El fondo buitre al que Botella vendió VPO alquila más caro a quienes entraron cuando eran públicas

Fidere, la empresa que gestiona las 1.862 viviendas que vendió el Ayuntamiento de Madrid al fondo buitre Magic Real Estate Blackstone, cobra alquileres más altos a los inquilinos que fueron adjudicatarios cuando los inmuebles eran viviendas públicas. Algunos pisos, con un fin social originariamente, se han quedado vacíos tras el cambio de manos y Fidere oferta arrendarlos a un precio inferior al que pagan las familias más antiguas.

Tomamos como ejemplo una urbanización del PAU de Carabanchel con viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios. María Ángeles, una inquilina que lleva diez años en la casa y fue adjudicataria de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS), paga 712 euros por su piso de tres habitaciones de algo más de 70 metros cuadrados.

Fidere cobra a un vecino de nuevo ingreso por una vivienda con las mismas habitaciones, metros y años de antigüedad en una urbanización unos números más abajo de la misma calle –también vendida por el Ayuntamiento de Madrid en 2013 y construida a la vez– 650 euros, según ha confirmado eldiario.es tras consultar los precios anunciados. A este importe, que incluye gastos de comunidad, trastero y plaza de garaje, habría que añadir una subida de entre 30 y 40 en el segundo o el tercer año.

En la misma urbanización también se ofertaban –hasta que se agotaron– viviendas de cuatro habitaciones por 691 y 722 euros. Tiene cerca de 100 metros cuadrados, casi treinta más que el piso de María Ángeles, por el que paga 712 euros. En la fachada del recinto pueden verse grandes carteles con precios aún inferiores: viviendas de tres dormitorios “desde 590 euros al mes” y de cuatro, por 680.

Si los pisos en los que vive María Ángeles hubieran seguido en manos de la EMVS, ya habría tenido derecho a compra porque así lo contemplaba el contrato que firmó en 2006. Pero el cambio de manos truncó todo, por eso mucho de sus vecinos se han marchado. “De 77 vecinos, quedamos menos de 20”, asegura.

El contrato que tenía cuando se produjo la venta finalizó el mes pasado. Fidere lo ha renovado automáticamente en noviembre manteniendo el mismo precio. Ha sido así, explica, en el caso de todos los vecinos antiguos de la urbanización, que pagan por el mismo número de habitaciones cantidades muy parecidas, con diferencias de máximo 10 euros en función de que tengan algún metro más. Los precios iniciales fijados por la EMVS hace una década eran menores, pero han ido subiendo con el IPC.

A otros inquilinos “herederos” de la EMVS sí les han subidos los alquileres, asegura Arantxa Mejías, presidenta de la asociación de afectados por la venta. Desconoce, dice, el criterio que explica por qué a unos vecinos sí y a otros no.

“Se alquila rápido”

“Todos los meses salen tres o cuatro pisos en la zona, los estamos reformando y se están alquilando rápido”, asegura la inmobiliaria encargada de la gestión de alquileres. Y María Ángeles lo confirma: “Todos los días entra gente”.

“El otro día me encontré con un vecino que estaba en un piso como el mío, le dije lo que pagaba y le pareció mucho”, explica. El nuevo inquilino le aseguró, según cuenta, que pagaba menos de 600 euros, una cifra que no concuerda con los precios confirmados por eldiario.es.

Aunque la norma es que Fidere ha renovado los contratos a los vecinos “herederos” de la EMVS, hay excepciones. No ha sido así en el caso de Aranxta Mejías, la cara visible de la plataforma de afectados por la venta, cuya familia ha sido obligada a abandonar su casa sin ningún tipo de explicación. Fidere les informó a través de un burofax con un mes de antelación y la empresa ya no acepta los recibos. Por esta razón, la familia se ha querellado contra la sociedad gestora alegando que se ha producido una situación de discriminación y coacciones.

Tampoco se ha producido la renovación automática en el caso de siete familias que viven en la calle Lope de Vega, en el centro de la capital. La justificación de la empresa es que necesitan acometer “obras significativas” en los pisos que obligan a los inquilinos a marcharse. El aviso les llegó a través de burofax con menos de un mes de margen y Fidere no se ha puesto en contacto con ellos por ninguna otra vía ni ha concretado de qué obras se trata. Solo que no podrán volver a las casas y que tienen que dejarlas antes del 11 de noviembre.