estar a favor o en contra del trabajo sexual”, defienden.
Entre las firmantes, las escritoras y periodistas Elena Poniatowska, Ángeles Mastreta y Virgine Despentes, directoras de cine y artistas como Isabel Coixet, Lucía Egaña y María Galindo, activistas feministas como Yayo Herrero, Justa Montero, Empar Pineda y Begoña Zabala, la economista Amaia Pérez Orozco o docentes e investigadoras como Dolores Juliano o María Jesús Izquierdo. También firman el manifiesto políticas, como la diputada de En Marea, Ángela Rodríguez, la concejala de igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, Laura Berro, o la concejala de Feminismos del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez Castaño. Colectivos como COGAM, la Fundación de los Comunes, el Colectivo de Prostitutas de Sevilla o la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia suscriben el manifiesto.
“Creemos que no puede impedirse en ningún caso la organización libre y autónoma de colectivos de mujeres con el propósito de avanzar en derechos sociales y laborales básicos en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad. Lo que está en juego es el día a día de muchas personas que encuentran en el trabajo sexual su medio de vida sin la cobertura ni protección mínima de derechos”, dicen en el texto.
Las firmantes insisten en que el feminismo no tiene una sola voz en el debate sobre la prostitución y que el manifiesto pretende reivindicar “la enorme diversidad de posiciones y de sensibilidades respecto a este debate”. “Y pedimos que no se utilice una pretendida unanimidad del feminismo como aval de ninguna medida legal que pueda afectar a las condiciones materiales de vida de muchas personas que trabajan en este sector –en todas sus variantes: prostitución, bailarinas, actrices, teléfono erótico, etc…–. No sin al menos abrir un espacio de diálogo donde todas las posturas puedan ser escuchadas en igualdad de condiciones”, señalan.
El manifiesto subraya que es un error equiparar la trata con fines de explotación sexual con la “prostitución decidida” así como con la diversidad de trabajos sexuales que actualmente se ejercen legalmente. Esa confusión, añaden, perjudica la lucha contra la trata y la defensa de las víctimas: “Contra la trata con fines de explotación sexual no nos cansamos de exigir (y aquí sí somos unánimes): medidas efectivas, una provisión suficiente de recursos humanos y materiales y la formación de los cuerpos y órganos encargados de llevarlas a cabo”.
“Entender que la sindicación de quien realiza trabajos sexuales favorece al proxenetismo es obviar un principio básico del derecho sindical, esto es, que la autoorganización de los trabajadores y trabajadoras sirve para limitar el poder de la patronal y especialmente a quien pretende aprovecharse y explotar a otros económicamente. La existencia puntual de sindicatos amarillos, de falsos sindicatos, no es un argumento para impedir el derecho a la libertad sindical. Al contrario, la mejor defensa contra ese fenómeno es la proliferación de organizaciones sindicales en todos los sectores laborales”, argumentan.
La legalidad del trabajo sexual “bajo múltiples modalidades” (servicios telefónicos o vía web, actores y actrices porno...) está avalada, aseguran, en nuestro ordenamiento jurídico, “como se refleja en múltiples sentencias tanto nacionales como europeas”: “Por tanto, privar del derecho fundamental a constituir sindicatos y afiliarse a ellos a las personas que prestan servicios en esta actividad supone un ataque frontal a un derecho democrático básico de nuestro sistema constitucional, que no debe estar sometido a la intervención previa de la administración en ningún caso. Un derecho consolidado tras siglos de lucha a escala global y consagrado en el derecho internacional. La ilegalización de OTRAS puede sentar un mal precedente que puede utilizarse contra cualquier iniciativa de autoorganización sindical”.
Las firmantes piden a administraciones, medios de comunicación, partidos políticos y organizaciones sindicales que reconozcan la diversidad de argumentos y sensibilidades alrededor de este debate. Hacen también un llamamiento para que las asociaciones que demandaron al sindicato OTRAS retiren su denuncia. “Nos entristece y creemos impropio que desde el movimiento feminista haya organizaciones que emprendan acciones legales contra otras mujeres, recurriendo sus decisiones ante órganos jurisdiccionales solicitando medidas contra su legítimo derecho a la libre sindicación”, concluyen.