El arzobispo de Granada, Javier Martínez, se sentará en el banquillo del caso Romanones para declarar como testigo, a petición de la Fiscalía, en el caso de presuntos abusos cometidos por varios eclesiásticos en su diócesis, denunciados por el joven Daniel –nombre ficticio– y que provocaron la inmediata reacción del papa Francisco.
La diócesis de Granada ya ha sido declarada responsable civil subsidiario, y ha tenido que realizar un depósito de 50.000 euros para hacer frente a las posibles indemnizaciones si, finalmente, el padre Román –único imputado tras la prescripción de los posibles delitos del resto de miembros del denominado clan de los Romanones– es condenado y no puede hacer frente a la condena económica. La Fiscalía ha pedido nueve años de prisión para el religioso, mientras que siete de los sacerdotes inicialmente imputados continúan, a día de hoy, dando misa en distintas parroquias de la diócesis.
Y es que el testimonio del arzobispo de Granada puede ser considerado “clave” para el fiscal, Francisco J. Hernández, y así lo consigna en su escrito de acusación, que presentó el pasado viernes. Junto a Martínez, la Fiscalía también ha pedido la declaración de hasta 15 personas, entre las que se encuentran el resto de miembros del clan e inicialmente imputados, así como otras de las posibles víctimas del padre Román.
El fiscal también ha pedido la pericial elaborada por la Unidad Central de Inteligencia Criminal, encargada de analizar la conducta de acusado y denunciante durante sus declaraciones para tratar de saber si los testimonios de ambos eran o no veraces. Como se recordará, la investigación policial dictaminó que el testimonio del padre Román resultaba “altamente compatible con un testimonio deshonesto, que oculta la verdad e incluso la altera”.
Vínculo emocional
El informe policial apunta cómo existía un “importante vínculo emocional” entre el padre Román y “Daniel”, y otorga un “alto grado de veracidad” al testimonio de la víctima, tanto en lo tocante al único imputado como al resto de miembros del clan.
En un momento de la entrevista, asegura la Unidad Central de Inteligencia Criminal, el sacerdote niega haber mantenido relaciones sexuales con el denunciante, pero los agentes detectan que el movimiento de cara negando los hechos lo delata. “El movimiento de cara negando los hechos lo hace bajando la mandíbula y perdiendo el contacto visual con el investigador, lo que podría entenderse como una contradicción entre su respuesta verbal y la no verbal”, subraya el informe.
El fiscal también ha solicitado las pruebas practicadas por dos médicas forenses a la víctima, practicadas en diciembre de 2015. Además, el fiscal pide la lectura de distintos folios de un sumario que tiene más de cuatro mil páginas.
A su vez, se presentará el informe canónico, que concluyó apuntando la “apariencia delictiva” de los hechos denunciados. Según han informado fuentes del caso, el informe aprecia “fumus delicti” (apariencia delictiva) en los supuestos abusos relatados por el denunciante -un joven que hoy tiene 24 años- y por los que llegaron a estar imputadas doce personas, en su mayoría sacerdotes, si bien la investigación judicial sólo continúa contra el supuesto cabecilla del grupo, el padre Román.
El expediente, elaborado por un sacerdote, también incluye la apreciación de que no debería ser el tribunal eclesiástico de Granada quien juzgue los hechos (en la vertiente eclesiástica), dados los vínculos de algunos de los curas que llegaron a ser investigados con miembros de ese jurado.