707,2 millones de dólares para intentar tumbar los derechos sexuales y reproductivos. Son las cifras que una reciente investigación del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) atribuye a la agenda ultracatólica en Europa con la que un conglomerado de fundaciones y ONG opera para socavar las leyes de aborto, educación sexual y LGTBI y evitar que se proclamen nuevas.
El foro es una red de parlamentarios de todo el continente que ha monitorizado la actividad de medio centenar de grupos y el dinero que han gastado en esta agenda, que llama antigénero. El informe La Punta del Iceberg. Financiadores religiosos extremistas contra los derechos sexuales y reproductivos revela que se ha multiplicado por cuatro en una década al pasar de los 22,2 millones en 2009 a los 96 de 2018. En total han sumado 707,2 millones en diez años en una aproximación “subestimada”, destaca.
Las cifras ilustran el auge en los últimos años de los movimientos contrarios al feminismo y los derechos de las mujeres, el aborto y el colectivo LGTBI. Entre ellos está la asociación española HazteOír o su filial internacional CitizenGo, a las que el estudio atribuye un gasto de 32,7 millones de euros en este periodo, y todo un conglomerado de actores con peso en el seno de la Unión Europea, donde intentan influir políticamente. Pero también dentro de sus fronteras. La investigación destaca Francia, Italia, Alemania, España y Polonia como los países base de las fundaciones más “importantes”. En nuestro país HazteOír se hizo conocido por fletar el autobús tránsfobo y lanzar iniciativas ultraconservadoras. Son conocidos sus vínculos con Vox, formación con la que comparte discurso e ideas, pero también nombres en las listas electorales.
“La imagen que emerge es de una comunidad transnacional de extremistas religiosos afines y actores de extrema derecha que toman decisiones estratégicas de financiación a través de las fronteras internacionales”, concluye la investigación, que describe una “estrategia cuidadosamente orquestada” contra el avance de derechos que ya “está produciendo resultados concretos”. Entre ellos, la prohibición del aborto casi total y las 'zonas libres de LGTBI' en Polonia o las leyes anti LGTBI en Hungría, que acaba de prohibir hablar de homosexualidad en las escuelas en una norma que la equipara con la pedofilia. Ahora estos grupos están concentrados en intentar tumbar el llamado 'informe Matic' sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que votará este jueves el Parlamento Europeo.
El informe señala cómo la oposición a estos avances se consideró durante un tiempo “una reacción natural” al progreso o “una excentricidad local contenida en pocos países conservadores” y el actual resurgimiento “fue inicialmente subestimado [...] hasta que comenzó a movilizar apoyo popular, influir y dar forma al panorama político”. Los analistas llevan tiempo advirtiendo de que este entramado de actores se concreta en formaciones políticas que han crecido en los últimos años. El estudio nombra a España y Alemania como países en los que estos grupos han creado mecanismos “para canalizar el activismo” contra los derechos sexuales y reproductivos “y transformar a los participantes en actores políticos” a través de partidos como Vox, citan los expertos.
Una red internacional coordinada
El EPF ha identificado tres orígenes geográficos destacados de este tipo de organizaciones: Europa, Estados Unidos y Rusia. Es la primera la que mayor cantidad de dinero aporta al montante total a través de la actividad de fundaciones privadas “comprometidas” con la agenda 'antigénero'. En total, unas veinte organizaciones han gastado estos diez años 437,7 millones de dólares, cifra el estudio. Lo hacen mediante numerosas actividades, como la creación de medios, la recopilación de firmas online, la convocatoria de marchas o la celebración de foros y eventos. El estudio advierte de que los datos de estos actores europeos “son los más inconsistentes” y tienen “importantes lagunas que conducen a una subestimación”.
La investigación describe a HazteOír/CitizenGo como “una de las organizaciones más importantes en la extrema derecha del espectro político internacional” y le atribuye estrategias exitosas como el llamado astroturfing, que consiste en lanzar iniciativas haciéndolas pasar por una expresión popular y espontánea. Ambos en su web se definen como “una comunidad de ciudadanos activos que busca promover la participación de la sociedad en la política” a través de peticiones de firmas. La última le pide a Pablo Casado que recurra la Ley de Eutanasia que entrará en vigor en dos días. De este modo,“ fabrican la indignación social para canalizar su objetivos hacia partidos políticos de derecha y de extrema derecha”, detalla el estudio.
El estudio cita también a One of Us, una federación europea fundada en 2013 por el exministro popular Jaime Mayor Oreja con el objetivo de defender los “valores basados en raíces judeocristianas”; la Fundacio Provida Catalunya, o la francesa Fundación Jérôme Lejeune, también presente en España. Fundaciones en Francia, Alemania, Italia y Polonia completan el mapa de actores más activos que no actúan de forma aislada del resto, sino que se organizan y coordinan entre ellos y también con formaciones políticas e iglesias y actores religiosos destacados.
Esta “colaboración internacional” detrás de la que hay una estrategia formal de acción se concreta en iniciativas colectivas como la Agenda Europa, una red creada en 2013 a la que pertenecen muchas de estas organizaciones, o la red Political Network for Values, una plataforma “de representantes políticos para trabajar en red, en un intercambio global y local, promoviendo y defendiendo activamente un decálogo de valores compartidos entre los que se incluye la protección de la vida humana, el matrimonio, la familia o la libertad religiosa y de conciencia”. Entre sus miembros está Mayor Oreja, el exsenador popular Luis Peral y casi una veintena de políticos más de países de todo el mundo. La junta directiva está presidida por la ministra húngara de Familia Katalin Novák y es miembro de la misma Ignacio Arsuaga, presidente y fundación de HazteOír.
El uso de los litigios “para socavar los derechos humanos”
El estudio cifra en 81,3 millones de euros el montante que proviene de una decena de ONG y think tanks de Estados Unidos que “a su vez se benefician de fundaciones conservadoras producto de multimillonarios con conexiones con el Partido Republicano y la extrema derecha”, aseguran. Los actores de este grupo han pasado de ocho a diez en la última década y entre ellos destacan ADF International y ECLJ, dedicados activamente al litigio estratégico y que según el informe “han construido una infraestructura legal en Europa” con oficinas “en todos los centros de toma de decisiones” del continente desde las que han participado “en más de 30 casos” ante los tribunales europeos “para socavar los derechos humanos”. Esta última es una técnica utilizada en España por la organización ultracatólica Abogados Cristianos, que ha llevado ante los tribunales decenas de casos relacionados con el aborto o la educación sexual.
Otra de las organizaciones activas en Europa procedente de la derecha cristiana estadounidense que identifica la investigación es el Leadership Institute, fundada en el estado de Virginia en 1987 y conocida “por entrenar a activistas” del movimiento ultraconservador Tea Party y organizar en Europa, asegura el informe, “formación para audiencias ultraconservadoras y de extrema derecha como la española HazteOír”, en concreto, “ayudándoles profesionalizar las operaciones de recaudación de fondos”. Arsuaga, fue de hecho premiado en 2012 por un conglomerado de actores entre los que se encontraba este colectivo por convertir a HO “en uno de los movimientos de la sociedad civil más influyentes en la Europa Occidental”.
El último foco señalado la Federación Rusa, de donde proceden 188 millones de dólares para financiar la 'agenda antigénero'. Fundamentalmente de entidades “vinculadas a dos oligarcas rusos: Vladimir Yakunin y Konstatin Malofeev” y cuatro agencias gubernamentales. El informe también señala la existencia de dinero “negro” procedente de lavanderías en Rusia. El Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos dice que así se han canalizado fondos a partidos de extrema derecha en el continente.