El escrito presentado por la Fiscalía ante la Audiencia Nacional en el que rechaza la detención de los cuatro imputados por torturas cometidas durante el franquismo no ha causado sorpresa. “Es lo que esperábamos”, reconocen en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº1 de Buenos Aires. “No han colaborado con la investigación en ningún momento”, explican.
Pero el equipo de la jueza argentina María Servini de Cubría no cree, ni mucho menos, que esta decisión paralice el proceso. “Estamos acostumbrados a trabajar contracorriente en esta causa”, explica a eldiario.es el secretario de la jueza, Alfredo Mangano. La querella no lo ha tenido fácil en España -acabó con la imputación del juez Baltasar Garzón por prevaricación por considerarse competente para juzgar esos delitos- y ha debido superar varios escollos también en Argentina.
Entre ellos la suspensión de las videoconferencias que se habían organizado en el consulado argentino en Madrid para que prestaran declaración ante la jueza varios querellantes. El ministerio de Exteriores había mandado una carta al embajador argentino presionando para que no se realizaran.
La Fiscalía española respondió al exhorto en mayo de 2011, y en muchos casos los documentos que enviaban como respuesta a esa solicitud de octubre de 2010 no tenían ni siquiera una firma, por lo que carecían de validez judicial. Estas incidencias están recogidas en el auto de la jueza, que también describe las supuestas inexactitudes que encontraban en la información remitida por España de acuerdo con organismos como Amnistía Internacional.
Independientemente de lo que decida la Audiencia Nacional -España, como país soberano, puede decidir no detenerlos-, la petición de detención internacional ya está cursada, de modo que los imputados ya no pueden salir del país sin que les aprese Interpol.
El inconveniente para la causa es que si España no colabora con la extradición y los acusados no pueden declarar ante la jueza, no pueden ser juzgados. “La declaración indagatoria es una medida de prueba. Según la legislación argentina, nadie puede ser juzgado en ausencia”, explica el secretario judicial Alfredo Mangano.
El siguiente paso será resolver las posibles imputaciones del ex ministro de Interior Rodolfo Martín Villa; el exministro franquista y suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, José Utrera Molina; el exministro de Trabajo Fernando Suárez; y los exjueces Jesús Cejas Mohedano y Rafael Gómez Chaparro.