La Fiscalía General del Estado defiende que “no se puede” avisar “de manera automática” a las mujeres de que sus actuales parejas tienen antecedentes por violencia machista. Esa transmisión de información debe reservarse a los supuestos en los que la Policía valore que esos antecedentes “suponen un factor de riesgo relevante” y que comunicar esa información a la víctima “resulta necesario para prevenir la comisión de una infracción penal mediante la adopción de medidas adecuadas de protección o autoprotección”.
Así consta en el informe que la Fiscalía de Sala de Violencia sobre la Mujer ha hecho a instancias de Ministerio del Interior, después de que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska consultara el encaje legal de su propuesta para avisar a las mujeres de que su pareja o expareja ha maltratado a otras con anterioridad ante “la colisión” de derechos fundamentales que puede suscitar. En su informe, la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, analiza la legislación sobre protección de datos y la jurisprudencia existente del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Interior consultó la posibilidad de que los agentes avisaran del riesgo al que están sometidas las mujeres que denuncian una agresión machista si se comprueba en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) que ese agresor tiene más víctimas. Según los técnicos de este departamento, en estos casos la actual pareja denunciante tiene mayor riesgo de ser agredida nuevamente “con más intensidad y menor tiempo de latencia”.
Interior espera tener lista en las “próximas semanas” esa herramienta con la que se intentará mejorar la protección de las mujeres cuyos agresores son reincidentes en violencia machista después de que la acumulación de casos de las últimas semanas haya hecho saltar las alarmas. Sin embargo, no será aplicada en todos los casos. Según informan fuentes de Interior, deberá mediar una intervención policial con la mujer. Tiene que ser un caso del que, o bien por denuncia de la propia víctima o aviso de vecinos o familiares, tengan constancia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, cuando se produzca una situación de violencia de género que sea informada a la policía, que entonces hará una evaluación.
Interior asume las tesis expresadas por su informe por la fiscal Teresa Peramato, pues el protocolo que se está ultimando establecerá que se avise a las víctimas si su vida o su integridad física “corren un riesgo inminente” y “el suministro de esa información puede prevenirlo”, afirman fuentes de este departamento.
El ministerio está actualmente ultimando los criterios que formarán parte de la valoración policial. Y que se sumará a la general que ya hace la Policía ante cualquier denuncia, que es la que queda registrada en el sistema VioGén y utilizan los jueces para tomar decisiones sobre la protección de las víctimas. En ocasiones, esta valoración falla y se adjudican niveles de riesgo bajos a mujeres que acaban siendo asesinadas, por lo que las expertas reclaman una mejora.