Ha sido este uno de los veranos más cruentos en violencia machista. A los 20 asesinatos, uno cada cinco días, de junio, julio y agosto se suman los tres ya confirmados de septiembre. El último, este pasado jueves en Bilbao, donde un hombre era detenido por matar a puñaladas a su pareja, de 31 años. Entre tanto, se han sucedido los comités de crisis, los mensajes de alerta, las palabras de condolencias, los habituales qué falla o qué más se puede hacer. Y hay algo concreto en lo que quienes trabajan día a día frente a esta realidad coinciden: aún los equipos de valoración integral, ideados por la ley contra la violencia de género de 2004, funcionan muy a medio gas.
La última en llamar la atención ha sido la Fiscalía, que reivindica una mayor y mejor implantación de las llamadas Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), concebidas para ayudar a los órganos judiciales a tomar decisiones evaluando de manera global la situación tras una denuncia. Su puesta en marcha, sin embargo, es aún una asignatura pendiente, un déficit que el Ministerio Público califica en su última memoria de “mal endémico instaurado a nivel nacional”. A la escasez de unidades se suma la falta de personal, la sobrecarga de trabajo, la poca especialización o la dilación en la emisión de informes en un panorama que los fiscales describen como “desolador”.
Estas unidades, formadas por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, llevan a cabo, cuando así lo pide el juez, una valoración integral de la víctima, el denunciado, los hijos o el entorno social y familiar para que haya una información más profunda a la hora de dictar medidas de protección o como medio de prueba. Y para que, de alguna manera, sirva de complemento a las valoraciones policiales del riesgo que se hacen tras la denuncia de la mujer. Estos mismos profesionales trabajan también haciendo valoraciones específicas ante peticiones concretas, pero cuando funcionan como unidad, hacen un trabajo coordinado y más profundo.
Ocho meses en tener informe
“Lo que se hace es evaluar la trayectoria vital de esa unidad familiar hasta llegar al momento actual. Ante el juez, la mujer va a hacer una declaración sobre el hecho que ha denunciado, que posiblemente será una agresión puntual tal día, pero detrás suele haber una historia de violencia que si no se investiga, no emerge. En sala no va a contar cómo él le pegaba durante el embarazo o el miedo y el clima de dominación que vive. La forma de hacerlo es en un proceso como el que hacen las unidades”, explica María Visitación Sancho Valentín, trabajadora social de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid.
Sin embargo, y a pesar de su utilidad, la Fiscalía dibuja un mapa de carencias generalizadas. “Solo la Comunitat Valenciana y algunas provincias de Andalucía están dotadas de suficientes recursos personales y materiales”, advierte en la memoria, en la que hace hincapié en el incremento de la carga de trabajo que ha supuesto la extensión de competencias de las UVFI a los delitos sexuales por la ley del solo sí es sí sin que eso haya implicado un incremento de personal en las plantillas.
“La escasa dotación de personal repercute en la prestación del servicio, incluso con el desestimiento de informes para evitar dilaciones inasumibles, reduciendo su intervención a supuestos de mayor gravedad y prescindiendo de ellos por ser los tiempos de espera intolerables”, resume el Ministerio Público, que cifra en ocho meses el tiempo medio de respuesta a nivel nacional.
En algunos lugares como Tenerife, León, Valladolid o Navarra no existen las unidades, recalca la memoria, que habla de la “externalización del servicio” en La Palma, la insuficiencia de equipos en Catalunya o la implantación de un modelo “que no garantiza la especialización” en Cáceres. Denuncia, además, que en Burgos, Teruel, Murcia y Huesca, las UVFI no solo asesoran en violencia de género, sino que deben encargarse “de todo tipo de informes”.
Mismas personas, más trabajo
La importancia del enfoque con el que trabajan las UVFI es que es global, es decir, no analizan la violencia como un hecho aislado, sino como un continuo. De ahí, que sean especialmente útiles para sacar a la luz el maltrato habitual, muy escondido. “Queda bastante impune porque nos solemos quedar con el último hecho denunciado, pero si hay profesionales que pueden ayudarnos a analizar el contexto de desigualdad, la asimetría de poder, el impacto social y económico, el estado psicológico... tenemos mucha más información para perseguir el delito”, esgrime Cira Domínguez, titular del Juzgado de Violencia de Getafe (Madrid).
Al caso de Madrid reserva la Fiscalía comentarios concretos. Y es que este año ha sido novedad en la comunidad “la creación” de las UVFI, algo que “podría haberse considerado un éxito” pero “no ha cubierto las expectativas”, estima la memoria. Sancho, que lleva 18 años como trabajadora social de los juzgados, coincide: “Al final somos las mismas personas pero con un incremento de trabajo. No se ha hecho una inversión para crear equipos específicos y la carga es altísima porque se han sumado los delitos sexuales. Tenemos bajas que llegan a ser de un año y no se cubren. Lo que no se puede es animar a las mujeres a que denuncien y no ofrecerles la mejor respuesta”.
Eso en lo que respecta a Madrid capital. En otros municipios como Getafe, no hay unidad como tal funcionando, aclara Domínguez, miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), para la que la situación dispar a nivel nacional acaba provocando “víctimas de primera y de segunda”. Cuando no hay unidad, los médicos forenses adscritos a los juzgados evaluarán las lesiones físicas y los magistrados pueden reclamar valoraciones al equipo psicosocial –trabajador social y psicólogo–, pero no serán integrales, sino sobre elementos particulares, y los profesionales no actuarán de forma coordinada ni llegarán a conclusiones comunes.
“Lo ideal sería que hubiera personas dedicadas solo a valorar estos casos en los que se requiere intervención de la unidad y que los tres profesionales recibieran a la mujer una sola vez para evitar la revictimización de tener que ir contando su historia aquí y allá”, cree Sancho, que lamenta que en Madrid no son equipos compactos. “No siempre trabajamos con los mismos profesionales y al tener cada uno su agenda, nos tenemos que poner de acuerdo como podemos, lo que dificulta la coordinación”, afirma.
Falta de especialización
Más allá de la capital, la trabajadora social apunta a otro elemento “fundamental” que, asegura, “no se está cumpliendo”: la especialización. “Las unidades deberían estar conformadas por personal formado en violencia machista y con perspectiva de género, pero es algo que no se está pidiendo”. Un extrabajador de la Unidad de Valoración Forense Integral de Murcia que prefiere no aparecer con su nombre confirma que tampoco allí se exige especialización.
La situación es más acuciante en aquellos juzgados que no solo no pueden recurrir a una unidad como tal, sino que los médicos forenses y equipos psicosociales que les asisten no son específicos en violencia machista. Ocurre, afirma Sancho, en ciudades madrileñas como Fuenlabrada, Alcorcón o Leganés, donde los profesionales ven todo tipo de casos. “Van a valorar un caso de violencia de género si entra, pero también de dependencia de una persona mayor, de vigilancia penitenciaria o de un delito de robo con agresión. Y si les cae hacer un informe integral como UVFI pues tendrán que trabajar como UVFI”, describe la especialista.
En este contexto, y pese a los proyectos diseñados con el objetivo de mejorar estos equipos –el Ministerio de Justicia creó un plan de mejora de las UVFI para 2020 y 2021 y la Generalitat de Catalunya ha aprobado un programa específico–, la Fiscalía insiste en su reivindicación: deben contar con “personal suficiente y cualificado” para poder emitir informes “con la celeridad requerida” y asesorar así a los órganos judiciales. La protección de las víctimas de violencia machista y sus hijos e hijas está en juego.