Las Fiscalías de todo el país han detectado 68 investigaciones en marcha en torno a abusos sexuales a menores cometidos en el seno de instituciones religiosas. Así lo explica el Ministerio Público en un comunicado que recoge todos los casos remitidos por las secciones territoriales, al mismo tiempo que afirman que “es momento de realizar un análisis cualitativo de las mismas a fin de estudiar y dimensionar el fenómeno de los procedimientos en tramitación”. La estadística incluye no sólo los ocurridos, supuestamente, en el seno de la Iglesia católica sino también, por ejemplo, en colegios religiosos o en el seno de otras congregaciones.
La información solicitada por la Fiscalía abarcaba procedimientos penales incoados tanto en un juzgado como en la propia Fiscalía y “que tengan por objeto el esclarecimiento de denuncias y/o querellas por la supuesta comisión de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa”. En las últimas semanas las distintas fiscalías territoriales han ido remitiendo los datos, la última ayer la de Madrid.
La Fiscalía revela que las únicas comunidades autónomas donde no se han detectado investigaciones en marcha han sido Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja y Extremadura. La que más ha registrado, con 14 casos, ha sido la Fiscalía de Cataluña. Madrid afirma haber detectado ocho, otras siete en Galicia y otras seis más en Andalucía.
El encargo de la Fiscalía llegó después de que el diario El País remitiese a las autoridades un informe que reflejaba más de 250 denuncias de abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica. En paralelo, en el Congreso de los Diputados, el parlamento ha admitido a trámite una solicitud de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para crear una comisión parlamentaria sobre estos abusos.
Está por ver ahora si la Fiscalía toma alguna determinación sobre estos 68 casos de pederastia detectados en entornos religiosos. Se trata de la primera cuantificación oficial que se hace en nuestro país desde el ámbito judicial ya que ni el Registro de Penados ni los compendios del Ministerio Público recogen, hasta ahora, una estadística que diferencie entre los casos generales de abusos a menores y los que son cometidos por religiosos o en instituciones religiosas.